Un grupo de organizaciones de la sociedad civil realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar por el cumplimiento del cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia, donde el presidente Mauricio Macri propuso a los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

La presentación fue efectuada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Directorio Legislativo (FDL) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

Estas organizaciones consideraron que el modo en el que se dispuso la cobertura de vacantes “afecta, por un lado, la garantía de independencia judicial y, por el otro, viola los derechos de las mujeres de acceder a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad”.

En este sentido, sostuvieron en el escrito que las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz “no contribuyen a lograr una mayor equidad en la composición del máximo tribunal del país, en línea con objetivos planteados a nivel internacional, regional y local”.

El propio decreto 222/03 invocado por Macri, recordaron, dispuso que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género”.

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está integrada por dos varones (Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda) y una mujer (Elena Highton de Nolasco).

Por lo tanto, “con la formalización de las designaciones de los candidatos propuestos, el máximo tribunal quedará compuesto por cuatro varones y solo una mujer, es decir, 80% de los cargos estarán destinados a jueces”.

Por eso, las ONGs remarcaron que “es imprescindible que, al menos, una de las dos vacantes sea cubierta por una mujer”.