Es por incumplimiento de una sentencia que ordena cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno de la Casa Legislativa.
La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intimó, bajo apercibimiento de establecer sanciones, a la Legislatura porteña para que garantice el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular.
Organizaciones ciudadanas como la Red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresaron mediante un comunicado: “acudimos a la Justicia de la Ciudad porque la Legislatura hace más de 15 años que impide a los ciudadanos hacer ejercicio de la Tribuna Popular”.
La Tribuna Popular es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos al Cuerpo legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad. Es decir, las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad de los legisladores porteños reunidos para iniciar una sesión.
Este derecho se encuentra reconocido en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de la Casa Legislativa y desde hace 15 años se han presentado distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto.
El 9 de agosto pasado, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 23 declaró que la Legislatura de la Ciudad está incumpliendo la sentencia que había ordenado cumplir con la Tribuna Popular. El incumplimiento de una sentencia judicial constituye un delito penal.
Además, intimó a la Legislatura a que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del CCAyT.
“Sostenemos que el mal manejo de las plazas y parques de la Ciudad, el constante sacrificio de los espacios verdes, la privatización y la restricción del uso del espacio público tiene entre sus principales causas el impedimento de que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones respecto a los espacios públicos y verdes”, señalaron las organizaciones.
Y finalizaron: “iniciamos esta acción judicial para profundizar la democracia participativa y que podamos llevar nuestras peticiones y reclamos sobre el estado de los espacios públicos a la Legislatura de la Ciudad”.
