Legisladores opositores salieron a cuestionar un acuerdo de la Casa Rosada con el gobierno chino para la instalación de una estación espacial de exploración lunar en la localidad neuquina de Bajada del Agrio.

Pero aunque el tratado todavía no fue ratificado por el Congreso, las obras ya comenzaron y estarían terminadas en febrero de 2015, según informó el Gobierno neuquino.

Más allá de eso, algunos diputados salieron a criticar los términos del contrato. Es que según los ocho artículos del acuerdo marco, se prevé una situación muy favorable para los chinos: exención impositiva total por los 50 años que durará la concesión de tierras; Argentina “no interrumpirá las actividades normales” que se realicen en la estación espacial; los empleados de China que trabajen en Neuquén se regirán bajo la legislación de Pekín; y el gobierno chino “mantendrá indemne a la Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza”.

Para Unidad Popular, el bloque que conduce Claudio Lozano, esto “no debe servir para reeditar el tipo de vínculo que Argentina estructuró con Gran Bretaña a finales del siglo XIX”.

“Entendemos como importante el vínculo con el gigante asiático, pero consideramos que el mismo debe construirse preservando las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Hacerlo exige profundizar la integración regional de América Latina. Las necesidades chinas de soja y minerales transforman a la Argentina en una atractiva plataforma de explotación y también de mercado para su desarrollo industrial y tecnológico. La complementariedad citada no debe servir para reeditar el tipo de vínculo que Argentina estructuró con Gran Bretaña a finales del siglo XIX. No se trata de reeditar, bajo nuevos patrones, otro proceso de reprimarización que vuelva a obturar el desarrollo argentino con elevados costos sociales y ambientales”, manifestaron los diputados de UP.

Por su parte, Alberto Asseff (Unir-Frente Renovador) pidió al Ejecutivo que remita “la totalidad de los anexos reservados” concernientes al acuerdo.

El legislador se mostró preocupado por esta medida, al señalar que “existe la posibilidad de que la estación espacial china, instalada en un predio de 200 hectáreas, en el futuro inmediato sea usada por Pekín con fines militares”.

El senador nacional de Proyecto Sur-UNEN, por su parte, denunció que “Argentina vuelve a negociar a espaldas de los ciudadanos, como hizo con Chevron”. “Esta es una peligrosa operación de entrega de nuestra soberanía que el Gobierno quiere hacer aprobar en forma expres”, lamentó.

“Pino” afirmó que “hay miles preguntas y pocas respuestas sobre la entrega de cientos de hectáreas de una provincia por medio siglo para actividades en las que la Argentina se beneficiará de forma íntima”, y añadió que “China podrá hacer el seguimiento de la actividad aeroespacial y misilística”.

Solanas manifestó su descontento porque los senadores no tuvieron acceso a la información del proyecto de ley al afirmar que “se desconoce la extensión de las tierras otorgadas a los chinos; el monto total de inversión; si hay impacto ambiental en la zona; el organismo del gobierno provincial a cargo de la gestión; el número de operarios de la dotación china afectados al trabajo desde la etapa de construcción hasta la operación de la estación el estatus jurídico de los operarios”.

“Las implicancias políticas de la instalación por 50 años de una ‘inocente estación satelital’ en el marco de una ‘cooperación pacífica’ pueden ser enormes y perjudiciales para Argentina, con el riesgo de quedar en medio de una tensión internacional”, dijo Solanas.

En tanto, el diputado Julio Martínez (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional exigiendo conocer los anexos reservados del acuerdo.

''Llama la atención el tratamiento dado a temas que involucran tecnología supuestamente de usos pacíficos bajo el formato del secreto militar'', señaló el diputado radical, y recordó que esta situación recuerda a “la falta de información acerca de los desarrollos Gradicom II y Tronador II”.

El legislador riojano, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, advirtió que “estamos nuevamente frente una enorme transgresión de los expresos límites, constitucionalmente establecidos, de nuestro sistema republicano de gobierno, transgresión que manifiesta el desprecio del Poder Ejecutivo Nacional por el rol y la opinión de este Congreso”.

Martínez recordó que, en estos rubros, “la tecnología utilizada es sensible y, en la gran mayoría de los casos, de uso dual, es decir, con posibilidades de uso tanto civil, para la observación lunar, como militar, para el seguimiento de la actividad aeroespacial y misilística”.

“Estos elementos nos hacen dudar acerca de la posibilidad cierta de que esta estación espacial china, en un futuro, pudiera ser usada por China con fines militares, ya que no puede descartarse que desde las antenas que se instalarán pudieran realizarse tareas de seguimiento de misiles”, indicó el legislador riojano.

“Quizás la única explicación de este acuerdo resida en la necesidad de inversiones para tratar de sostener un escaso tiempo más el capítulo anti buitres del relato”, señaló el diputado radical.

“La premura en construir la planta y el secreto que envuelve a la misma no nos permiten visualizar con claridad cuáles son los beneficios de carácter geopolítico, científicos, tecnológicos y/o económicos que generará este acuerdo para la República Argentina”, finalizó Martínez.