Es verdad que la herencia que el gobierno recibió fue mucho más complicada que lo que se preveía y se dijo, al punto tal de que no se le deja de reprochar haberse quedado corto en el diagnóstico. También es cierto que el contexto internacional no nos brinda ni una buena noticia, ya no hay siquiera una brisa de cola, y de frente se avisora un ventarrón. No hay dudas de que los inversores son más pusilánimes de lo que se pensaba y que cada sector no tiene más que reproches para el gobierno, que ha estirado el déficit a niveles inauditos para satisfacer a todos y evitar un desmadre. Pero es una realidad que en materia de errores no forzados, esta administración tiene una reiteración que alarma.

Es el caso de Ganancias, un reclamo tan firme en la sociedad -y sobre todo en los votantes de Cambiemos-, que Mauricio Macri tuvo que atenderlo aun siendo presidente electo, cuando anunció cuatro días antes de asumir que los sueldos de hasta 30 mil pesos no tributarían con el medio aguinaldo. Pero hay más: el día previo al traspaso presidencial, el ministro de Trabajo entrante, Jorge Triaca, anticipó que el nuevo gobierno enviaría “cuanto antes” un proyecto para “actualizar todos los montos que están dentro del pago de Ganancias y también las alícuotas correspondientes”.

No hace falta recordar que eso no sucedió. Pese a ser una promesa de campaña, el gobierno mostró intenciones de postergar ese debate y recién en febrero se vio obligado a atenderlo. El ministro Triaca insistió a principios de ese mes con que muy pronto enviarían el proyecto al Congreso, pero que mientras tanto habría modificaciones por decreto, que serían retroactivas a enero. Ese fue precisamente uno de los primeros chispazos de Elisa Carrió con su gobierno, pues el mismo día que habló Triaca ella presentó un proyecto de ley para subir el piso del mínimo no imponible, porque “no podemos seguir postergándolo más”. ¿A cuánto elevaba Carrió el mínimo no imponible? A $47.430, poco menos que lo que hoy sugiere Sergio Massa.

El 11 de febrero, al cabo de una reunión del Presidente con sindicalistas en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete anunciaba que “la semana próxima, o la siguiente a más tardar” el gobierno enviaría el proyecto para modificar Ganancias. Un día después, la vicepresidente Gabriela Michetti volvía a correr el arco, al anunciar que la iniciativa sería presentada “a principios de marzo”, y que sería consensuada con los gremios. Recién entonces Marcos Peña admitió que ante una situación fiscal “delicada”, no podían hacer “movimientos bruscos”.

Si bien tenía previsto anunciarlo ante la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri tuvo que adelantar los cambios en Ganancias y anunciarlos el 18 de febrero. Elevó el mínimo no imponible, y Lilita Carrió lo felicitó. Ese mismo día, el titular de la AFIP, Alberto Abad, le ponía a la presentación del proyecto una fecha indeterminada: en el transcurso del año. Una semana después, Sergio Massa pedía subir el mínimo no imponible a 60 mil pesos.

El 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa, uno de los anuncios de Macri que más aplausos despertó fue el de debatir “lo antes posible” las escalas del impuesto a las Ganancias. Para entonces ya estaba claro que lo que se resolviera se aplicaría recién en 2017. Con esa condición y tantos temas controvertidos para debatir, nadie objetó que el envío del proyecto quedara para el segundo semestre; y ya iniciado el mismo se anticipó que sería en septiembre, junto con el Presupuesto.

Tampoco sucedió, y se dijo entonces que el Ejecutivo enviaría el proyecto después de la aprobación de la ley de leyes, para tratar en extraordinarias… pero solo en Diputados. No importaba que la convirtiera en ley el Senado recién en febrero, pues sería retroactiva. ¿Pero cómo creerle al gobierno, que había anunciado el envío para extraordinarias recién cuando la oposición amenazó con debatir un proyecto propio?

Por eso es que si bien causó un profundo fastidio en el gobierno la conferencia de prensa que Sergio Massa encabezó el lunes 21 para anunciar su proyecto sobre Ganancias -rodeado de jefes de otras bancadas-, nadie hizo más que Cambiemos para reunir ese cuadro. El gobierno solito generó su propia encerrona, que Massa apuró al convocar a una sesión para el jueves venidero.

Marcó la cancha y ganó un renovado protagonismo, como siempre con un tema caro a los votantes comunes que tiene con Cambiemos. Y con nada, pues en realidad el Frente Renovador no presentó ese día ningún proyecto, como se encargó de aclarar poco después Marco Lavagna, quien reconoció que en realidad se trataba de “propuestas” para implementar. O sea que el jueves no se debatiría un proyecto, sino casi un centenar que sobre el tema duermen en cajones del Congreso, hasta uno que presentó en 2013 el entonces diputado Triaca.

En la pulseada planteada por el Frente Renovador, el gobierno tenía las de ganar pues numéricamente no le alcanzaba a la oposición para forzar el debate, pero así y todo se vio forzado a actuar, cuando ya le habían marcado la cancha y había perdido la iniciativa. El Ejecutivo envió finalmente su proyecto el martes, pero previamente lo mostró a dirigentes del oficialismo, que coincidieron en cuestionarlo. En la Casa de Gobierno, una encumbrada figura del bloque de diputados les advirtió a los funcionarios que así como estaba era preferible no presentar el proyecto.

La sesión especial por Ganancias sería recargada, pues al temario se le sumó el proyecto de ley de Emergencia Social, por el que el gobierno se encontró con una presión extra que no esperaba y que percibió en las negociaciones que encabezó Carolina Stanley en Desarrollo Social. Allí, más allá de los bonos y aumentos ofertados por las autoridades, las organizaciones sociales reclamaron fundamentalmente esa ley. Paralelamente se anunció que el Congreso estaría rodeado de ollas populares el jueves, a la espera del debate por esa norma. El fantasma de 2001 y el “que se vayan todos” fue evocado por más de un memorioso.

Había que descomprimir la situación y eso intentó el jefe del bloque radical de Diputados, Mario Negri, que habló con Emilio Monzó y Sergio Massa para encontrarle una salida a un tema que, tales sus palabras, terminaría metiendo al Congreso en “un chiquero”. La negociación avanzó el miércoles a dos puntas: en el Congreso, con todos los jefes de bloques y los ministros Prat-Gay y Frigerio; y en Desarrollo Social, donde dejando de lado el millón de empleos y el aumento de asignaciones, se avanzó con un proyecto alternativo a la emergencia social.

El acuerdo será oneroso para el Poder Ejecutivo, pero se evitó una situación de consecuencias inimaginables el jueves pasado. Y de paso parece haberse garantizado definitivamente un fin de año en paz.

Donde no hubo solución y fracasaron todos los pronósticos optimistas del gobierno fue con la reforma electoral. Otra de las promesas de campaña que no se verán plasmadas, en este caso por la oposición kirchnerista. Pero aquí también hubo cierta mala praxis oficialista, al demorar más de lo recomendado el envío del proyecto a Diputados, y una vez allí no se apuró el debate, apretando los tiempos para cuando la norma llegara al Senado, donde se sabía que estarían las principales resistencias. En la mora en la Cámara baja operó cierto desdén de parte de un sector de Cambiemos que no ve con malos ojos mantener el actual sistema ahora que son gobierno.

Pero el freno se lo pusieron los senadores kirchneristas, comandados en este caso por Marcelo Fuentes, quien como presidente de Asuntos Constitucionales manejó el cronograma de debates. En ese marco, el gobierno consiguió una fuerte señal de respaldo cuando reunió con el Presidente a 8 gobernadores y un vice en Olivos, y luego los expuso a una conferencia de prensa en la que se mostraron a favor de la reforma. Pero la utilidad de esos gobernadores en este tema era menguada: al chaqueño Domingo Peppo no le responden los senadores de su provincia, lo mismo que a la fueguina Rosana Bertone; el rionegrino Alberto Weretilneck no tiene senadores. Los que estaban duros, como Gildo Insfrán y Carlos Verna, mantuvieron esa postura, y otros como el sanjuanino Sergio Uñac se quedaron callados en la reunión del jueves con el bloque. Previamente a ese encuentro hubo otro muy caliente en el seno de la bancada que conduce Miguel Pichetto. Allí Fuentes preguntó a sus pares cómo votarían y sus razones. Uno quiso saber por qué tenían que darle explicaciones; casi se van a las manos.

Fuentes responde directamente a Cristina Kirchner, cuya postura contraria a la boleta electrónica es conocida. Es la que se impuso. Lo único que le queda ahora al gobierno es sacar partido de la situación exhibiendo en qué medida todavía las posturas de la expresidenta y los caudillos feudales siguen predominando en el peronismo.