Los legisladores no han resuelto cuestiones formales que hacen el normal funcionamiento de sendas cámaras que componen el Poder Legislativo bonaerense, tal como es la conformación de las comisiones permanentes de ambos Cuerpos.
No hay precepto reglamentario que estipule una fecha límite, pero es práctica usual que las comisiones permanentes de las cámaras estén conformadas antes que se realice la Asamblea Legislativa que deja formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias, estipulado para el primer día hábil del mes de marzo. Algo que ya ha ocurrido en este caso.
Pero los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires no han alcanzado el acuerdo pertinente para realizar el trámite formal de constituir las comisiones permanentes que el pasado 10 de diciembre quedaron acéfalas y a la espera de nuevos nombramientos.
En el Senado, donde actualmente el reglamento interno establece la existencia de 23 comisiones permanentes, se hizo un primer intento de conformación en diciembre pasado, pero los massistas no estaban con mucho apuro y guardaban “bajo la manga” pases que terminarían concretando este año que lo terminan favoreciendo en la discusión de reparto.
Así las cosas el bloque del FpV de la Cámara alta tendrá que ajustarse, como hace tiempo, en cuanto al control que pueden llegar a conseguir ahora con una conformación tan pareja. Es cosa señalada que el reparto de la integración, y por sobre todo de autoridades, es proporcional a la integración del recinto.
Por lo tanto, las últimas conversaciones que desplegaron los senadores comprendían un pequeño cambio con respecto al año pasado en cuanto a la cantidad de comisiones, y se habla de conformar 26, reforma del reglamento mediante.
En principio, 12 presidencias corresponderían al FpV e idéntica cantidad al FR, mientras que los progresistas se quedarían con dos. Pero la cosa no es tan sencilla.
El problema se concentra en la pretensión del bloque oficialista de controlar las presidencias y las vice de las tres comisiones centrales, Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Legislación General y Presupuesto.
En este punto la “conducción bicéfala” del oficialismo en el Senado no contribuye al entendimiento, mientras que el titular del Cuerpo, Gabriel Mariotto, parece dispuesto a resignar las vice por las presidencia y hacer un dos por uno a favor del FpV, en el bloque quieren todo: las tres presidencia con sus respectivas vice. Pero por si esto fuera poco ya azuzan “el dato” como parte del juego político, que “hay que romper el acuerdo Mariotto-D’Onofrio” que debilita al bloque en “todas las negociaciones, no sólo en esta”.
Mientras tanto en Diputado la cosa está más relajada. Hay 37 comisiones para repartir, el bloque del FpV no tiene ninguna situación de ajuste, al contrario, son más que en el pasado período, pero están en los primeros tanteos. Los presidentes de bloques comenzaron las conversaciones luego de que se reunieran con el titular del Cuerpo y todos se muestran optimistas respecto de llegar a una distribución sin mayores inconvenientes.
En una primera aproximación el bloque del FpV se quedaría con unas 17/18 presidencias, el FR con 10/9, el FAP con 5/6, la UCR con tres y el bloque denarvaísta con dos.
En detalle, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia sería comandada por Marcelo Feliú, Presupuesto por Darío Golía, ambos legisladores del FpV, y en Legislación General la presidencia quedaría para un miembro del bloque del FR. Seguridad será comanda por Guido Lorenzino del FpV y Obras Públicas sería del FR.
Barras y empleados municipales
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por el titular del bloque Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz, quien pide cruzar la información de las listas de admisión vigente en los clubes de fútbol y las contravenciones y delitos conexos cometidos en el ámbito de la seguridad deportiva con las plantillas de empleados municipales.
Según argumentó el legislador, “queremos conocer los nombres de los barras con contratos en el Estado si es que existen”. En la solicitud de informes, el diputado Díaz consigna que “es preciso conocer en detalle los datos personales de las personas que revisten en tal situación, así como las dependencias públicas dónde desarrollaban sus tareas al momento en el que se le labraron actuaciones o denuncias pertinentes y si, actualmente, continúan en funciones y, en su caso, en qué dependencia u organismo”.
