Dos de los seis proyectos que forman parte del paquete judicial enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento relacionados con la “democratización de la Justicia” comenzaron a ser tratados este martes en el Senado, en dos plenarios de comisiones que se realizan en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda tratan el que modifica la Ley 24.937 -que creó el Consejo de la Magistratura- y sus modificatorias y que ya pasó por la Cámara alta, donde fue aprobado el 17 de abril por 39 votos a favor y 19 en contra, superando por uno la mayoría absoluta necesaria. Tras las modificaciones aplicadas en Diputados, volvió al Senado en revisión.

El otro proyecto de ley, que será debatido por las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales es el que regula el ingreso democrático e igualitario del personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, que avaló la Cámara baja la semana pasada y será modificado, por lo que volverá a Diputados.

El debate sobre la reforma del Consejo

Luego de que el legislador kirchnerista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes (Neuquén), leyera los cambios que introdujo Diputados, el senador de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz disparó: “El corazón del proyecto no ha sufrido ninguna modificación. El corazón es la modificación de la integración, del proceso de selección y de las mayorías. Es un avance de éste y de cualquier oficialismo sobre un organismo que debería estar absolutamente alejado de cualquier manejo partidario”.

Por su parte, el senador de Proyecto Buenos Aires Federal (ProBAFe), preguntó: “¿Por qué es más alta la exigencia para el Consejo de la Magistratura que para la Presidencia de la Nación?”.

La senadora del peronismo disidente Liliana Negre de Alonso aseguró que es necesario “abrir las puertas de participación, no cerrarlas”, mientras que el líder de la bancada del FpV en la Cámara alta, Miguel Pichetto, destacó: “Estamos consolidando los grandes partidos nacionales. Es la única herramienta para terminar con un sistema de fragmentación, con el armado de partidos como si fueran quioscos”. Además, el legislador rionegrino explicó que “los partidos provinciales deberán adherirse a uno nacional” ya que de lo que se habla es de “una elección nacional”.

Continuando la línea de críticas hacia la iniciativa, el legislador del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) Rubén Giustiniani manifestó que la oposición deberá adecuarse “a reglas de juego que benefician al oficialismo”, y detalló: “Esto es inclinar la cancha para un lado. Claramente avanzan en la súper sábana”.

Luego, el jefe del interbloque del peronismo disidente, Adolfo Rodríguez Saá, sostuvo que el proyecto “quita seriedad institucional” y que la ley es “proscriptiva”, y dijo que espera ver cómo el kirchnerismo y sus aliados “defienden todo al revés de como lo hicieron la semana pasada”.

Su compañera de bancada Sonia Escudero (Salta) señaló que el texto en cuestión “afecta el juego de alianzas electorales”, y “va en sentido contrario de lo que fue la idea original de democratización del Consejo de la Magistratura”, ya que “está afectando el proceso electoral que ya se inicia”.

Desde el oficialismo, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández (Buenos Aires), que lo que se pretende hacer es “que no haya una apertura que termine siendo un festival de discusiones políticas sin sentido”, y resaltó que luego de la crisis de 2001 llegaron a haber “648 partidos”.

Finalmente, el senador radical Gerardo Morales aseveró que “lo que pretenden hacer con la Justicia y los jueces no tiene nombre”. Pichetto respondió que “los jueces van a seguir actuando con independencia” y que no hay “nada más absurdo” que pensar que lo que se busca es tener magistrados que respondan al gobierno de turno.