El Senado aprobó un proyecto impulsado por varios legisladores para prorrogar la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2017.

Además, el proyecto –que aún debe aprobar la Cámara de Diputados- establece la obligación de que el Poder Ejecutivo asigne el presupuesto necesario para avanzar en el relevamiento, paso necesario para regularizar la situación dominial de las tierras indígenas.

“Tenemos también un gran compromiso con la ejecución de esta ley”, aseguró la senadora Sonia Escudero, una de las autoras del proyecto, quien explicó también que “durante la gestión del ex gobernador y actual senador Juan Carlos Romero se avanzó en la entrega de títulos de propiedad de prácticamente un millón de hectáreas. Algunas están todavía en proceso, pero existe un compromiso en ese sentido. Pero todavía queda mucho por resolver”.

Asimismo, la legisladora resaltó que “le consulté al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, cómo estaba la ejecución de esta ley en la provincia de Salta, y me respondió que está, obviamente, muy demorada”. Sin embargo, coincidió con el funcionario, en que “más que un relevamiento técnico y jurídico es un proceso que necesita de diálogos y de consensos. Por eso, me parece importante que prorroguemos esta norma por cuatro años y que se sigan llevando adelante los procesos de negociación pacífica, sin que se produzca ningún desalojo de ninguna comunidad indígena en la Argentina”.

En el último informe enviado al Congreso, el jefe de gabinete de la Nación reconoció ante una consulta de la senadora Escudero que se espera concluir con los trabajos de relevamiento catastral de la tierra indígena en un plazo estimado en cuatro años, es decir para fines de 2017”.

“Se trata de una ley necesaria para continuar construyendo patria y para garantizar los derechos de las comunidades indígenas reconocidos por nuestra Constitución Nacional”, concluyó Escudero.