El acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición el miércoles pasado involucró los temas Ganancias y Emergencia Social. Ambos iban a formar parte de una hipotética sesión especial al día siguiente impulsada por la oposición. Al frenarlas, el Gobierno dispuso un cronograma común para ambos proyectos, según el cual el jueves tendrán dictamen, de modo tal que el martes venidero puedan ser tratados en el recinto, ya en período extraordinario.

Así las cosas, se espera para las próximas horas el ingreso del proyecto en el que estuvieron trabajando el fin de semana largo legisladores del oficialismo y la oposición. A diferencia de Ganancias, el proyecto recién será abordado en comisión este jueves y ese mismo día se le dará dictamen.

Si bien existe como base el proyecto aprobado en el Senado, el texto tratado está siendo elaborado en base al acuerdo al compromiso establecido en el seno del Ministerio de Desarrollo Social, consistente en reasignar partidas por 30 mil millones de pesos para las medidas paliativas acordadas. Entre ellas, se actualizan a 4.000 pesos los montos de los programas “Argentina Trabaja”, “Ellas hacen” y “Trabajo Autogestionado”, y se prevé un pago adicional de 2030 pesos a los beneficiarios de estos planes.

El proyecto incluirá la creación del Salario Social Complementario que será fijado por un nuevo Consejo de la Economía Popular, tal como establecía la media sanción del Senado.

También se acordó un aumento del 40% de las partidas para comedores comunitarios, y del 63% para merenderos, y la distribución de un millón de canastas navideñas entre los sectores vulnerables en todo el país.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reafirmó este lunes que la implementación de ley de emergencia social será financiada a través de una “reasignación de partidas” del Presupuesto Nacional y destacó que se trata de “un sendero hacia la empleabilidad”.

En el diario La Nación, el funcionario señaló que “es una reasignación de partidas que nosotros les hemos propuesto a las organizaciones sociales para asegurar el financiamiento de lo que creemos que tiene que ser un nuevo registro de trabajadores de la economía popular, y para que ese registro nos permita constatar que esos recursos vayan a los beneficiarios y construyamos un sendero hacia la empleabilidad”.

Por su parte, las organizaciones sociales van por más. Según adelantó la agencia estatal Télam, buscan incoporar al proyecto un capítulo más, destinado a los beneficiarios de los distintos programas sociales y de asignaciones para que accedan a un plan de prestaciones médicas y de tratamientos de salud.

En caso de aprobarse el proyecto, los jefes de familia de estos sectores contarían con un estatus similar al de los monotributistas, por lo cual podrían acceder junto a sus respectivos grupos familiares a una obra social de su elección, que les asegure las prestaciones básicas de salud.

Uno de los líderes de las organizaciones populares adelantó a la agencia Télam que “vamos a seguir insistiendo con el tema, porque necesitamos una obra social que de atención a la gente de la economía popular”.

Fuentes oficiales aclararon que no están dispuestos a hacer más modificaciones a lo acordado.