El oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo para sancionar una ley sobre la actividad de los trapitos y cuidacoches en la Ciudad, un viejo reclamo de los vecinos. El Pro lo quiere prohibir, mientras que un sector de la izquierda legislativa se opone tajantemente.
Por Gonzalo Palese
Nuevamente el Pro volvió a poner sobre el tapete la discusión sobre los trapitos y los limpiavidrios y su propuesta para prohibir esas actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo con lo que viene coqueteando al electorado porteño desde hace tiempo, pero más intensamente desde finales del 2013.
Esta vez el encargado de insertar el tema en la agenda legislativa es el vicepresidente 1° de la Legislatura, Cristian Ritondo, quien confirmó que uno de los ejes centrales del bloque oficialista para este año será encontrar una iniciativa para poder “devolverle a los vecinos la tranquilidad y la posibilidad de transitar por la vía pública”.
Lo cierto es que ya existen dos proyectos sobre esta temática. Uno es del propio Ritondo y de su compañero de bancada Roberto Quattromano; el otro es del jefe de Gobierno Mauricio Macri. Ambas iniciativas son muy similares a la propuesta presentada por la misma fuerza en el 2011, y que no fue acompañada por la oposición.
Ambos van en la misma línea. Plantean que quien realice alguno de esas dos tareas sin autorización legal a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública deberá ser sancionado con uno a cinco días de arresto con multa de doscientos a dos mil pesos. En caso de que exista previa coordinación, la sanción se eleva al doble para quienes “de cualquier modo” participen de la misma y se eleva al triple para los organizadores o jefes de la organización.
En esta última oración reside un punto neurálgico de la cuestión, ya que desde el oficialismo porteño se indicó que uno de los objetivos centrales de la propuesta será combatir a las mafias que “andan detrás” de estas actividades.
Sin embargo, vale recordar cómo se llegó a esta discusión en los primeros días del mes de marzo. A principios del mes de noviembre de 2013 asesinaron a un hombre que realizaba la actividad de cuidacoches en las inmediaciones de Plaza Italia, y el Pro, rápido de reflejos, afirmó su compromiso ante la opinión pública de trabajar en una iniciativa en la Legislatura.
Acto seguido, se presentaron los proyectos antes citados, pero la oposición dificultó el tratamiento y en las últimas sesiones del año pasado se cayó la posibilidad de sancionar alguna de las dos propuestas.
A la carga
Todo quedó en stand by hasta que en febrero del 2014, con la nueva composición del Cuerpo tras las elecciones, se conoció la noticia de otro fallecimiento de un trapito en el barrio Villa General Mitre. Se activó el debate una vez más.
Recientemente, a principios de marzo, como ya se explicó con anterioridad, fue Cristian Ritondo quien decidió imponer el tema en la agenda de la Legislatura para este 2014. Pero no quedó solo, ya que al vicepresidente 1° lo acompañaron rápidamente y de manera pública, la jefa de bloque del Pro, Carmen Polledo, el titular de la Comisión de Seguridad, Daniel Presti y el de Justicia, Francisco Quintana.
A todo esto, la pregunta es: ¿Por qué la oposición no acompaña los proyectos presentados por el Pro para combatir esta problemática?
Lo cierto es que tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que la práctica de los cuidacoches y de los limpiavidrios, cuando es ejercida con violencia y de manera intimidante, debe ser prohibida. La diferencia radica en una interpretación sobre lo qué es realmente un trapito o un cuidacoche.
Más allá de esta dicotomía, lo cierto es que los vecinos de la Ciudad vienen pidiendo a gritos una solución al problema. De allí que no se entiende la posición de algunos legisladores que sin querer “queriendo” avalan esta actividad que abiertamente viola la convivencia urbana en varios puntos de la Ciudad.
“Fuimos votados para trabajar por los vecinos, no para quienes se adueñan del espacio público con métodos mafiosos”, arremetió Quattromano en un claro mensaje a los legisladores opositores que no acompañan la iniciativa macrista.
El mismo sector no duda en afirmar que quienes realizan dichas actividades son “delincuentes” que se manejan en la “ilegalidad”, mientras que buena parte de los bloques contrarios al macrismo ponen el acento en la realidad social que viven quienes a eso se dedican.
También, hay que resaltarlo, todos están de acuerdo en combatir a los grupos organizados que se apoderan del espacio público para cobrar un dinero por estacionar el automóvil. En este punto se hace referencia puntualmente a las barras bravas de los clubes de fútbol.
Para el legislador porteño del MST Alejandro Bodart, la iniciativa del Pro “es mala porque penaliza una actividad que está ligada a la crisis social”.
“Todo esto tiene que ver con una situación social porque hay un sector que no entra en el mercado formal que es muy grande y que cada vez es más grande, porque luego de la crisis del 2001 nunca se incorporó todo el mundo al mercado formal”, evaluó.
En sintonía con las palabras de Bodart, el diputado de Izquierda Popular Pablo Ferreyra manifestó que “el debate sobre la situación de los cuidacoches es una discusión falsa” y que hay que “generar opciones de trabajo digno”.
Para el legislador que integra el interbloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, los cuidacoches y los limpiavidrios “son parte del 25 por ciento de trabajadores informales en la Ciudad de Buenos Aires que sufren las consecuencias de un Estado ausente”.
“Estoy en contra del proyecto porque implica abordar el problema desde un ángulo claramente represivo y, además, tiene un ángulo absurdo porque el vigilar la actividad de los cuidacoches en la Ciudad de Buenos Aires, probablemente, implicaría duplicar el número de efectivos de la Policía Metropolitana”, analizó el legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Marcelo Ramal.
Pero la oposición no sólo se remite a exteriorizar su rechazo a la prohibición que busca el macrismo, sino que ha trabajado con otros proyectos para “regular” y “registrar” la actividad. Mientras en los proyectos del Pro el caballito de batalla es la “prohibición” y la “ilegalidad” de la actividad, del otro lado se propugna la intención de tener un control sobre quienes la realizan para evitar el avance de las “mafias”.
De hecho existió una iniciativa que fue vetada por Mauricio Macri que promovía la creación de un registro de cuidacoches y limpiavidrios para así identificar y separar a los que utilizan esa actividad como medio de vida y quienes la realizan dentro de un margen “organizado” y delictivo.
En este último punto, se hace alusión, prácticamente, a integrantes de barrabravas de clubes de fútbol.
Una de las impulsoras de esa propuestas es la legisladora Gabriela Alegre, quien marcó: “No nos negamos a la discusión, pero debe regir el principio de inocencia, porque no todos los cuidacoches o limpiavidrios son delincuentes”.
“Los que son delincuentes, para ellos el castigo de la justicia, pero los que no lo son deben tener alguna contención desde el Estado para una actividad informal de la Economía”, advirtió la presidenta del bloque del Frente para la Victoria.
Contrapropuesta
Consciente de que el Pro ubicará esta discusión como central durante el año legislativo, Bodart presentó un proyecto de ley para que se cree el Registro de Cuidadores de Vehículos (RCV) de la Ciudad de Buenos Aires el cual funcionaría en ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Se propone asignar a los trapitos un horario y lugar determinado para su actividad que será de carácter rotativo. Se le suministrará gratuitamente la indumentaria necesaria y una credencial identificatoria donde conste el lugar y horario asignado.
Además, se indica que la retribución que el permisionario reciba por su servicio “es siempre de carácter voluntario” y que el permiso “será revocado” en caso de comprobarse la comisión de una contravención o delito en el marco del desarrollo de la actividad.
“Hay que estudiar de qué manera reemplazar esa búsqueda de un ingreso por la vía del ordenamiento no regulado del tránsito por parte de los trapitos, con alguna forma organizada, regulada a través de alguna cooperativa o una forma de asociación”, opinó en consonancia con el resto de sus colegas el legislador de Nuevo Encuentro, Edgardo Form.
Lo cierto es que la oposición porteña está dispuesta debatir un proyecto para trabajar sobre la problemática de los trapitos y limpiavidrios, que es un reclamo constante e histórico de los vecinos de la Ciudad.
Pero los diputados son claros y tajantes, en la medida en la que no se considere que no todos los que realizan sendas actividades forman parte de una asociación organizada y no se atienda los problemas de quienes lo hacen para subsistir, el diálogo con el Pro será muy complejo.
La postura opositora es formar un registro para dividir entre delincuentes y quienes lo hacen como único medio de vida. Para los primeros piden caer con todo el peso de la ley en pos de “acabar con las mafias”, algo que también quiere el Pro. Este es quizás el punto de encuentro entre ambas posiciones.
Sin embargo, cuesta saber con exactitud qué rol juega en todo esto el bloque de Confianza Pública y algunos integrantes del interbloque UNEN que no verían con malos ojos la propuesta oficial.
Desde ambos bloques se pronunciaron a favor de analizar el proyecto con tiempo en cada comisión que lo requiera para poder así sancionar una iniciativa que deje contento tanto a los vecinos como a quienes realizan esa actividad como modo de subsistencia.
De darse este panorama, y si el proyecto avanza en las comisiones competentes, no sería difícil para el Pro alcanzar los 31 votos necesarios para efectivizar su deseo de vedar dichas actividades. Algo que no pudo hacer antes por dos cosas: por un lado porque no consiguió el apoyo de la oposición y, por otro, porque intentó aprobarlo sobre tablas, algo que requiere 40 votos. Ahora con 31, el panorama se puede tornar favorable para el partido gobernante.
