Los diputados porteños de los diversos colores políticos criticaron duramente la decisión de desalojar más 2.000 puestos de venta callejera en Once, en el cual trabajan entre 1.500 y 3.000 personas. Para poder llevar adelante el operativo se conto con 250 efectivos de la Policía de la Ciudad y 350 empleados del gobierno de la Ciudad.

El legislador de PSA Adrián Camps le explicó a parlamentario.com que “es un problema que viene de hace muchos años” y que “no es un conflicto que pueda resolver de un día para el otro, este desalojo que se está dando es un error, me parece que se debe dialogar”. En este sentido, aseguró que “hay que buscar las alternativas y también se va a necesitar algún tipo de acción social porque estamos hablando de que es gente que vive al día, muchos tienen familias y chicos a su cargo”.

Camps afirmó que “hay que hacer una transición para poder buscar otros lugares para poder regularlo, pero hay que entender que durante ese proceso de algo tienen que vivir” y subrayó que “me parece que el peor camino es la represión, hay que buscar soluciones de dialogo”.

No obstante, detalló que “entiendo que hay actividades que no deben estar permitidas en la vía pública pero para eso tenemos que distinguir lo que son los artesanos, que son quienes elaboran su propio producto; los manualistas, que le incorporan un valor agregado a un producto preexistente, como por ejemplo el tallado de mates; y los revendedores, que estos si son los que compiten directamente con los comercios”.

“El comerciante que tiene que pagar impuestos, alquiler, sueldos y todo lo relacionado al mantenimiento del local, no puede competir con los precios de una persona que tiene un puesto en la calle y que vende la misma mercadería”, señaló el diputado y agregó que a los manteros “les brindan soluciones de que les van a habilitar un predio, que habitualmente son galerías, pero la gente no circula por ahí y no son comercios que tengan identidad como para que los clientes los vayan a buscar”.

A su turno, el presidente del FIT, Marcelo Ramal, remarcó que “el desalojo es repudiable, el uso de la violencia y de la represión para abordar una situación de este tipo siempre es para repudiar”, sin embargo especificó que “en este caso en particular es repudiable porque se hace con el argumento de la existencia de mafias en relación a la venta ilegal, pero el gobierno en vez de atacar a las cabezas de estas mafias enquistadas en los talleres clandestinos y la protección que tienen estos por parte de la Policía y el Estado, arremete contra el eslabón más débil de esta cadena que es el desocupado que para procurarse un ingreso tiene que trabajar como mantero”.

Sobre esta misma línea, el legislador aseveró que “rechazamos esta represión pero pensamos que el gobierno también ha montado un teatro represivo que pretende servir como ejemplificador frente a otros conflictos sociales y reclamamos que los manteros sean empadronados y censados”.

“Queremos que se asegure para ellos una salida laboral”, exigió Ramal y sentenció que “el problema de la venta ilegal no podría desenvolverse sin la complicidad de la policía y del propio Estado, es decir que en este caso los mismos que cotidianamente avalan esta cadena que comienza con la producción semi esclava, se han arrogado el hecho de reprimir al eslabón más débil”. No obstante, Ramal explicó que “si se los traslada a un lugar donde no van a poder vender no estamos ante una verdadera solución”.

Por otra parte, la legisladora del FpV Andrea Conde expresó que “así hace debutar el gobierno de la Ciudad a la nueva Policía: reprimiendo a los trabajadores” y añadió que “lo único que se le ocurre a este gobierno de derecha ante el conflicto social es la represión, evidentemente les resulta más fácil ejercer la violencia institucional contra los trabajadores que garantizarles el derecho a un trabajo digno y en blanco”.

El diputado kirchnerista de CNLM Gabriel Fuks aseguró que “el nombramiento del nuevo titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, revela una progresiva securitización del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el espacio público”. De esta manera afirmó que “están queriendo mostrar una ejecutividad combinada con la nueva policía que de nada sirve si no se busca una solución integral a la economía popular no formal”.

“Según un informe de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizado hace unos meses, en la calle Avellaneda las ventas bajaron exponencialmente en todos los locales comerciales luego del desalojo de la venta callejera” advirtió.

Fuks aseveró que el gobierno fue “muy rápido para habilitar 'nuevas tendencias' como los food trucks pero sin tener un plan para incorporar a las cooperativas, y sin plantear la necesidad de abrir nuevas ferias o resolver la venta callejera de manera inclusiva”.