La presidenta del bloque de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto Lago, junto a los legisladores Maximiliano Ferraro (CC-ARI) e Inés Gorbea (SUMA+), presentó un proyecto de ley para que se regule “la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Esta iniciativa amplia la responsabilidad de los funcionarios, más allá de la norma existente a nivel nacional –la ley 26.944-. Al respecto, la legisladora señaló que “los funcionarios tienen que hacerse cargo tanto de sus acciones, como por lo que hacen las empresas de servicios públicos que ellos contratan y no controlan, en el ámbito de la Ciudad”.

Dentro del texto se aclara que por el Estado se comprende a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a las comunas, a las empresas y sociedades del Estado, a todas las organizaciones donde esl Estado tenga participación en el capital, etc. .

El proyecto propone, entre otras modificaciones, “que se elimine la prohibición de establecer sanciones pecuniarias contra el Estado o sus agentes y funcionarios; que se pueda reclamar indemnización por daño moral en aquellos casos de responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima, y lucro cesante en su responsabilidad por actividad legítima; que el Estado deba responder en aquellos casos de insolvencia de los concesionarios o contratistas de los servicios públicos, o cuando el daño sea consecuencia de la inobservancia de las obligaciones a su cargo; además de ampliar el plazo de prescripción a uno que comprenda más de un mandato; crear un registro de sentencias y establecer la forma y los recursos con que deben ser pagas”.

Oliveto Lago explicó que “esta ley avanza en más acciones, más investigaciones y más derechos para que los ciudadanos puedan denunciar a los funcionarios corruptos”.