La Comisión de Legislación Penal inició la ronda de consultas sobre la reforma al código que regula los procedimientos judiciales en materia penal. Acordaron realizar audiencias públicas en distintos puntos del país.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició la ronda de consultas sobre una eventual reforma al Código Procesal Penal, tomando como referencia el proyecto presentado por el exdiputado y actual ministro de Justicia de Río Negro, Oscar Albrieu, si bien existen otras 17 iniciativas sobre el tema.
La reunión se desarrolló sin que la comisión tuviera quórum para tomar decisiones. No obstante, se acordó un cronograma de audiencias públicas en distintos puntos del país que comenzará el 4 de junio en Córdoba.
La apertura de la discusión estuvo a cargo de Gustavo Bruzzone, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; de Germán Garavano, consultor judicial y exfiscal general de Capital Federal; y de José Ignacio Cafferata Nores, exdiputado nacional y autor del Código Procesal Penal de Córdoba.
Todos ellos coincidieron que es necesaria una reforma integral del Código Procesal Penal, e hicieron hincapié en la necesidad de avanzar hacia un sistema acusatorio, en implementar la oralidad de todos los procedimientos y en modificar las facultades de las policías, entre otras cuestiones.
También hubo referencias a los denominados juicios abreviados, a la implementación del juicio por jurados y la creación de una policía judicial.
Puntos principales de la discusión
“Esta es una cuestión de Estado en la que todos tenemos que estar de acuerdo, tal como la causa Malvinas”, sostuvo el juez Bruzzone, quien manifestó su adhesión al proyecto del exdiputado Albrieu si bien manifestó algunas disidencias.
Los invitados coincidieron en que es necesario implementar un sistema acusatorio donde el el fiscal investigue y el juez se limite a juzgar. A juicio de Garavano, este sistema “permite una eficacia en el procedimiento penal y el respeto de los derechos y garantías de las víctimas”.
El exfiscal destacó que en el marco de la discusión sobre la inseguridad, “un sistema adversarial con un Código Procesal de corte acusatorio permite articular una política criminal entre la Justicia y el Gobierno”, ya que con el “actual sistema es imposible llegar a las últimas consecuencias” y “priorizar determinados casos frente a otros”.
Otro de los puntos sobre el que hubo consenso es en la implementación de la oralidad de todos los procedimientos judiciales. “La oralidad de los procedimientos, como viene planteado en este proyecto, es lo único que puede llevar a que mejoren las prácticas y la celeridad del procedimiento”, aseguró el juez Bruzzone.
En los mismos términos, Garavano pidió “que la oralidad no sea una ficción”, ya que “el sistema (actual) tiene una tendencia a suprimir la oralidad”. Por eso, el consultor judicial instó a asegurar que las constancias sean de audio, video y de documentos digitales.
Por otra parte, tanto Garavano como Bruzzone hicieron hincapié en la necesidad de “revisar el trabajo de las policías que proveen de trabajo a los jueces”. “No puedan haber libertades dispuestas por fuerzas de seguridad”, opinó el primero.
El fiscal señaló que “a nivel federal existe una gran zona oscura que posibilita que muchas veces se practiquen detenciones que no se deberían haber practicado”. Por lo tanto, pidió especialmente que en el nuevo código “se disponga que no puede haber libertades anticipadas dispuestas por la policía, sino por una fiscalía o un juzgado”. “Hay que evitar las libertades telefónicas”, dijo Garavano.
En relación a los juicios abreviados, el abogado pidió regular estas prácticas en el nuevo código para que no queden “atados a la discrecionalidad de los actores”.
Juicio por jurados
A modo de conclusión, el juez Bruzzone consideró que “hay que alentar esta reforma (al Código Procesal Penal) para prepararnos para el juicio por jurados”, institución contemplada por la Constitución de 1853 pero nunca implementada a nivel nacional.
El encargado de exponer sobre este tema fue el exdiputado Cafferata, quien comentó la experiencia cordobesa. El abogado remarcó que se trata de “una institución política, no jurídica-técnica, porque el poder de condenar o absolver lo tienen los ciudadanos”.
“Algunos dicen que es el avance de la cultura democrática; según otros, los jueces que tienen mala fama prefieren delegar decisiones al jurado”, repasó Cafferata y continuó: “unos dicen (que se implementa) para que hayan más garantías; otros para evitar que los delincuentes entre por una puerta y salgan por otra, para castigar más eficazmente”. “Todos tiene un poco de razón”, evaluó.
Audiencias públicas
El 13 de mayo la comisión tiene previsto escuchar a los autores de las reformas procesales de Santa Fe y Neuquén. El ciclo de audiencias públicas comenzará el 3 de junio en La Plata, continuará el 3 de julio en Córdoba, el 8 de agosto en Rosario y el 3 de septiembre en Capital Federal.
En ese período los diputados podría recibir un proyecto del Poder Ejecutivo, en el que se actualizarían las propuestas de Albrieu.
Cabe decir que por la falta de quórum, la comisión no pudo abordar los proyectos sobre violencia en el fútbol.
