La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este jueves en el Senado que el proyecto de ley que limita las excarcelaciones permitirá “reconstruir la confianza” en la sociedad y resaltó que actualmente existe “una sensación de impunidad”.

Ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, la funcionaria abogó por la sanción de la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena (24.660) para prohibir las salidas transitorias y la libertad condicional a personas condenadas por delitos graves.

“Los delitos que no van a poder gozar del beneficio son homicidio, delitos contra la integridad sexual, robos con arma, en poblado y seguidos de muerte; secuestro extorsivo, trata de persona, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico”, explicó.

Bullrich sostuvo que estos delitos “ofenden fuertemente a la sociedad”. “Esta es una ley importante que nos va a permitir reconstruir la confianza. Hoy hay una sensación de impunidad”, subrayó.

Además, la ministra negó que el Senado no haya querido tratar la ley, a causa de las protestas de penitenciarios en distintas cárceles del país. “No es una reacción a lo que sucedió, estaba planeado en la agenda desde febrero. En el medio sucedió una desgracia, que impactó a toda la Argentina, el brutal asesinato de Micaela García, pero esto se iba a discutir”, aclaró.

Recordó que en 2011, por unanimidad de ambas cámaras del Congreso, se sancionó una modificación a la ley 24.660 para que los violadores sexuales no gocen del beneficio de las salidas transitorias, pero esa norma fue declarada inconstitucional. “Es llamativo que en ese momento no tuvo discusión pública el fallo”, remarcó.

Bullrich garantizó que a los autores de delitos graves igualmente “se los va a resocializar”, pero señaló que es necesario realizar un “tratamiento individualizado” con cada recluso, ya que en la mayoría de los casos, para otorgar los beneficios de salidas transitorias, solamente se evalúa la buena conducta, cuando también es importante que “las personas sean capaces de comprender lo que hicieron y cambiar”.

La funcionaria consideró que en el país “hay una necesidad de transformar la política criminal” y “todos tenemos que hacernos cargo”. “La política criminal va a ser siempre mejor en la medida que haya menor pobreza”, añadió. “Tenemos mucho que cambiar en los sistemas penitenciarios”, continuó y puntualizó que cárceles como la ubicada en Villa Devoto “ya no tienen sentido, son obsoletas”.

Al momento de las consultas, el senador chubutense Mario Pais (PJ-FpV) propuso incorporar el delito de contrabando a la lista de delitos que no gozarán de estos beneficios, algo en lo que coincidió el formoseño Luis Naidenoff (UCR). Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti solicitó la “agenda” que el Ministerio de Seguridad tiene en cuanto a la resocialización de los presos y el “plan de capacitación” al respecto, porque “es fundamental para debatir esta ley”.

Ronda de expositores

Invitado a exponer en la reunión, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, enfatizó: “La víctima está absolutamente abandonada y tiene que tener un rol central en el proceso penal”. Recomendó “armonizar” las nuevas modificaciones con el Código Penal y dijo: “enfoquemos el derecho penal desde la víctima para poder cambiar el paradigma”. “Los países seguros son donde se detiene, se condena y la condena se cumple”, agregó.

En contra del proyecto de ley, el juez de ejecución penal Marcelo Peluzzi advirtió sobre la posibilidad de hacer una reforma “sin prever estructuras y presupuesto”. “No creo que podamos solucionar con la simple sanción de una ley lo que está sucediendo”, sostuvo y reclamó que “no está prevista la creación de más cárceles” y “hoy por hoy no hay lugar en los penales”. “No sé si está ley va a ser efectiva”, dijo.

En tanto, la antropóloga Rita Segato alertó que “las cárceles son escuelas de violadores”. “Estamos castigando al violador con un lugar donde va a aprender a violar”, resaltó y también apuntó que los jueces “no comprenden el crimen sexual, no tienen formación para entenderlo”.

Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, consideró: “Creemos que hay que abordar el debate, pero no estamos de acuerdo en cómo se hace en esta ley”. “La situación de las cárceles es explosiva”, comentó.

Por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Eva Asprella puntualizó en la necesidad de prevenir estos delitos y tener “políticas específicas” para ello. “La respuesta no puede ser aprobar un proyecto de ley que no discute de ninguna manera la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que solo plantea en un decálogo de delitos. Es un proyecto que solamente plantea una receta que ha sido ineficaz”, opinó.