El diputado Rubén Giustiniani inició actuaciones en la Auditoría General de la Nación y en la Defensoría de la Nación depositando copias del Contrato YPF-Chevron y solicitando se inicien investigaciones para saber si están preservados los intereses nacionales en la actual explotación de los recursos de gas y petróleo en Vaca Muerta.

Giustiniani argumentó que “el contrato nunca quiso ser mostrado a la sociedad siendo este un tema fundamental como lo es la energía, el gas y el petróleo, que se traducen en las tarifas y el combustible que después tiene que pagar los ciudadano/as.”

Y agregó: “es fundamental que se actúe con transparencia porque el secretismo le hizo mucho daño al país y la historia reciente así lo demuestra. Cuando funcionarios públicos negocian con empresarios lejos del alcance de la sociedad se producen hechos que terminan en la Justicia con denuncias de corrupción”.

En septiembre de 2013, Rubén Giustiniani presentó un recurso de amparo solicitando información sobre los alcances del contrato firmado entre la empresa estatal YPF y la empresa norteamericana Chevron, mediante la utilización del decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública. Tras la negativa de la empresa, Giustiniani decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en noviembre de 2015 la Corte resolvió a favor, quién se expidió alegando que “El derecho de acceso a la información es del pueblo argentino”.

Recién en febrero pasado YPF entregó en sede judicial una copia parcial del contrato, testado en aquellas “cláusulas confidenciales ostensibles”, desconociendo así el fallo de la Corte e impidiendo su acceso por parte del legislador, por lo que Giustiniani en sendas presentaciones a la Justicia intimó a que se entregue copia completa del contrato. Finalmente, el día 22 de septiembre de 2016 la empresa entregó en sede judicial el contrato íntegro para ser dado a conocer a la sociedad.