La Comisión de Presupuesto emitió dictamen de mayoría al proyecto del oficialismo. Sería incorporado al temario para la sesión de este jueves, durante la reunión de labor.
La Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña firmó el dictamen de mayoría al proyecto del Poder Ejecutivo que busca adherir a la ley nacional 27.260, de blanqueo de capitales.
En la reunión de este miércoles también hubo un despacho de minoría, presentado por el legislador Gustavo Vera (Bien Común), quien pidió la vuelta a comisión.
Si bien la iniciativa iba a ser votada en el recinto el próximo 8 de septiembre, desde el oficialismo pidieron adelantar su aprobación, a fin de que la Ciudad sea ejemplo al resto de las provincias. Cabe señalar que Córdoba ya adhirió a la propuesta de sinceramiento fiscal impulsada por Nación.
Se estima que en la reunión de labor previa a la sesión de este jueves, el Pro incorpore al temario el proyecto, el cual necesita los 31 votos para su sanción, número del cual el bloque oficialista está muy cerca, ya que sólo debe sumar tres voluntades más.
La iniciativa propone “liberar del pago de todo tributo omitido en el ámbito de la Ciudad, los importes y/o bienes exteriorizados bajo este régimen”.
De esta manera, quienes realicen el blanqueo mediante este sistema, quedarán exentos de impuestos a los Ingresos Brutos. Sin embargo, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantendrá el poder de fiscalización.
También, el proyecto establece que “las operaciones que se realicen tendientes a que los bienes declarados se registren a nombre del declarante, no serán onerosas a los fines tributarios y no generarán gravamen alguno en la Ciudad”.
La propuesta del oficialismo contempla un “Régimen excepcional de regularización de obligaciones tributarias”, siguiendo el esquema diseñado por el Gobierno nacional.
Se establece que “los contribuyentes y/o responsables de los tributos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, o por infracciones cometidas a dicha fecha, al Régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que allí se establecen dentro del plazo que disponga la AGIP en la reglamentación, el cual no podrá exceder el 31 de diciembre de este año”.
En este aspecto, la iniciativa otorga beneficios excepcionales para que los contribuyentes y los agentes de recaudación puedan regularizar sus obligaciones tributarias, quedando extinguidas de las acciones judiciales y/o penales que posean.
