Ante el juez interviniente, la diputada del GEN ratificó su denuncia por supuestas irregularidades en los concursos para elegir fiscales para cubrir vacantes.
Convocada por el juez federal Luis Rodríguez y a requerimiento del fiscal, la diputada Margarita Stolbizer se presentó a ratificar la denuncia que había presentado por irregularidades en los concursos para ocupar vacantes en los cargos de fiscales federales.
La legisladora había denunciado manipulación en el Concurso 102 en el que resultaron ubicados en los mejores lugares tres funcionarios vinculados con el gobierno y con la procuradora General Alejandra Gils Carbo.
“La procuradora modifico en el 2013 el Reglamento para los concursos, asignándose a si misma una cantidad de atribuciones que determinan una enorme discrecionalidad en la designación de los fiscales. Se puso ella misma como presidenta del tribunal de selección, elimino los sorteos para designar a los evaluadores para pasar a designarlos ella y cambio la incidencia en el puntaje para disminuir el que corresponde a los antecedentes en favor del que se obtiene en los exámenes. Así es como terminan siendo ternados funcionarios que no tienen ningún antecedente pero si tienen estrecha vinculación personal y política con la funcionaria”.
Agregó la diputada que “los resultados del concurso beneficiaron a un subsecretario del Ministerio de Justicia que responde a La Cámpora; al instructor del juez Casanello en la causa Báez; y a otro funcionario de la procuración. Y por ejemplo, perjudicaron al secretario del fiscal Campagonoli, que había dictaminado en contra del empresario amigo del Gobierno”.
Stolbizer agregó que “de los 200 firmantes de una solicitada de la agrupación judicial oficialista que lidera Gils Carbo, más de 100 ocupan cargos vinculados con ella. Y si prospera el proyecto de reforma del Código Procesal Penal podrá designar muchos más y tendrá atribuciones discrecionales para asignarles causas. Realmente un peligro para la independencia de la Justicia”.
Stolbizer también recordó al juez en su declaración que el año pasado presento un pedido de juicio político a la Procuradora por las irregularidades en la designación de fiscales ad hoc sin acuerdo del Senado, hecho por el que ya se instruye una causa penal.
