No fue el fin de año que Cristina esperaba. Se imaginaba en Santa Cruz pasando el fin de semana posterior a la Navidad, pero tuvo un regreso adelantado, producto de su fractura en el tobillo izquierdo, que la obligó a viajar de urgencia para hacerse atender nuevamente en el Sanatorio Otamendi. Cosa que, previsiblemente, le ha dado a la oposición la posibilidad de hacerse un festín con el tema: que un accidente doméstico de la Presidenta desnudara la carencia de un tomógrafo en el Hospital Regional de Río Gallegos es claramente un llamado de atención. ¿Qué le queda a la gente común?, fue la pregunta que se viralizó en las redes sociales.

Santa Cruz es la provincia que el kirchnerismo gobernó durante doce años, antes de desembarcar en la Nación, por otros tantos años.

Tampoco este es el fin de año que esperaba el gobierno en materia política. Presumía que el mismo estaría signado por el tema económico, pero no fue así y ese es un mérito de las autoridades. Independientemente de que la inflación sigue siendo elevada, la recesión se profundiza y los problemas macroeconómicos persisten, claramente hace semanas que existe una pax cambiaria que ha sosegado los espíritus que imaginaban lo peor a corto plazo.

Ni mucho menos se vivió el fin de año que la Presidenta alertó hace ya tiempo, cuando anticipó el clima de agitación que podría estar siendo azuzado por adversarios a los que señaló puntualmente. El mecanismo le dio resultado, pero sobre todo funcionó la cadena de asistencialismo que se aceitó a través de las intendencias, cuestión de evitar la posibilidad de saqueos que recurrentemente se instalan en vísperas de las Fiestas.

Lo que no esperaba el gobierno era llegar a fin de año tan complicado en materia judicial. Una tras otra las causas han florecido como hongos y no hay funcionario que se sienta seguro ante la hiperactividad judicial.

Y no son solo funcionarios los que están alertas. El empresario Lázaro Báez, claramente vinculado con el gobierno, terminó el año con un pedido de indagatoria impulsado por un fiscal, un día después de que la Cámara Federal le ordenara al juez Sebastián Casanello ocuparse de él, en lugar de hacerlo sólo con Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Paralelamente el fiscal Carlos Gonella fue declarado en rebeldía por resistirse a declarar ante el juez Claudio Bonadío, el mismo que puso en la mira nada menos que los manejos de la empresa presidencial Hotesur.

El mismísimo ministro de Justicia, Julio Alak, también fue llamado a indagatoria por una causa que tiene que ver con la reestatización de Aerolíneas, aunque la convocatoria se postergó para el mes de marzo. La Cámara Federal confirmó esta semana el procesamiento de la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti por “administración fraudulenta”, pero claro que si de procesamientos se trata, el “premio mayor” se lo lleva el vicepresidente Amado Boudou, quien ya tiene una causa elevada a juicio oral -por el auto con papeles falsos-, otro procesamiento por el caso Ciccone y una investigación en marcha por presunto enriquecimiento ilícito.

Una de las causas que más preocupan en el alto nivel del gobierno encendió luces de alerta también la última semana, cuando el fiscal tucumano Carlos Brito pidió al juez Daniel Bejas que cite a declaración indagatoria al jefe del Ejército, César Milani, por la desaparición del soldado Ledo. La imputación es por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos.

Es un tema que genera fuertes contradicciones hacia adentro del gobierno y respecto al cual el flamante secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, llegó a advertir que en caso de que sea procesado, el gobierno dispondría su pase a retiro. En círculos políticos con acceso al expediente advertían en las cenas de Nochebuena que es muy probable que el juez tucumano vaya a dar ese paso, razón por la cual el gobierno debería reaccionar de manera diferente a como lo ha hecho con el vicepresidente de la Nación.

Milani -quien también tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito- representó para el gobierno un enorme esfuerzo político, por cuanto su ascenso generó resistencias de propios y extraños en el Senado y llegó a augurarse tras el traspié electoral de 2013 que podría ser desechado. Sin embargo hace exactamente un año la Presidenta dio la orden a sus senadores de avanzar con el pliego y eso hicieron, convirtiéndose así Milani en teniente general. Fue una muestra de autoridad del gobierno sobre su tropa legislativa, que a partir de entonces no hizo otra cosa que aprobar a lo largo del último año todas las iniciativas que el Ejecutivo promovió. Bien ganado tuvieron entonces el brindis que la Presidenta les ofreció el lunes pasado.

Esta acción judicial que en el gobierno califican de “embestida”, es asumida como una reacción ante lo que fue la abortada reforma judicial impulsada por Cristina el año pasado y la reforma del Código Procesal Penal que el kirchnerismo hizo aprobar recientemente. Funcionarios kirchneristas de la primera hora están no solo preocupados por su futuro judicial, sino también molestos por considerar que fue el propio gobierno el que generó esta actitud de los jueces. La esperaban desde que la Presidenta comenzó a hablar de la “democratización de la Justicia” y promovió un paquete de seis leyes en ese sentido. Pero, según confían en privado a interlocutores que después lo reproducen, redoblaron “el daño” con el nuevo Código Procesal que traslada parte de sus funciones a los fiscales.

En uno y otro caso, esos funcionarios y otros kirchneristas históricos le endilgan la responsabilidad de haber activado a los jueces en su contra a La Cámpora, personificada en ese caso por el joven viceministro de Justicia Julián Alvarez.

Esos mismos kirchneristas críticos señalan también a La Cámpora por el manejo de la economía, más allá de que Axel Kicillof no integra esa agrupación. Le atribuyen a ese sector un manejo poco profesional de la crisis con los holdouts y hacen extensiva la crítica al fracaso del canje de bonos de hace dos semanas.

No es el fin de año que esperaba el gobierno, que de todos modos considera que tiene más para que celebrar que por lamentar. Sobre todo porque entra en el último año de gestión de Cristina Kirchner con clima de fin de ciclo -lo de los jueces no es más que una muestra de ello-, pero con el poder -si bien no intacto- suficiente como para que nadie pueda hablar de “pato rengo”, y la Presidenta en el centro de la escena. Sin nadie que pueda expresar la certeza de que dentro de un año será quien reciba la banda presidencial de parte de la hoy nuevamente lesionada Cristina Fernández de Kirchner. Para como se perfilaba este 2014, ese es un gran éxito.