El diputado nacional Miguel Giubergia solicitó al Poder Ejecutivo, mediante un proyecto de resolución, que implemente el decreto que disminuye la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos.

“El impuesto al cigarrillo fue creado en 1995, con una vigencia de 3 años, para atender el financiamiento de programas sociales y de salud, como el Programa de Cambio Rural y del Programa Social Agropecuario”, explicó Giubergia, para añadir luego que “más tarde, por medio de una ley, se incrementa esa alícuota del 7 por ciento al 21, facultando al Poder Ejecutivo nacional a disminuir la misma hasta el porcentual inicial y se establece una prórroga del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2003, además de modificar la aplicación de lo recaudado con una asignación al pago de las obligaciones previsionales nacionales en seguridad social”.

“Asimismo, este impuesto adicional de emergencia se deduce de la base imponible del Fondo Especial del Tabaco por lo que, de elevarse al 21 por ciento, reduciría considerablemente los fondos del FET que reciben las provincias tabacaleras y los productores de tabaco”, advirtió Giubergia.

El legislador jujeño agregó que “el principal destino del Fondo es para apoyar a los productores de tabaco y sus familias, distribuidos en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán”, y enfatizó que “el tabaco produce exportaciones argentinas por valor de 400 millones de dólares y aporta al Estado alrededor de 14 mil millones de pesos en concepto de impuestos en las ventas domésticas, hechos estos que serían extremadamente dificultosos si este Fondo se viera mermado en su recaudación”.

Giubergia señaló también que “el Fondo Especial del Tabaco es el eje de la política tabacalera, ya que está vinculado a la determinación del ingreso que percibe el productor y es fundamental en las economías regionales y una baja en la recaudación se verá reflejada en la distorsión de la dinámica de las economías de las provincias tabacaleras, ya que los productores tabacaleros, al percibir menos dinero que el que les corresponde, dejarán de ampliar la plantilla de trabajadores, no podrán abonar los salarios, no pagarán los préstamos bancarios y se generará mayor endeudamiento”.

Destacó que “la falta de previsibilidad afecta cualquier actividad económica, más si la misma se relaciona con la agricultura que desde ya presenta sus propias características azarosas en cuanto a los factores climáticos y otras cuestiones propias de la actividad de la producción tabacalera, resulta aconsejable mantener estable la tasa de este impuesto”.

Acompañan a Giubergia en esta iniciativa, los diputados Mario Fiad (UCR), María Eugenia Beral (FPV) y Mariela Ortíz (FPV), y los representantes de las siete provincias tabacaleras, Juan Casañas (UCR- Tucumán), Agustín Portela (UCR-Corrientes), Bernardo Biella (UCR-Salta) y Lucio Aspiazu (UCR-Corrientes).