A la espera del debate por el nuevo Código Penal en el Congreso, un proyecto de ley del diputado nacional Manuel Garrido (UCR) propone incorporar el delito de corrupción en el sector privado.

La iniciativa incorpora al Código Penal el artículo 301, para reprimir con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación de hasta cinco años para ejercer el comercio al que, “por sí o por persona interpuesta, diere, prometiere u ofreciere a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una sociedad comercial, asociación, fundación o cualquier tipo de persona jurídica , un beneficio o ventaja indebida de cualquier naturaleza con el fin de colocarlo a él o a otra persona, humana o jurídica, en una posición de ventaja frente a otros competidores, atentando contra la competencia y libre concurrencia en la contratación de bienes y servicios”.

En la misma pena incurrirá “el directivo, administrador, empleado o colaborador de una sociedad comercial, asociación, fundación o cualquier tipo de persona jurídica, que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja indebida de cualquier naturaleza con el fin de colocar a una persona, humana o jurídica, en una posición de ventaja frente a sus competidores, atentando contra la competencia y libre concurrencia en la contratación de bienes y servicios”.

En los fundamentos, el exfiscal anticorrupción explica que se promueve “la penalización de la conducta ya sea que quien prometa, ofrezca o conceda el beneficio indebido se trate una persona relacionada o ajena a una empresa en particular”.

“De la misma manera, propone penalizar a quien reciba, solicite o acepte ese beneficio indebido, incluyendo a cualquier trabajador autónomo o persona sin contrato laboral que preste servicios para la organización en cuestión”, indica el texto.