La senadora Magdalena Odarda presentó un proyecto para regular el libre acceso a las costas de mares, ríos y lagos, estableciendo los parámetros que garanticen a todos los ciudadanos el libre tránsito y acceso a un espacio destinado al disfrute y recreación de las personas y a la amortiguación ambiental.

Este proyecto fue elaborado por el doctor Darío Rodríguez Duch, en el marco del evento nacional realizado sobre el derecho de libre acceso a las costas convocado por la Asociación Cristian González, en San Martín de los Andes los días 29 y 30 de agosto, con motivo de conmemorarse 8 años del asesinato de Cristian por el solo hecho de encontrarse pescando a la orilla de un río.

“El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se ha venido transformando en una situación conflictiva a lo largo y ancho del país, sobre todo a partir de que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han pretendido hacerse de tierras que incluyan una supuesta ‘exclusividad’ por sobre las costas y playas de mares, ríos, lagos y arroyos. Tal presión inmobiliaria no ha sido suficientemente denunciada ni combatida por las autoridades nacionales y provinciales hasta el momento”, afirmó Odarda.

La creciente privatización de lo público implicó que, ni los viejos pobladores ni los turistas pudieran seguir accediendo a lo que siempre ha sido considerado un recurso común, impidiendo de esta forma el desarrollo de actividades deportivas tales como la pesca, el kayakismo, el rafting, el treeking o el simple acampe, entre otras actividades relacionadas con el goce de los espacios naturales comunes.

El proyecto de ley presentado en el Senado genera una nueva figura superadora del tradicional “camino de sirga”, destinado históricamente a asistir la navegación, y establece una nueva categoría que considera a las franjas costeras como “bienes nacionales de uso público”, asegurando el libre acceso a las costas de mares, ríos, arroyos, lagunas y lagos con fines recreativos y estableciendo que el mismo debe ser garantizado desde el Estado, a través de la puesta en marcha de mecanismos legales y procesales, así como de la fiscalización y de la aplicación de las sanciones correspondientes.

El proyecto propone también poner en práctica el instituto de la“servidumbre administrativa”, como límite al dominio a todos aquellos propietarios costeros que pretendan cerrar los pasos naturales a los espejos de agua públicos, guardando como fin primordial el de garantizar que todos los habitantes puedan acceder libremente a las costas a lo largo de todo el país. De éste modo, el Estado hace valer su potestad para garantizar este derecho sin necesidad de recurrir a fondos públicos para adquirir ni expropiar franjas de terreno de ningún tipo.