En reunión de Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen para el proyecto de ley de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, cuya autora es la diputada María del Carmen Bianchi (FpV).

Al respecto, la diputada expresó que “a más de doscientos años de su fundación, a la luz del paso de los tiempos y acorde a las necesidades de esta época, la Biblioteca Nacional reclama un nuevo marco normativo, una ley que la reconozca como institución cultural eminente, que actualice y establezca sus funciones y competencias, que la constituya como agencia bibliográfica nacional, autoridad en materia de preservación del registro de la memoria histórica de la cultura nacional, y voz autorizada en materia de normatividad catalográfica”.

Con este proyecto se reafirma, pero esta vez por medio de una ley –ya que la institución funciona bajo un decreto del año 1996-, que la Biblioteca Nacional es un organismo descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Cultura, con autonomía funcional y autarquía financiera, personería jurídica propia y plena capacidad jurídica.

De aprobarse la ley, el organismo tendría nuevas herramientas legales para la protección del patrimonio bibliográfico y documental, lo que lo proyectaría como institución capaz de dar respuesta a las necesidades de información histórica, científica y técnica, asegurando sus perspectivas de constante renovación cultural, científica y tecnológica, manteniendo la integridad acumulativa de su patrimonio archivístico, biblio y hemerográfico en todas sus variantes y formatos. Con el dictamen emitido hoy en Comisión de Cultura, el proyecto pasará a tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se espera que obtenga dictamen favorable para poder ser debatido en el recinto.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, una de las más antiguas de América Latina, fue creada por decreto de la junta de Gobierno de la Revolución de mayo, el 13 de septiembre de 1810. Al día de hoy, continúa ejerciendo una irremplazable influencia en la lectura, la investigación y la crítica cultural que se realiza entre nosotros.

En tal sentido, es oportuno subrayar que el acceso a la información y a la cultura son derechos de todos los seres humanos reconocidos en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, los que han sido incorporados por nuestro país a partir de la Reforma Constitucional de 1994.