Con la intención de establecer parámetros claros a la hora de medir las acciones de política pública en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se presentó un proyecto de ley para crear un organismo específico con atribuciones para de determinar un diagnóstico de la temática social para que sea de utilidad como insumo y a su vez como herramienta de control, en relación con las normas y estándares jurídicos en materia de derechos humanos en nuestro país.

La iniciativa que está orientada a suplir una ausencia de notable importancia en la estructura estatal del país propone la creación de un organismo estatal con atribuciones para mensurar la política pública adoptada por el Estado Nacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales e intenta vincular de una forma directa la actividad cotidiana de la Administración Pública con el discurso jurídico de los derechos humanos en relación con las problemáticas sociales, de una profunda complejidad en el extenso territorio argentino.

La propuesta de la diputada de la Nación por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli, pretende articular en un proyecto concreto los avances en la materia a partir de los tratados de derechos humanos con la actividad estatal que atiende las problemáticas. Debido a su especial estructura, explicó Comelli, requieren de una especial atención presupuestaria, diseños institucionales de agencias especializadas que atiendan estas temáticas ya que las obligaciones de hacer, como en ningún otro derecho, son especialmente sensibles en este campo de los derechos humanos.

Para la legisladora patagónica, el contexto jurídico-social requiere por parte del Poder Legislativo respuestas idóneas, claras y operativas que generen las condiciones institucionales para que el Estado argentino preste acabadas respuestas a las obligaciones contraídas al ratificar una cantidad de instrumentos de protección internacional de los derechos humanos, muchos de ellos con jerarquía idéntica a la Constitución Nacional.

En síntesis el proyecto propone la creación de un observatorio social que actuaría en la órbita del Congreso de la Nación como organismo descentralizado, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. El organismo debería elaborar indicadores de medición en el cumplimiento de las obligaciones legales del Estado en la materia, tomar conocimiento del presupuesto de la Administración Nacional con el fin de evaluar y emitir un dictamen sobre la asignación de partidas presupuestarias en la materia de su competencia y realizar publicaciones académicas y de divulgación general con el fin de promover el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras tareas específicas.