Distintos sectores del arco opositor compartirán una declaración para exigir garantías sobre la investigación que llevaba adelante el fallecido fiscal Alberto Nisman, tanto por el atentado a la AMIA como por la denuncia de un supuesto plan oficial de “encubrimiento” a Irán.

El texto fue elaborado por el Club Político Argentino, que reúne a intelectuales de distintas extracciones. Allí se resume en cinco ejes las propuestas que, de manera desperdigada, promovió la oposición desde que se conoció la denuncia y la muerte del fiscal.

Entre quienes ya comprometieron su aval se encuentran cuatro presidenciables: el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (Pro); el diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador); el senador y titular del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz; y el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota (PJ disidente).

El documento será presentado a las 15, en la Asociación del Personal del Organismo de Control (Bartolomé Mitre 1563) por los referentes del Club Político, entre ellos, sus titulares Vicente Palermo y Guillermo Rozenwurcel, además de Henoch Aguiar y Graciela Fernández Meijide.

La declaración apunta a garantizar cinco objetivos “en defensa del derecho a la verdad de cada argentino”. El primero solicita “que la Procuración General garantice el mantenimiento incólume del equipo de trabajo de la Fiscalía [que encabezaba Nisman] y la protección de las personas que lo conforman”.

El segundo propone que “la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados convoque a los colaboradores de Nisman, en sesión reservada, para conocer en detalle los fundamentos de las acusaciones presentadas por la Fiscalía”.

Este punto coincide con la intención que en los últimos días empezaron a manifestar la Asociación de Magistrados y algunas fuerzas políticas: que de modo urgente se cite al Congreso al fiscal Alberto Gentili, a quien Nisman confiaba la causa en su ausencia, así como al personal que trabajaba en la unidad del fallecido fiscal. Una intención que, de todos modos, depende de la voluntad presidencial de convocar o no a sesiones extraordinarias.

El tercer objetivo de la declaración apunta a “que se nombre, en reemplazo de Nisman, un fiscal que sea garantía de independencia, de búsqueda imparcial de la verdad”. Se trata de un nuevo mensaje a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Sobre este párrafo existen diferencias entre las fuerzas políticas: algunos proponen la formación de un equipo de dos o tres fiscales para la investigación, para evitar que el expediente quede en manos de un solo fiscal. El temor es que el oficialismo termine ubicando allí a un hombre de sus filas.

El cuarto objetivo es que “se preserve ahora y en el tiempo la integridad de las pruebas existentes en la Fiscalía y de los documentos allanados del fiscal, con copia integral custodiada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

No es el único mensaje hacia la Corte: el quinto punto le encarga al máximo tribunal que “controle el esclarecimiento definitivo de la causa AMIA, de las denuncias y del fallecimiento de Alberto Nisman, así como la protección de su equipo de trabajo y el resguardo de la documentación”.

La lista de firmantes incluye a una veintena de legisladores y dirigentes de distintas fuerzas de la oposición. Por el Frente Amplio-UNEN comprometieron su respaldo el diputado Ricardo Alfonsín (UCR), la diputada Margarita Stolbizer (GEN), la senadora Norma Morandini (Fte. Cívico Córdoba), y dirigentes como Ricardo Gil Lavedra, Gerardo Milman, Leandro Despouy, Jesús Rodríguez y Lilia Puig.

Las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso y los funcionarios porteños Esteban Bullrich y Hernán Lombardi figuran entre los referentes de Pro que avalan la declaración, así como los massistas Roberto Lavagna, Pedro Del Piero y Carlos Zaffore, y el peronista Julio Bárbaro.

Lo que refuerza el contenido de la declaración, además de las firmas políticas, son los avales dados por organizaciones civiles, empresariales y de la comunidad judía, como la propia AMIA o el Museo del Holocausto. También lo hicieron Cippec, la Asociación de Derechos Civiles (ADC), la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y varias entidades enroladas en el Foro de Convergencia.