Por Carolina Ramos

– ¿Cuál es la necesidad de reformar la ley actual de hidrocarburos?

– Es una ley que data de la época de la dictadura, es necesario ir adecuándola en función de las nuevas posibilidades en recursos energéticos que tiene la Argentina. Por otro lado, la necesidad de lograr el autoabastecimiento y la soberanía energética, que pasa por las inversiones que tenemos que tener en nuestro país para poder ir desarrollando nuestras posibilidades, no sólo en la producción convencional sino también en la del (petróleo) no convencional. En ese sentido hay que ir equilibrando las necesidades y las posibilidades de las provincias con las de la Nación, y en eso se está trabajando con la nueva Ley de Hidrocarburos.

– ¿Cuál es el eje principal del borrador oficial y cuál es la contrapuesta de los gobernadores?

– No conozco todavía la contrapropuesta de los gobernadores, pero lo central de la propuesta del Ejecutivo nacional tiene que ver con algunas ventajas comparativas que le tenemos que ofrecer a los posibles inversores. De esto se trata: Argentina tiene el recurso, tiene las posibilidades, pero falta el capital para poder realizar la extracción de esos recursos. Para dar un ejemplo gráfico: Vaca Muerta es una formación que tiene aproximadamente 30 mil kilómetros cuadrados. Nosotros la visitamos como comisión hace unos días, y fuimos a Loma Campana, donde está el emprendimiento que lleva adelante YPF, que abarca 299 kilómetros cuadrados, o sea que es apenas el uno por ciento de las posibilidades que tiene la Argentina en cuanto al recurso no convencional. Si esto implica, por un lado, 5.000 puestos de trabajo que hoy está empleando YPF en Loma Campana; una inversión de 1.300 millones de dólares entre el año pasado y este, y más de 1.650 millones de dólares que llevaría este acuerdo al que hemos llegado con Chevron, lo que necesitamos nosotros es, como dijo (Miguel) Galuccio, “más Chevrones”. Para ver cuánto beneficia YPF a Neuquén: ha recibido 1.860 millones de pesos en regalías, más 1.000 millones de pesos que aportó para el desarrollo de obras de infraestructura; y para los 299 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta significa 8.500 millones de dólares en regalías. Las inversiones para los no convencionales son mucho más onerosas que las extracciones o las perforaciones de tipo convencional, pero garantizan sustentabilidad en el tiempo. Vaca Muerta en la provincia de Neuquén no impide que haya más “Vacas Muertas” en otros puntos del país, por ejemplo el Golfo San Jorge, donde ha habido algunos descubrimientos.

– ¿Por eso se busca que las licitaciones sean más competitivas y que las adjudicaciones sean de acuerdo con el dinero que inviertan las empresas?

– Claro, se trata de buscar ventajas comparativas para los posibles inversores. Tenemos que atraer inversores, y para eso es necesario dar ciertas facilidades. Ya sean de tipo impositivo, o el no cobro del acarreo, que es el pago de un canon que deben hacer las empresas a las provincias por el sólo hecho de poder explotar un determinado lugar, una concesión que le otorga la provincia.

– ¿Eso va a continuar?

– Es materia de discusión. Por lo que yo he conversado con el gobernador de Neuquén, las provincias accederían a este requerimiento de la Nación. Se eliminaría esa posibilidad de cobro de este canon para facilitarle a las empresas que vengan a invertir, porque significa un porcentaje menor de rentabilidad de las empresas que queremos que vengan a invertir. Tampoco es que las provincias vayan a perder: estamos hablando específicamente de Neuquén, porque no todas las provincias tienen la misma idea con respecto al acarreo, y además no todas las provincias productoras de hidrocarburos tienen empresas provinciales de energía. En este caso lo estarían haciendo Neuquén, Mendoza y Chubut. Pero no se verían perjudicadas las empresas provinciales de energía, porque se compensaría con el mayor desarrollo de inversiones.

– Los gobernadores y la oposición temen que haya un límite a lo que perciben las provincias por regalías… ¿eso significa un avance de la Nación sobre las autonomías provinciales?

– Hay una cuestión fundamental, y en esto coincidimos todos: hoy existe la “ley corta”, que establece que los recursos son de las provincias. En cuanto a regalías se establece un tope, que es el 12 por ciento; hay alguna provincia que tiene algún adicional provincial. Pero insisto: la Nación no quiere que las provincias pierdan, o que dejen de ganar, sino que se trata de ser equilibrados en cuanto a este objetivo primordial de que vengan inversiones y se desarrollen nuestros recursos. Yo pertenezco a una provincia productora de hidrocarburos y no quiero que mi Provincia pierda recursos o posibilidades de ingreso, más allá de que el gobernador (Daniel) Peralta haya dicho que está en un todo de acuerdo con el borrador inicial emanado del Ejecutivo nacional. No creo que ningún gobernador quiera que su Provincia pierda recursos. En el caso de Santa Cruz, el principal recurso que tenemos son las regalías petrolíferas. Pero el tope de las regalías no es definitivo: es una propuesta del Ejecutivo nacional. Se trata de discutir y sacar una idea beneficiosa para todos. Por otro lado los gobernadores también tienen su propia propuesta, entonces habrá que buscar un equilibrio entre ambas propuestas. En este momento, nosotros necesitamos sustituir importaciones. Estamos hablando de 12 mil millones de dólares que la Argentina hoy está gastando en importación de combustibles. Si nosotros desarrollamos nuestros recursos, ese gasto que está teniendo la Argentina en importar energía se va a ir compensando. Ese es el objetivo que pretenden la Nación y las provincias. Esto no es una confrontación como algunos medios lo quisieron hacer ver: es una discusión donde cada uno defiende sus propios intereses, pero hay un interés superior, que es lograr el autoabastecimiento energético.

– ¿La propuesta del Gobierno favorece a YPF y perjudica a otras empresas?

– De ninguna manera esto influye para que sea más beneficioso para YPF que para otro tipo de empresas privadas. Acá se trata de conciliar intereses para que el beneficio sea de la Nación, no de una empresa en particular.

– ¿Cree entonces que se va a poder consensuar un proyecto entre la Nación y las provincias?

– Sí. El objetivo es que a corto plazo haya un documento de consenso, que luego sea tratado en ambas cámaras, de modificación de la Ley de Hidrocarburos. Después lo tienen que ratificar las Legislaturas provinciales. Es impensado que si no hay un entendimiento previo, esto pase a las provincias con el peligro de que no sea ratificado. Yo entiendo que va a haber un acuerdo previo, donde los gobernadores que pertenecen a las 10 provincias productoras de hidrocarburos y que integran la OFEPHI, tengan que firmar en su totalidad. La parte de las Legislaturas provinciales tiene que ser un trámite.