La legisladora había denunciado penalmente el programa estatal por presunto pago de sobreprecios. El ministro de Salud, Daniel Gollán, se negó a declarar en la causa. También están citados para esta semana el gobernador de Tucumán, Juan Manzur y el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) había denunciado penalmente la licitación del Plan Qunita por 900 millones de pesos y las supuestas irregularidades en la adjudicación.
La causa judicial recayó bajo la órbita del juez Claudio Bonadío. El ministro de Salud, Daniel Gollán, se negó a declarar en la causa este martes, en tanto, el magistrado también citó esta semana al ex ministro y gobernador de Tucumán, Juan Manzur y al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández.
En declaraciones a AM 950, la diputada señaló que los funcionarios “adjudicaron 1100 millones de pesos. Es un curro grande como una casa, que implica malversación de fondos públicos y se lo tendrán que explicar al juez”.
“Es un desastre porque han pagado el doble del precio y es de pésima calidad para nuestros chicos”, agregó Ocaña, y detalló que cada kit “tiene un precio de mercado de 4.000 pesos y el Estado pagó casi 8.000 pesos”.
Ocaña había sostenido que el programa estatal de “acompañamiento a la madre y el recién nacido” fue encargado a empresas dedicadas a otros rubros, que no tendrían el respaldo económico suficiente para hacer frente a la tarea de fabricar los kits.
Los kits del plan incluyen una cuna de madera, indumentaria para el recién nacido, porta bebé, bolso materno, cambiador y otros elementos “de uso cotidiano” para la madre y el bebé, además de una guía de cuidados básicos.
Según consta en la denuncia presentada por la diputada en la Justicia, se le adjudicó la fabricación de los kits maternales a varias empresas, entre ellas Fasano SRL, dedicada a los negocios inmobiliarios, por lo que la razón social de la empresa no se correspondería con el objeto de la contratación.
