Por José Angel Di Mauro. Una señal de atención tuvo el gobierno cuando diputados de todos los sectores peronistas se reunieron esta semana sin convocar al oficialismo. Se busca ahora evitar un mayor desgaste.
El devenir de la gestión obliga a cambios sobre la marcha, más de los que un ingeniero ordenado puede aceptar. Pero la coyuntura complicada altera los planes y obliga a dejar de lado usos y costumbres. Situaciones excepcionales ameritan excepciones. Y presidir un país es algo excepcional, sin dudas.
Por eso esta semana se vio más de una alteración en la senda trazada, en varios planos de la gestión. También se llegó en lo más alto a conclusiones diferentes a las previstas inicialmente. En el caso de la inflación, sin ir más lejos y para arrancar con el principal desvelo de esta administración.
No lo admitirán en público pero sí lo hizo en privado una alta fuente de contacto directo y diario con el Presidente, que reconoció que el factor principal que doblegará el aumento de los precios será, mal que les pese, la recesión. Que es precisamente lo que viene conteniendo en parte una escalada que debería ser sino mayor, por los elementos de combustión que las medidas del gobierno vienen dándole a la llama inflacionaria.
Los datos de la economía marcan un fuerte descenso en todo rubro que se analice. Las mediciones de ventas minoristas que elabora la CAME -por citar uno- no han parado de mostrar números negativos en lo que va del año, marcando una baja del 2,3% en enero; 4,5 en febrero; 5,8 en marzo y 6,6 en abril. El índice de venta de materiales de la construcción, que ya venía en baja desde diciembre, también muestra una clara y si se quiere previsible tendencia decreciente. Y así en todos los rubros. Conscientes entonces de que será este freno el lastre de la inflación, la pregunta que se hacen en lo más alto es cuándo será el punto de inflexión; en qué momento comenzarán a verse los primeros atisbos de crecimiento. “En el último bimestre”, sugirió la misma fuente. Ver para creer.
Contrariamente a los números mencionados, que no se atreven a refutar, los funcionarios reaccionan airadamente cuando se dan cifras de despidos, pues aclaran que no hay ninguna fuente confiable que valide el mensaje de sindicalistas y oposición que ya cuantifican en entre 150 y 200 mil los afectados. Por el contrario, basados en el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) niegan semejantes cifras de despidos. El ministro Alfonso Prat-Gay fue más lejos al hablar de un aumento en el empleo y los salarios, basado en datos de la AFIP. No es que realmente lo crean, pero genuinamente rechazan que exista el nivel de destrucción de empleo que calculan los que reclaman prohibir despidos. Con todo, admiten el temor de que termine imponiéndose ese “relato”, y el punto máximo lo ha retratado Felipe Solá al hablar de “clima de despidos”.
Es aquí donde se da una de las contramarchas de las que hablábamos. El gobierno arrancó la semana con la decisión de estirar los tiempos del debate legislativo de la emergencia ocupacional lo máximo posible. Prueba de ello fue que no la remitieran de inmediato desde el Senado a Diputados, como es uso y costumbre -pero no regla absoluta, pues fue el propio cristinismo el que supo marcar récords al demorar el giro de una media sanción, de una cámara a la otra-. Y el Presidente arrancó la semana jugando a fondo contra la ley antidespidos, llamando a Sergio Massa a “no seguir al kirchnerismo” con esa propuesta. Quedó clara la decisión de Mauricio Macri de ponerle el cuerpo a un tema que lo desvela y en el que tendrá la última palabra; no así la efectividad de semejante convocatoria pública al líder del Frente Renovador. Lo hizo a sabiendas de las claras discrepancias que el tema genera en el seno de esa misma fuerza, pero no es políticamente factible que el excandidato presidencial aparezca de pronto cambiando de postura porque Macri se lo pide.
El miércoles se produjo un reseteo en la actitud oficialista, que decidió no solo dar el debate, sino también no “estirarlo”. Una fuente parlamentaria admitió ante este medio que se había concluido que alargar los tiempos no solo desgasta al gobierno, sino que también le impide avanzar en normas “positivas”, como la quita del IVA a productos de la canasta básica de alimentos para beneficiarios de asignaciones universales y jubilados y pensionados que cobren la mínima, que pasa casi desapercibido por el “ruido” que genera la oposición.
Cómo será que el tema altera los planes de “lucimiento” que buscaba el oficialismo, que se decidió levantar la sesión del miércoles en Diputados, en la que se iba a tratar otra norma ponderable, como es la de Acceso a la Información Pública. Cambiemos prefirió no darle a la oposición una tribuna desde donde lo atacara y postergó la sesión una semana.
El replanteo oficialista consiste en acompañar al resto de la oposición “racional” en la modificación del proyecto proveniente del Senado, introduciéndole beneficios para las pymes, si bien tienen sus disidencias: fuentes oficiales advirtieron a este medio que esa asistencia tiene un costo fiscal de cien mil millones de pesos. Igual, Cambiemos acompañaría el proyecto, evitando así una derrota, y en el debate en particular, votará en disidencia el artículo referido a la doble indemnización. Después la palabra la tendrá el Senado, donde podrán optar por ratificar el proyecto original, para lo cual necesitaría los dos tercios de los votos -a los que puede llegar sin problemas-, o bien aceptar las modificaciones de Diputados.
Macri terminaría aplicando un veto parcial, a la doble indemnización, con lo que el gobierno espera que el costo político se minimice.
No obstante, este es un tema que tiene novedades constantes, como se verificó el jueves pasado, cuando la oposición peronista se unió en una sorpresiva reunión en el despacho del flamante titular del PJ, José Luis Gioja, a la que no fue invitado el oficialismo. Junto al anfitrión estuvieron Sergio Massa y sus laderos Graciela Camaño y Marco Lavagna; Oscar Romero y Diego Bossio, del bloque Justicialista, y Luis Basterra, vicepresidente del bloque FpV. Trascendió que los despidos conocidos en la ANSeS habrían sido el origen de ese encuentro en el que se decidió introducir un párrafo que haga retroactiva la prohibición de despidos.
Esta reunión del peronismo para avanzar en los cambios al proyecto fue minimizada por el oficialismo en público y no alteraría la estrategia elaborada.
