Con el objeto de regular el funcionamiento de los establecimientos geriátricos de gestión pública o privada en todo el territorio argentino, la diputada nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley. La importancia de la iniciativa radica en que en la actualidad no existe una legislación nacional que reglamente su funcionamiento.

En este sentido, García Larraburu indicó que el proyecto “prioriza la salud de nuestros mayores asegurando además su protección, alimentación, alojamiento y cuidado”.

Para cumplir este objetivo, la normativa establece tanto las responsabilidades de estas instituciones, como los derechos de los residentes. Estipulando, además, la creación de un Registro Nacional de Establecimientos Geriátricos en cada provincia y municipio, y habilita la suspensión de aquellos que incumplan con los requisitos fijados.

Dentro de las obligaciones de estas instituciones se encuentran: brindar atención a los residentes en todo lo referente a la correcta alimentación, higiene, seguridad, con especial consideración de su estado de salud; requerir el inmediato auxilio profesional cuando las necesidades de atención de los residentes excedan la capacidad de tratamiento del responsable médico; promover actividades que impidan su aislamiento y propicien su inclusión familiar y social; controlar de manera permanente los aspectos clínicos, psicológicos y sociales de enfermería y nutrición; asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones; ejercer el control en la admisión, aptitud y desempeño del personal designado al cuidado de los residentes; entre otras.

Por otra parte, se explicita que los adultos mayores tendrán derecho a: manifestar en forma expresa su consentimiento informado y voluntario de ingresar al establecimiento; recibir comunicación e información permanente; preservar su intimidad, privacidad y que no se divulguen sus datos personales; ser escuchados en la presentación de reclamos ante los titulares de los geriátricos y ante las autoridades públicas, respecto de quejas vinculadas a la prestación del servicio; mantener vínculos afectivos, familiares y sociales; entrar y salir libremente de los establecimientos respetando sus pautas de convivencia; recibir visitas conforme a los horarios permitidos; y conservar su médico de cabecera.

“La constitución de avanzada que promulgó el peronismo en 1949, ya contenía los derechos de la ancianidad, entre sus estandartes. Algunos de los valores esenciales que proponía fueron tomados por este proyecto, con el objetivo de contribuir a garantizar su bienestar físico y emocional. En la última década se han generado infinidad de acciones con este propósito, desde los periódicos aumentos en sus haberes, pasando por las notables mejoras en la prestación médica de PAMI, hasta los programas inclusivos de recreación y turismo. Nuestra intención es continuar por este camino de conquistas sociales y asegurar un marco normativo que ampare a los mayores que por diversos motivos no pueden permanecer en sus hogares, y necesitan recurrir a los establecimientos geriátricos”, finalizó la diputada.