Existen prioridades que deben ser atendidas con urgencia en aras de contribuir al fortalecimiento de la democracia. Una de esas prioridades es el pago a los 500.000 jubilados con juicios ganados contra el Estado que en los últimos 10 años han esperado, infructuosamente, que las instituciones cumplan con el mandato para el que han sido creadas. Esperaron tanto, que algunos murieron en la espera.

Se puede decir que es parcial, pero se va en camino. Diputados sancionó el proyecto de ley para saldar esa deuda tanto simbólica como fáctica con la ciudadanía, con la convicción de que avanzar en esa agenda es contribuir a la consolidación de la democracia en la Argentina pues significa devolver credibilidad a nuestras instituciones y poner en valor los resortes del Estado de derecho.

La falta de pago a los juicios de los jubilados no puede ser evaluada más que como una actitud de irresponsabilidad y desprecio por parte de quienes han tenido responsabilidades de Estado durante la última década. Desprecio hacia las garantías de nuestro sistema institucional, e irresponsabilidad respecto del impacto que esas dilaciones han tenido sobre el sistema de valores que da sustento a la democracia, y que tienen en la credibilidad y en la calidad institucional sus pilares esenciales. Y todo esto sin contar el claro perjuicio que la deliberada decisión de no cumplir sentencias en tiempo y forma ha provocado en los adultos mayores y sus circunstancias de vida.

Hablemos de números. Pagar los 500.000 juicios ganados presupone unos 50.000 millones de pesos. Esto significa que la reparación previsional supone un aumento de $ 75.000 millones en las erogaciones actuales de la Anses. Y esto equivale al 1% del PBI. Podemos analizar la decisión en términos de costos económicos, pero no llegaremos al punto de la cuestión: el mayor costo que podemos afrontar es el de seguir erosionando la credibilidad de nuestras instituciones al incumplir sentencias judiciales. No podemos mirar para otro lado cuando existen $ 750.000 millones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que, hasta diciembre de 2015, han sido administrados con la mayor de las discrecionalidades.

La nueva ley, empero, no soluciona definitivamente todas las falencias y necesidades previsionales. Sabemos que el sistema jubilatorio reclama una reforma general para propender al equilibrio fiscal y para tener viabilidad futura. Por eso, la ley crea una comisión en el Ministerio de Trabajo que elaborará un proyecto en este sentido para 2018. Y es justamente aquí donde vale preguntarse: ¿Tendría sentido avanzar en una reforma jubilatoria sin antes cumplir con lo que manda la Justicia? ¿Sería creíble modificar las reglas de juego sin honrar los compromisos?

Volviendo a los números, a las 500.000 personas con juicios ganados a las que se les deben pagar unos $ 50.000 millones se suman unos dos millones de beneficiarios que deberán regularizar su situación con acuerdos específicos a lo largo del año próximo, a un ritmo de unas 100.000 actualizaciones por mes. Cumplir los compromisos con estos 2.500.000 argentinos es honrar la decencia republicana.

D’Agostino es diputado nacional por la UCR de Entre Ríos.