La Comisión de Acuerdos dio luz verde a cinco pliegos enviados por la Casa Rosada, tras recibir a los candidatos en audiencia pública.
En el marco de una audiencia pública, la Comisión de Acuerdos del Senado, a cargo del oficialista Marcelo Guinle, avaló cinco pliegos de jueces federales impulsados por la Casa Rosada.
Los dictámenes fueron firmados por el Frente para la Victoria y la UCR, luego de que los postulantes se presentaran ante los senadores en una reunión pública, de acuerdo a la metodología que rige el procedimiento de designación de jueces.
La reunión de este jueves continuó la audiencia abierta el día anterior, en la que expusieron otros 15 candidatos.
El primero en presentarse fue Juan Alberto Fantini Albarenque, que aspira al juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°6 de la Capital Federal. Aunque recibió una impugnación, Albarenque pudo sortear sin dificultades su exposición ante los senadores.
Luego fue el turno de Walter Fabián Carnota, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°3 de la Capital Federal.
Consultado sobre el papel de los magistrados de este fuero, Canorta sostuvo: “descreo de un rol exageradamente activista del juez (…) de que el juez termine siendo un legislador”. A su juicio, se podría bajar la cantidad de litigios con soluciones político-institucionales del Poder Ejecutivo y del Congreso.
Acto seguido se presentó Diego Alejandro Amarante, promovido como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N°5 de la Capital Federal, quien manifestó su acuerdo en la reforma del Código Procesal Penal y del Ministerio Público.
A continuación los senadores escucharon a Pablo Yadarola, postulante a juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal.
La última de las candidatas a jueza en presentarse fue María Gabriela Marrón, aspirante al Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Marrón fue consultada sobre la legislación vigente en materia de trata de personas. “Las últimas reformas han sido muy buenas en muchísimos aspectos”, opinó, pero advirtió “inconvenientes”: “quizás la experiencia ha indicado que podría haberse quitado la cuestión de competencia” entre la Justicia federal y la Justicia provincial.
