Se realizó una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia en la que los diputados recibieron a las distintas asociaciones de consumidores para escuchar sus análisis acerca de la quita de subsidios en los servicios públicos. El encuentro, convocado por la presidenta de la Comisión, Patricia De Ferrari (UCR Córdoba) contó con una importante presencia de legisladores y de representantes de asociaciones reconocidas jurídicamente.

“Los representantes de consumidores coincidieron en general en que el subsidio no sirvió para lo que fue pensado, se extendió demasiado en el tiempo, y que les hubiera gustado que la quita de los mismos fuera con escalones más largos para poder adecuar las economías familiares a los nuevos precios”, señaló De Ferrari al término del encuentro.

La legisladora cordobesa agregó que “también acuerdan en que el Estado no se encargó de que las inversiones fueran las necesarias y que no fue adecuado subsidiar la oferta y no la demanda, porque ese dinero que todos aportamos debió ser utilizado para ayudar a las personas que pagan por los servicios y no para empresas que aún no sabemos qué hicieron. En síntesis, no se discutió la potestad del estado de aplicar subsidios sino que lo que se planteó fuertemente fue la necesidad de revisar los efectos que produjeron al ser mantenidas tan largamente en el tiempo, entre los cuales se destaca la gran distorsión de tarifas que van a tener ahora un impacto muy fuerte en cada una de las economías familiares. Todo esto, además, en una época en la que hay una merma del poder adquisitivo por la inflación y bajas en los ingresos familiares porque muchas personas están sufriendo despidos, por ejemplo en mi provincia sucede con la industria automotriz”.

“En los dos años anteriores trabajó tan poco la comisión que hubo hoy una catarata de temas propuestos por legisladores y por las asociaciones de consumidores que iremos abordando desde este espacio, porque se habló de la quita de subsidios al gas, al agua y próximamente a la luz, pero también se trataron temas que afectan seriamente a los ciudadanos como son los de telefonía celular, de la necesidad de que el gas envasado sea considerado también un servicio público”.

De Ferrari señaló que también se habló “del hecho de que hasta el momento hay asociaciones de consumidores que siguen suspendidas por dar a conocer datos de inflación, y muchísimos otros temas”.

En definitiva, dijo, “discusiones de fondo tendientes a que el consumidor no sea el perjudicado por decisiones que se toman desde el gobierno, puesto que no fueron los argentinos quienes eligieron subsidiar las tarifas durante tantos años y no tienen por qué ser afectados tan seriamente. Entonces hay que ver cómo se hace para que los sectores que están más desprotegidos, que no pueden absorber el impacto que esto significará para sus bolsillos, no padezcan las consecuencias de esta decisión política”. Asimismo la legisladora radical también remarcó la importancia de la presencia del bloque del FpV en el encuentro, coincidente con lo que plantearon en la constitución de la comisión.

“Esta comisión tiene muchas tareas por delante, y celebro la predisposición que hay en los distintos bloques, incluso el oficialismo en trabajar con las asociaciones y en conjunto, por los usuarios y consumidores. En lo puntual, el FpV pidió que se traten sus proyectos, que tienen que ver con ampliar los castigos y penalidades a los incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor, y nosotros reclamamos que permitan que vengan los entes reguladores para poder trabajar con más detenimiento en las diferencias y matices que tienen las quitas de subsidios en todo el país, porque no es lo mismo lo que sucede en el norte, centro ni sur del país, ni es igual donde hay servicio de gas por redes que donde no, y el gas que funciona es el de las garrafas o los tubos de 45 kg”, aseguró De Ferrari.

Por parte de las asociaciones de defensa del consumidor, hubo un reclamo adicional al planteado en la reunión, que fue el tema de atender a los problemas que hay en la telefonía móvil, y se planteó el compromiso de tratar dos proyectos que han sido firmados por los diputados Hugo Maldonado y José Mongeló, son ambos del Chaco, para que se declare la emergencia de la telefonía móvil, y que se lo defina como servicio público, para que tenga una manera de ser regulado protegiendo más al consumidor que a la empresa, es decir con criterios de Estado y no de mercado.

Precios Cuidados

La diputada De Ferrari fue consultada sobre el programa implementado por el Gobierno nacional, y dijo que “los precios cuidados sirven fundamentalmente para mantener a raya la medición de la inflación oficial, porque es sobre esas listas sobre las que miden mensualmente dicho índice, pero en lo que tiene que ver con la gente, cuando llega el momento de conseguir esos bienes, o no están al alcance en las góndolas, o no son suficientes”.

“Es más importante que hablar de precios cuidados que haya precios justos. Porque un precio cuidado, logrado sólo por obligar a que se pague determinado monto no garantiza que uno tenga un producto justo por el cual se está pagando. El gobierno termine de entender cuál es el problema de fondo, que son las distorsiones que ellos introducen al estar negando la inflación, al no reducir el gasto público, al seguir cebando la bomba del consumo artificialmente… tienen que reconocer que están permanentemente levantando los precios, porque dicen que son cuidados pero cada vez que dan a conocer una lista los importes son más elevados que la anterior, es decir que hay aumentos encubiertos”, sostuvo.

Algunos de los que participaron de la reunión fueron Ricardo Nasio, de PROCONSUMER (Protección Consumidores del Mercosur); Sandra González, de ADECUA (Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina); Johanna Pérez de Consumidores Argentinos; Héctor Polino de Consumidores Libres; Carolina Suárez, de CEC (Centro de Educación al Consumidor); Fernando Blanco Muiño, de UCA (Unión de Consumidores de Argentina); Gabriel Martínez Medrano, de ADDUC (Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores), Sabrina Abdala de Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores; Mirta Barrientos, de UNADEC (Unión Argentina para la Defensa del Consumo); Emma Cabello de CODEC (Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor); Rodrigo Puerto de Asociación Civil Consumidores en Acción, entre otras.