En 1966 y 1976 las dictaduras militares intentaron arrasar con las universidades públicas de la Argentina, que dieran tres premios Nobel en Ciencias. El neoliberalismo de Domingo Cavallo y Carlos Menem destruyó el sistema público primario y secundario con la Ley Federal de Educación; desfinanció a las universidades y, además de mandar a lavar platos a los científicos, disminuyó sus salarios y sus recursos de investigación a niveles irrisorios. En 2016 asistimos a una nueva agresión que pretende ahogar económicamente a las universidades públicas.

Es una vergüenza que la paritaria ofrezca un 15% de incremento en los sueldos y desde hace tres meses hay Universidades que no reciben los fondos correspondientes a gastos corrientes: entre otras, debido al aumento de tarifas, la Universidad de Buenos Aires estaría imposibilitada de pagar la luz a partir del mes de junio. Recordemos al respecto la sabia afirmación de Jawaharlal Nehru: “Somos un país demasiado pobre como para darnos el lujo de no hacer grandes inversiones en educación y en ciencia y tecnología”

Este ajuste en las universidades contrasta con los descomunales beneficios a las corporaciones petroleras, a quienes se les otorgan subsidios por 11 mil millones de dólares en concepto de cubrir la diferencia entre un valor internacional del barril de 35 dólares y el precio local subsidiado del “barril criollo” fijado entre 68 y 70 dólares, con el fundamento de sustentar la inversión y el empleo.

En momentos en que se despliega la Revolución Científico-Técnica, el conocimiento es el recurso estratégico por excelencia; y una de las fuentes principales de este recurso es un sistema educativo de calidad para el conjunto de la población, junto a universidades de primer nivel. Las sociedades que no aborden seriamente este desafío, estarán condenadas a ser productoras de carretas y dirigencias cuando ha llegado el ferrocarril. Pero esto no es inocente, ya que es difícil subordinar y condenar a bajos salarios o someter a sistemas clientelísticos a una población provista de una educación de calidad.

Esta orientación del actual gobierno nacional, tiene antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires: en el presupuesto 2015, el Jefe de Gobierno del PRO Mauricio Macri destinaba 750 millones de pesos a gastos de publicidad oficial y sólo 22 millones a la infraestructura hospitalaria, mientras disminuía en términos reales los fondos destinados a educación. Ahora el presidente Mauricio Macri pretende aplicar el mismo esquema al conjunto del país.