Los diputados del Partido Obrero Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López realizaron este lunes una concurrida audiencia pública en repudio al pedido de juicio político del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo, por haber fallado a favor de la paritaria bancaria.

Del encuentro participó el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, junto con una delegación de la comisión directiva.

Allí también se planteó el rechazo del traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad, que promueve el gobierno de Mauricio Macri a través de cuatro proyectos de ley pendientes de tratamiento en el Congreso Nacional y en la Legislatura porteña.

Se contó con la presencia de jueces, abogados laboralistas y representantes de las comisiones internas del fuero Laboral, Civil y Penal Nacional, y del fuero Civil y Comercial Federal.

“Esta audiencia busca un pronunciamiento contra el juicio político orquestado sobre los jueces de la Cámara Nacional Laboral que ratificaron el acuerdo paritario bancario, el cual superó el techo salarial de Macri y las patronales”, dijo Sosa, en alusión al aumento del 24,3% que incluye además la cláusula gatillo.

Para la legisladora mendocina, “la parcialidad que le adjudican a los jueces es la que tiene el propio Gobierno, que debería respetar los acuerdos de las mesas paritarias, en vez de sabotearlos”.

Pitrola, por su lado, postuló la defensa a los jueces Arias Gibert y Marino al denunciar un “atropello jurídico, político y sindical” y “una ofensiva de fondo para formatear el Estado y la Justicia en sintonía con el ataque a los derechos de los trabajadores”.

El diputado del PO impulsa un proyecto de declaración contra el pedido de juicio político que también fue acompañado por otros bloques, como el Frente Renovador y Libres del Sur.

Pablo López, quien cerró la audiencia, enfatizó que “el ataque a los jueces forma parte de un ataque a los derechos laborales y gremiales de los trabajadores en todo el país”, y puso como ejemplo que en su provincia, Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey “pidió sancionar a una fiscal por no haber desalojado a una comunidad originaria usurpada por los terratenientes”.