Por Alicia Comelli. La diputada del MPN considera saludable que nuestra democracia debate sobre la intensidad y el alcance del poder punitivo del Esatdo.
El comienzo del período de sesiones en el Congreso de la Nación nos ha encontrado nuevamente, como sociedad, debatiendo sobre procesos de codificación en nuestro país. En particular vemos que se ha generado un debate, por momentos superficial y de mala fe, respecto del contenido del anteproyecto de Código Penal que se encuentra trabajando el Poder Ejecutivo, de forma previa a su envío al Parlamento.
Es saludable que nuestra democracia debata, discuta y elabore acuerdos respecto de la intensidad y alcance del poder punitivo del Estado; esto es, ponernos de acuerdo como sociedad respecto de las acciones que decidiremos que merecen ser reguladas por el derecho penal.
En este marco de discusión se ha introducido la temática de la inseguridad y se ha afirmado lo pernicioso del anteproyecto y su potencialidad para empeorar las condiciones que posibiliten mayor inseguridad en nuestra sociedad. En relación a este punto deseo afirmar que no se encuentra orientado correctamente el debate de la inseguridad y sus posibles salidas. Como sociedad no podemos depositar nuestra confianza, para solucionar la alta cantidad de delitos y violencia en general, en una ley, menos en una penal. Desde ya que es una temática profundamente compleja y de una alta sensibilidad social, lo cual es sumamente comprensivo.
No obstante ello estoy persuadida de que una de las salidas posibles a este contexto es discutir las formas de organizar las fuerzas de seguridad, su formación y profesionalización en una cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos, en términos de reformas estructurales de largo alcance. Al mismo tiempo es necesario generar andamiajes institucionales que promuevan una intensa participación ciudadana junto con las fuerzas de seguridad en un contexto de intercambio mutuo a nivel nacional, provincial y municipal. A su vez es indispensable generar políticas de estado que promuevan la generación de datos confiables y certeros para abordar la problemática con el fin de establecer con precisión el estado de la realidad para intervenir en ella con eficacia.
La seguridad pública democrática es la situación institucional y social en la cual los ciudadanos con sus capacidades son agentes activos que pueden gozar plenamente y ejercer integralmente las libertades, derechos y deberes ciudadanos. A esos efectos, la seguridad comprende el conjunto de las acciones institucionales y sociales que con la participación ciudadana son tendientes a garantizar el desarrollo humano con calidad de vida, resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a través de la prevención integrada de la violencia, la conjuración e investigación de los delitos, las infracciones y la resocialización de los condenados, así como al resguardo de los derechos económicos y sociales, derechos de los pueblos a la paz, ambiente sano y desarrollo sustentable.
Ese cuadro de situación me llevó a presentar dos proyectos de ley que abordan de forma integral la problemática de la inseguridad como una herramienta más para su resolución. Me refiero al proyecto de Observatorio de la violencia (2010) y la ley de Seguridad Ciudadana y Democrática (2010). El marco de discusión debe darse en el seno del poder con mayor densidad representativa en nuestro sistema, el Congreso de la Nación. A ello se suma la necesidad de estructurar una discusión en la esfera pública con racionalidad técnica pero de apertura a todos los sectores sociales. Por tanto y en condición de secretaria de la Comisión de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados de la Nación, entiendo que se hace profundamente indispensable comenzar el tratamiento de estos proyectos junto con otros que poseen estado parlamentario y que contienen acuerdos políticos en su tratamiento que trasciende las banderías políticas.
De esta manera lograremos como representantes del pueblo poner racionalidad a la discusión, a la vez de promover un debate democrático robusto con apertura a la sociedad civil y conducente en cuanto a los resultados buscados, emitir normas que generen las condiciones para cambiar definitivamente las estructura que posibilitan las constantes situaciones de inseguridad en nuestro país.
