Tal como se esperaba, se publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Gobierno modifica la ley de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de reducir la litigiosidad.

A partir de la norma, en casos de accidentes laborales los trabajadores estarán obligados a pasar por una comisión médica antes de recurrir a la vía judicial, ya que estas serán “la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial”.

Asimismo, las comisiones deberán expedirse -en un plazo máximo de 60 días hábiles- sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad.

Por otro lado, indica que, a los fines de “evitar situaciones de inequidad que hoy se multiplican, los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten en el ámbito de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias deberán integrar el Cuerpo Médico Forense de la jurisdicción interviniente”.

Se trata de una reforma que contaba con media sanción del Senado (aprobada el 21 de diciembre) y esperaba su tratamiento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Gobierno consideró que “esperar los tiempos habituales del trámite legislativo” implicaría “un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

Así se expresa en los fundamentos del Decreto 54/2017, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de todos los ministros del Gabinete nacional.

El Ejecutivo, a través del Decreto, reivindica el Sistema de Riegos del Trabajo creado a través de la Ley 24.557, pero señala que “la experiencia recogida ha puesto en evidencia sus fortalezas y debilidades” y destaca la necesidad de “corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas”.

En este punto señala que “las reformas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes para aliviar aquella situación, pues no han logrado otorgar a la referida Ley 24.557 y sus modificatorias el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible”.

“Tal afectación se ha agravado al punto que, en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales”, agrega.

Régimen de feriados

Otro de los DNU publicado este lunes es el referido al nuevo cronograma de feriados. Con la medida se eliminan los llamados feriados “puente” -promovidos durante el kirchnerismo- y durante el año serán 16 los días no laborables.

Pese a que el proyecto del PEN formaba parte del temario de sesiones extraordinarias, no llegó a ser tratado por ninguna de las cámaras. Según argumenta la necesidad de cumplir con los 180 días de clases previstos por la ley, y la convicción de que los feriados puente no generaron las consecuencias esperadas en el sector turístico y que perjudican la competitividad del sector productivo.

Para reformular el régimen, el Gobierno buscó el mejor equilibrio posible entre tres dimensiones distintas de la vida nacional: 1) la necesidad de garantizar las condiciones para cumplir con los 180 días obligatorios de clase, 2) fomentar la actividad turística en el país y ayudarla a compensar los efectos negativos de la temporada baja, y 3) impulsar la competitividad del sector productivo.

Se establece que “los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior. Los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente”. Las fechas exceptuadas son el Viernes Santo (14 de abril), el 1° y el 25 de Mayo, el 9 de Julio, el 8 y 25 de diciembre, y el 1° de enero.

Cuando corresponda su traslado de acuerdo con el nuevo régimen, los días 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se promoverán jornadas de reflexión en las escuelas y en los espacios de ámbito público.

Un tercer DNU es el que le transfiere al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, 2.995 containers que están incautados o sin reclamar en la Aduana. Así, el Ejecutivo busca que esos elementos, entre los que hay ropa, juguetes y comida, entre otras cosas, se repartan entre organizaciones vulnerables o en zonas de catástrofe.

En el Congreso, la oposición ya adelantó que resistirá a los DNU ,sobre todo el referido a la ley de ART, en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que preside el diputado Mario Cleri (FpV).