Piden juicio político para el juez Carlos Fayt

El diputado Carlos Raimundi lo acusa de “mal desempeño” por beneficiar judicialmente a La Nación cuando tendría vínculos familiares con un director del diario. También habló de la “inhabilidad psicofísica” del veterano magistrado.

El diputado nacional Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro) presentó en el Congreso un pedido de juicio político para Carlos Fayt, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando “mal desempeño de sus funciones o inhabilidad psicofísica para el ejercicio de las mismas”.

El diputado kirchnerista fundamentó que el magistrado votó a favor del diario La Nación en la causa que discute la deuda de ese diario con la AFIP cuando habría o estaría estado casado con Margarita Escribano, hermana del miembro del directorio del centenario diario, José Claudio Escribano, lo cual representaría un conflicto de intereses.

En este sentido el documento solicita que “se requiera al Registro Nacional de las Personas que indique si el juez está o estuvo casado con Margarita Escribano, así como para que comunique vinculo de parentesco entre esta última y José Claudio Escribano”.

“Se requiera a la Inspección General de justicia que indique si José Claudio Escribano es o ha sido contratista, miembro del Directorio o ha ocupado algún otro cargo societario en Sociedad Anónima La Nación y que se efectúen las pericias necesarias para evaluar que el Dr. Fayt se encuentra en situación de cumplir acabadamente con sus tareas jurisdiccionales, tomando en consideración la gran cantidad de causas a resolver”, dice el pedido de juicio político.

Raimundi aclaró que el propósito de esta petición “no es el castigo al Dr. Fayt, que ha demostrado su compromiso y entrega a la función judicial incluso más allá de lo exigible, sino la protección del interés público”.

Por otra parte, el diputado adjuntó un pedido de análisis psicofísico debido a su avanzada edad ya que Carlos Fayt tiene actualmente 96 años. En esta línea, puso en discusión el tema de la “inamovilidad judicial”, de la cual señala que “no es un privilegio ni una garantía personal, sino, más bien, se trata de una garantía para toda la sociedad”.

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