En una nueva muestra de una alianza inminente de cara a las elecciones de octubre, los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron dos iniciativas que ponen el foco en la economía, un tema que el oficialismo pretende mantener al margen para la campaña.

Una de las iniciativas, presentada en conferencia de prensa el pasado viernes, es la que aspira a bajar los precios de los productos de la Canasta Básica, a través de la “Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado”. En tanto, el otro proyecto propone declarar la emergencia alimentaria y fomentar la competencia en las góndolas.

Respecto de la tasa cero de IVA, el beneficio alcanzaría a los consumidores finales y, en el caso de ventas al por mayor, para los monotributistas que “su actividad principal consista en la venta al por menor de productos alimentarios y bebidas”.

El proyecto indica que la Secretaría de Comercio deberá, a los 30 días de sancionada la ley, definir el listado detallado de productos, aunque se establecen once grandes rubros: pan, arroz, harina de trigo, fideos, papa, azúcar, carnes, huevo, leche, aceite y yerba.

Por otro lado, se invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherirse a la ley “adoptando medidas tendientes a gravar a tasa cero en relación a los impuestos y tasas locales que recaigan sobre la venta” de dichos productos.

“En los últimos 16 meses el precio de la Canasta Básica Alimentaria aumentó cerca de 50%, acumulando sólo en 2017, cuando ya rige el esquema de metas de inflación, una suba de 6,3%”, destacaron en los fundamentos Massa y Stolbizer.

La otra iniciativa es la que impulsa la declaración de “la emergencia alimentaria en todo el territorio Nacional a fin de crear y ejecutar los programas y acciones” en un plazo de 12 meses. Entre ellos, se menciona que “el gasto nacional destinado a Seguridad Alimentaria no podrá ser inferior 0,5%” del Presupuesto, y se faculta al jefe de Gabinete “a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias”.

En el texto además se invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios “a definir, en conjunto con el Estado Nacional, una meta de gasto consolidado destinado a Seguridad Alimentaria”.

Otro de los artículos pide la creación de un Consejo de Monitoreo de Precios, encargado de “realizar acuerdos con los distintos actores sectoriales y productivos con el fin de acotar el incremento de determinados precios de bienes que integran la Canasta Básica”.

En el mismo proyecto se propone un programa, en el ámbito de la Secretaría de Comercio, de “medidas para la reducción de distorsiones de precios en las ventas minoristas y el fomento de la competencia en góndolas”.

A través de esta medida, los supermercados e hipermercados “estarán obligados a que para cada categoría de productos, ninguna marca individual, o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del Programa, y 30% el segundo año y subsiguientes, con sus respectivos precios finales y unitarios”.

A continuación, parlamentario.com transcribe las iniciativas presentadas por el Frente Renovador.

MEDIDAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA Y LA REDUCCIÓN DE LAS DISTORSIONES DE PRECIOS EN LA ECONOMÍA

TÍTULO I

Emergencia Alimentaria y gasto en seguridad alimentaria

Artículo 1º.- Emergencia Alimentaria. Declárese la emergencia alimentaria en todo el territorio Nacional a fin de crear y ejecutar los programas y acciones que se proponen en la presente, por el plazo de DOCE (12) meses.

Artículo 2º.- Piso de gasto nacional en Seguridad Alimentaria. El gasto nacional destinado a Seguridad Alimentaria durante la vigencia de lo dispuesto en el artículo precedente no podrá ser inferior al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del Presupuesto de la Administración Pública Nacional.

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 3°.-Invitase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a definir, en conjunto con el Estado Nacional, una meta de gasto consolidado destinado a Seguridad Alimentaria durante la vigencia del artículo primero de la presente y para los ejercicios subsiguientes.

TÍTULO II

Medidas para la estabilización de los precios de la Canasta Básica Alimentaria

Capítulo I

Consejo de Monitoreo de Precios

Artículo 4º.- Creación. Créase el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS, que se regirá por las disposiciones del presente Títulopara el seguimiento y monitoreo de los precios al consumidor de un subconjunto de productos que integran la CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS y la definición y aplicación de medidas tendientes a moderar sus incrementos durante la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1°, por un lado, y llevar a cabo acciones que aminoren las distorsiones de precios de los bienes y servicios existente en la economía, por el otro.

Artículo 5º.- Funciones y obligaciones. Son funciones y obligaciones del CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS:

a) Será la Autoridad de Aplicación de las medidas dispuestas en el presente Título y dictará las normas necesarias para su implementación;

b) Realizar acuerdos con los distintos actores sectoriales y productivos con el fin de acotar el incremento de determinados precios de bienes que integran la CANASTA BÁSICA, siempre garantizando su normal abastecimiento, durante la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1°, para cual deberá:

i. Definir el listado detallado de los productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, que no podrá ser más acotado que elestablecidoen el Anexo I de la presente,que serán objeto del monitoreo y contención de precios.

Dicho listadodeberá contener el detalle de las variedades y artículos incluidos para cada uno de los subgrupos y productos que define el Anexo I de la presente.

Los productos del listado conformarán el subconjunto que en adelante se denominará de “Productos básicos monitoreados”;

El CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS deberá, en un plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la sanción de la presente, presentar al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el listado detallado de los productos y sus variedades y artículos definido en los párrafos precedentessobre los cuales se realizará el monitoreo.

ii. Realizar el monitoreo mensual y sistemático de los precios de los “productos básicos monitoreados” definidos en el apartado precedente, verificando que los precios al consumidor de dichos productos se encuadren dentro de los acuerdos firmados y de los topes que establece el apartado iv) del presente inciso y el artículo 13°;

iii. Realizar el monitoreo mensual y sistemático del normal abastecimiento de la totalidad de los “productos básicos monitoreados” definidos en el apartado i), llevando a cabo las acciones necesarias para garantizarlo en caso de verificarse faltantes o cualquier otra anomalía de oferta;

iv. Aplicar las medidas contenidas en el artículo 7° a fin de reducir los precios del subconjunto de “Productos básicos monitoreados”de manera tal que se cumpla con los topesque establece el artículo 13°;

v. Implementar sistemas de monitoreo on-line para los precios del subconjunto de “Productos básicos monitoreados” y el resto de los precios de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA.

c) Llevar a cabo acciones que aminoren las distorsiones de precios de los bienes y servicios existente en la economía, para lo cual deberá:

i. Coordinar larealizaciónde estudios de cadenas de valor sectoriales en conjunto con el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y los actores de los distintos encadenamientos productivos, de forma tal de identificar distorsiones de precios en los bienes y servicios en dichos encadenamientos;

ii. Llevar a cabo las acciones posibles dentro de la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL tendientes a eliminar o disminuir las distorsiones de precios detectadas, acotar el nivel y variación de los precios de forma estructural, e incrementar el abastecimiento de los bienes y servicios de dichos sectores;

iii. Proponer medidas para dichos sectores al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN con el fin de acotar el nivel y variación de los precios de forma estructural, e incrementar el abastecimiento de los bienes y servicios de dichos sectores;

iv. Solicitar la aplicación de Cláusula de Impedimentode Prácticas Abusivas definida en el Título IV de la presente Ley en los casos donde se detecte la necesidad.

d) Informar mensualmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN acerca del seguimiento del listado de “Productos básicos monitoreados”,la evolución de susprecios y su abastecimiento, así como las medidas implementadas y por implementarse, los estudios de cadenas de valor en curso y por encararse y las medidas aplicadas y por aplicarse tendientes a acotar el nivel y variación de los precios de los distintos bienes y servicios de la economía de forma estructural, e incrementar el abastecimiento

Artículo 6º.- Miembros del Consejo. El CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS estará integrado por:

a) El ministro de PRODUCCIÓN, o quien él designe.

b) El Secretario de COMERCIO INTERIOR, o quien él designe.

c) El Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, o quien él designe.

d) El Director Nacional de DEFENSA DEL CONSUMIDOR, o quien él designe.

e) El Director del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, o quien él designe.

f) El ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, o quien él designe.

g) El Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, o quien él designe.

Artículo 7º.- Medidas a aplicar por parte del Consejo para estabilizar los precios de la Canasta Básica. A fin de garantizar que los precios del subconjunto de “productos básicos monitoreados” no supere los topes establecidos en el apartado iv) del inciso b) del artículo 5° y el artículo 13°, el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS podrá:

a) Celebrarconvenios y/o acuerdos de precios con cualquier eslabón de la cadena de dichos productos;

En caso que el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS detecte la necesidad de disponer una reducción de impuestos nacionales, de manera transitoria o permanente, sobre uno o más eslabones de un sector productivo, y que ello redundará en una baja sustancial de los precios al consumidor del “subconjunto de precios monitoreados”, o de otros componentes de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, deberá enviar un proyecto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN detallando el impacto estimado en los precios finales, el costo fiscal, y toda otra información que considere relevante.

b) Celebrar convenios con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos municipales mediante los cuales se establezcan, entre otras medidas, reducciones de impuestos provinciales y tasas municipales en cualquier eslabón de la cadena productiva y de cualquier producto incluido dentro del subconjunto de “productos básicos monitoreados” en los acuerdos de precios que el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS firme con los actores sectoriales correspondientes;

c) Establecer precios máximos sobre productos específicos de manera temporal;

d) Aplicar sanciones en caso de eventuales incumplimiento de los acuerdos y convenios, de oferta de los productos, y de todo lo que el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS determine en relación a dichos acuerdos y convenios;

Capítulo II

Fondo Compensador de aumentos en los Precios de la Canasta Básica Alimentaria

Artículo 8º.- Creación. Créase el FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, que será administrado por el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS.

Artículo 9º.- Integración. FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA estará integrado por:

a) Integración inicial:

i. Con el SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5%) de las partidasde los programas presupuestarios de gastos corrientes del Presupuesto Nacional que al momento de la integración del FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA registren una ejecución devengada inferior a la establecida como base mínima en el Anexo II de la presente ley.

ii. Con el aporte inicial extraordinario que el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS determine en función de las necesidades de aplicación para el corto plazo, siempre y cuando lo dispuesto en el apartado precedente resultase insuficiente para dichos fines y el aporte pueda luego ser tomado a cuenta de los recursos dispuestos por el inciso b) del presente artículo.

b) Integración mensual:

i. Los recursos tributarios excedentes a la Ley N° 27.341;

ii. Los aportes que el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS determine necesarios, los cuales deberán ser informados y detallados al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN;

iii. El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley;

iv. Los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado Nacional;

v. Los aportes privados destinados a este fondo.

La integración inicial del FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA deberá realizarse antes del 30 de junio de 2017.

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 10.- Aplicación. El FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA se aplicará exclusivamente a:

a) Las eventuales compensaciones que se deriven del artículo 14° de la presente Ley.

b) El financiamiento de los estudios de cadenas de valor enunciados en el inciso c) del artículo 5°.

c) Cubrir eventuales aportes nacionales que formen parte de los Convenios con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos municipales descritos en el inciso c) del artículo 7°.

Artículo 11.- Rendición de Cuentas. El CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS deberá informar mensualmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN acerca de la evolución del FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, detallando su integración, sus aplicaciones, sus saldos y sus necesidades futuras.

Capítulo III

Monitoreo de Precios de la Canasta Básica y compensaciones por desvíos

Artículo 12.- Monitoreo de los Precios de la Canasta Básica. El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS deberá publicar mensualmente en el informe de “Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total. Gran Buenos Aires”la evolución de los precios medios del subconjunto“Productos básicos monitoreados”, los cuales deberán presentarse tanto de forma individualizada como agrupados según lo que establece el Anexo III de la presente,bajo el nombre de “Índicede productos básicos monitoreados”.

El “Índice de productos básicos monitoreados” se tomará como referencia para el monitoreo, y para el cálculo de los eventuales desvíos que se estipulan en el artículo 13°.

Asimismo, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS remitirá mensualmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN un informe detallado de los precios de dichos productos.

Artículo 13.- Topes de aumento para los productos de la Canasta Básica. Los acuerdos de precios realizados para el subconjunto de “Productos básicos monitoreados”tendrán al mes de marzo de 2017 como mes base, y deberán garantizar reducciones iniciales en relación al mes base de manera tal que en el mes de marzo de 2018 los precios sean a lo sumo iguales a los dicho mes base.

Asimismo, a los efectos de calcular la necesidad de compensación a sectores vulnerables ante desvíos de precios,según se establece el artículo 14°, el “Índice de productos básicos monitoreados” definido en el artículo 13° no podrá registrar variaciones porcentuales acumuladas en relación al mes base para las distintas fechas de corte,o topes trimestrales, superiores a las descritas a continuación:

Artículo 14.- Compensación a sectores vulnerables ante desvíos de precios. En caso que el “Índice de productos básicos monitoreados” registre en alguna de las fechas de corte detalladas en el artículo precedente un desvío positivo, definido como una variación porcentual acumulada superior a la establecida para cada fecha de corte, el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS deberá realizar una compensación monetaria extraordinaria a los sujetos comprendidos en el artículo 15° de la presente Ley.

Dicha compensación será equivalente a:

a) El CINCO POR CIENTO (5%) del haber o programa social para los sujetos comprendidos en los incisos a) a f)del artículo 15°, y el DOS POR CIENTO (2%) del SALARIO MÍNIMO, VOTAL Y MÓVIL para los sujetos comprendidos en el inciso g) del artículo 15°, en caso que en la fecha de corte de referencia se verifique un desvío positivo inferior a CINCO PUNTOS PORCENTUALES (5 p.p.).

b) El DIEZ POR CIENTO (10%) del haber o programa social para los sujetos comprendidos en los incisos a) a f)del artículo 15°, y el CUATRO POR CIENTO (4%) del SALARIO MÍNIMO, VOTAL Y MÓVIL para los sujetos comprendidos en el inciso g) del artículo 15°, en caso que en la fecha de corte de referencia se verifique un desvío positivo inferior a CINCO PUNTOS PORCENTUALES (5 p.p.).

La compensación dispuesta se realizará de manera mensual y consecutiva hasta el fin de la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1°, o que en el subsiguiente cálculo de compensación la variación acumulada del “Índice de productos básicos monitoreados” se ubique por debajo de lo establecido en el artículo 13°.

La compensación se financiará con recursos del FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA. En caso que estos resulten insuficientes, el TESORO NACIONAL deberá integrar la diferencia, que será reintegrada en los meses subsiguientes, siempre y cuando existan recursos disponibles en el FONDO COMPENSADOR DE AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA.

Artículo 15.- Beneficiarios de la eventual compensación ante desvíos de precios. Serán beneficiarios de la compensación determinada en el artículo precedente los sujetos que perciban:

a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento en una suma mensual que no exceda el haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias;

b) La asignación universal por hijo para protección social;

c) La asignación por embarazo para protección social;

d) Pensiones no contributivas nacionales en una suma mensual que no exceda del haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias;

e) Los beneficiarios del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR);

f) Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, creada por el Título III de la Ley 27.260.

g) El personal de casas particulares definido en la Ley N° 26.844

Artículo 16.-El gasto que demanden las compensaciones se computará para el cálculo de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Ley.

TÍTULO III

Medidas para la reducción de distorsiones de precios en las ventas minoristas y el fomento de la competencia en góndolas

Artículo 17.-Creación del Régimen.Créase en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO, dependiente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el “Programa de Medidas para el fomento de la competencia y reducción de distorsiones de precios en las ventas minoristas” en canales de venta de productos de consumo masivo a cargo de grandes empresas o grupos económicos,cuyo objeto es la reducción de distorsiones de precios minoristas originadas en la falta de competencia.

Artículo 18.- Autoridad de Aplicación. La SECRETARÍA DE COMERCIO, dependiente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, será la Autoridad de Aplicación de las medidas contenidas en el presente Título.

Artículo 19.- Sujetos abarcados.Están comprendidos en las disposiciones del presente Capítulo los Supermercados y Supermercados Totales o Hipermercados, de acuerdo con la Ley 18.425, cuenten con más de CINCUENTA (50) bocas de expendio en el ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA. En el cómputo de las bocas de expendio se considerará la suma de la totalidad de bocas de un mismo grupo económico.

Artículo 20.- Categorías de productos.Se entenderá por “categoría de productos” a la apertura a CINCO DÍGITOS del ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR que elabora el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

La SECRETARÍA DE COMERCIO deberá, en el lapso de TREINTA (30) días de promulgada la presente Ley, confeccionar un listado de las distintas categorías de productos que comercializan los sujetos indicados en el artículo 19°, y arbitrará los medios para su publicidad a la población en general.

El listado deberá contener como mínimo la totalidad de productos de alimentos, bebidas, higiene y limpieza del hogar.

Artículo 21.- Estímulo a la competencia.A los fines de estimular la competencia de productos, los sujetos indicados en el artículo 19° estarán obligados a que para cada categoría de productos, ninguna marca individual, o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del CUARENTA POR CIENTO (40%) del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del Programa, y TREINTA POR CIENTO (30%) el segundo año y subsiguientes, con sus respectivos precios finales y unitarios.

La Autoridad de Aplicación podrá elevar los topes anteriormente definidos a CINCUENTA POR CIENTO (50%) y CUARENTA POR CIENTO (40%) respectivamente, para las bocas de expendio de menor cantidad de metros cuadrados, siempre y cuando en función del mismo estudio de segmentación las bocas de expendio de mayor cantidad de metros se encuadren en los topes definidos en el primer párrafo del presente artículo.

En caso de aplicar topes diferenciados en función de un estudio propio, la Autoridad de Aplicación deberá publicar y remitir a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el estudio de segmentación con las fundamentaciones pertinentes.

Artículo 22.- Reducción de costos por límites a los abusos de posición dominante. A los fines de reducir los costos para los proveedores de los sujetos indicados en el artículo 19°, se deberán cumplir con las siguientes condiciones en la relación entre los proveedores y los establecimientos de ventas minoristas:

a. El plazo máximo de pagos no podrá superar los NOVENTA (90) días; los proveedores podrán aplicar los intereses que determine la Autoridad de Aplicación en caso de pagos realizados fuera de término, siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas por el incumplimiento.

La Autoridad de Aplicación podrá reducir este tope en función del tamaño o facturación de los proveedores.

b. Los sujetos indicados en el artículo 19° no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedoresretenciones económicas o débitos unilaterales; estos últimos sólo podrán aplicarse por mutuo acuerdo y cuando las condiciones para realizarlos estén expresamente contempladas en el contrato que los vincula;

c. En la negociación contractual entre los sujetos indicados en el artículo 19° y el proveedor de uno o varios productos determinados no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia;

d. En la negociación de precios entre los sujetos indicados en el artículo 19° y el proveedor de uno o varios productos determinados no podrán interponerse las condiciones o variaciones de los precios de terceros proveedores;

Artículo 23.- Sanciones por retaliaciones. En caso de sufrir retaliaciones por la aplicación de las medidas dispuestas en el presente Título, los proveedores podrán denunciar a los sujetos indicados en el artículo 19°ante la SECRETARÍA DE COMERCIO, quien podrá efectuar las sanciones que se establecen en el artículo 27°.

Artículo 24.- Incumplimiento por falta de competencia.En caso que para una determinada categoría de productos, por cuestiones de índole técnico las disposiciones del artículo 21° sean de imposible cumplimiento, la SECRETARÍA DE COMERCIO deberá, previa evaluación del caso, establecer un cronograma para ajustarse a lo dispuesto en dicho artículo,cuyo plazo máximo no podrá ser superior a UN (1) año.

Artículo 25.- Incumplimiento transitorio por falta de competencia. En caso que para una determinada categoría de productos los sujetos indicados en el artículo 21° no puedan cumplir transitoriamente con lo que establece el artículo 21°, deberán informar a la SECRETARÍA DE COMERCIO las razones fundadas por dicho incumplimiento y plazo esperado para ajustarse a lo dispuesto en dicho artículo, que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles.

Artículo 26.- Difusión del Programa. La Autoridad de Aplicación deberá difundir en medios nacionales y locales, en la vía pública y en la web, los objetivos y contenidos del Programa.

Asimismo, deberá habilitar una línea telefónica gratuita para recepción de denuncias de falta de competencia para consumidores y asociaciones de consumidores.

Artículo 27.- Plazo. – Los establecimientos contemplados en el artículo 19° tendrán un plazo de SESENTA (60) días a partir de la promulgación de la presente Ley para hacer las modificaciones que sean necesarias e implementar las disposiciones del presente Título.

Artículo 28.- Sanciones.En caso de incumplimiento a las disposiciones del presente Título la Autoridad de Aplicación aplicará las sanciones que se encuadren dentro de su órbita de competencia, y cuando corresponda deberá solicitar la intervención de otros organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Asimismo, podrá solicitar la aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas que se define en el Título IV de la presente.

TÍTULO IV

Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas

Artículo 29.- Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas.Créase el mecanismo para la aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas, basada tanto en factores internos como externos, sean estos técnicos, derivados de regulaciones, o de prácticas que distorsionan los mercados.

Artículo 30.- Solicitud de aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas.Cualquier consumidor, asociación de consumidores, empresa, grupo de empresas, la SECRETARÍA DE COMERCIO o el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS creado en el Título II de la presente Ley, podrá presentarse ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, solicitando la aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas creada en el presente Título.

Artículo 31.- Recepción y análisis por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.La COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recepcionará los pedidos de aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas y evaluará la naturaleza de las distorsiones contenidas.

Artículo 32.-Necesidad de aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas. La COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA deberá determinar la aplicación de la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivasel lapso de TREINTA (30) días.

La necesidad de aplicación de esta Cláusula deberá estar fundamentada en la demostración de la práctica abusiva y en términos de los beneficios que se derivan de su aplicación en materia de la reducción de distorsiones de precios que traería aparejada la deposición de la práctica abusiva denunciada, y del impacto potencial en materia de reducción de dichos beneficios que se derivarían en caso de seguir el trámite normal ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Finalizada la evaluación sobre la necesidad de aplicar la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas, y ante la conclusión de que las distorsiones evaluadas pueden derivar en un mayor beneficio en los términos de lo que expone el presente artículo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA propiciará el dictado de la medida a adoptar según lo establecido en el Artículo 33º de la presente norma.

Artículo 33.- Medidas a aplicar por parte del Autoridad de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.La COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,amparándose en la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas,para eliminar las distorsiones contenidas, podrá:

a) Aplicar multas y sanciones monetarias de hasta UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000) diarios, contados desde el momento del dictado de la aplicación de la Cláusula, siempre y cuando las mismas se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 25.156;

En la aplicación de multas, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes anticompetitivos del responsable tanto en la REPÚBLICA ARGENTINA como en el extranjero, así como su capacidad económica.

La multa establecida nunca podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona sancionada en la actividad prohibida, siempre que sea posible su estimación y no supere el tope establecido en el primer párrafo del presente artículo.

b) Imponer sanciones complementarias de inhabilitación para ejercer el comercio durante la vigencia de lo establecido en el artículo 1° a la persona jurídica que ha cometido la infracción.

c) Disponer medidas que aumenten la transparencia en la formación y comunicación de precios;

d) Solicitar la aplicación de medidas de frontera y/o política arancelaria que amplíen la oferta;

e) Solicitar la inmediata disposición de forma temporaria un aumento de los derechos de exportación o una baja de reintegros a la exportación del producto involucrado destinado a un mejor abastecimiento del mercado local;

f) Solicitar la inmediata imposición de límites a la exportación de bienes cuya oferta local se considere prioritaria en la cadena productiva;

g) Solicitar la inmediata remoción obstáculos técnicos que frenen la posibilidad de importar;

h) Aplicar cualquier otra medida para la cual la Autoridad de Aplicación esté facultada por la normativa vigente.

En caso que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA determine la necesidad de aplicación de las medidas descritas en los incisos d) a g), el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá dar respuesta en un lapso no mayor a TREINTA (30) días corridos.

Artículo 34.-La COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA queda facultada para que dicten las normas reglamentarias y/o complementarias para la aplicación del presente régimen.

Artículo 35.-El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará la presente dentro de los TREINTA (30) días de su sanción.

Artículo 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.

ANEXO I

El mínimo de productos de la Canasta Básica sujetos al monitoreo mensual y sistemático de sus precios y abastecimiento en los términos de la presente Ley se detallan en el cuadro a continuación.

ANEXO II

A los efectos de calcular la integración inicial del FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, se tomará la base mínima de ejecución (definida como el porcentaje del presupuesto devengado) en función de la siguiente tabla:

Al momento de la integración inicial, se considerarán todas aquellas partidas presupuestarias, únicamente gastos corrientes y a nivel programa. La integración inicial del FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA se conformará con la detracción del DIEZ POR CIENTO (10%) del crédito vigente de las partidas en cuestión que registren niveles de ejecución por debajo de la base mínima.

En caso que la integración inicial se realice en una fecha intermedia entre dos de los valores incluidos en la tabla anteriormente expuesta, la base mínima de ejecución se calculará interpolando el valor anterior y el posterior.

ANEXO III

El índice de precios básicos monitoreados que refiere el Capítulo III del Título II se construirá con la siguiente estructura de ponderaciones:

La variación mensual de cada subgrupo se aplicará sobre el índice correspondiente a cada uno de esos productos.

La variación acumulada a la que refieren los artículos 13° y 14° se calculará sobre el mes base.

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS podrá calcular la variación mensual de cada subgrupo armado a partir los productos incluidos en el listado que refiere el artículo 5° y que confeccione el CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS, siempre y cuando publique los precios medios mediante los cuales construye cada subgrupo.

Hasta que el listado no esté disponible, se utilizarán los precios medios de los productos que se publican en el informe del INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, aplicando promedios simples de los precios de los productos en caso que en un subgrupo determinado haya precios de dos o más productos.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

No hay dudas que la inflación, definida como el aumento generalizado de los precios en la economía, es un fenómeno de carácter macroeconómico. Sin embargo, tampoco quedan dudas que también existen otros factores -de índole fiscal, fallas de mercado, prácticas anticompetitivas, expectativas, etc.- que también inciden en la formación de los precios.

La inflación en la Argentina lógicamente no es un fenómeno novedoso: en los últimos 73 años la Argentina mostró una inflación promedio anual de 61% (53% excluyendo la hiperinflación del ’89). Si bien en el último proceso inflacionario (2007-2016) el promedio ha sido menor (27% anual), cabe señalar que se registró en un proceso donde la inflación mundial (3,8% promedio anual) y en emergentes (5,8% promedio anual) fue históricamente baja. De hecho, Argentina en la última década se ubicó en el top 5° mundial en la materia.

En 2016 la Argentina mostró la tasa de inflación más elevada de los últimos 14 años (+40,3%), y en el primer trimestre de este año, lejos de desacelerarse, la suba de precios acumuló más de 6%.

Si bien en buena medida esto obedeció a los agudos ajustes tarifarios, no es menos cierto que en los últimos 16 meses el precio de los alimentos y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron en el orden del 48%.

Más aún, la “desinflación” que produjo la reversión de la suba de tarifas en el tercer trimestre de 2016no se concentró en el precio de los alimentos, que continuaron creciendo en torno del 2% mensual. Esta dinámica en parte explica como en dicho período, donde la canasta básica de un hogar indigente creció 4 puntos por encima de la de un hogar pobre, la pobreza se redujo en casi 2 p.p. pero la tasa de indigencia permaneció inalterada.

Esto también explica cómo el poder adquisitivo de los segmentos más vulnerables de ingresos fijos (jubilados y perceptores de planes sociales) perdió desde diciembre de 2015 casi 10% de su poder de compra al deflactar por la Canasta Básica Alimentaria.

El gobierno nacional apuesta a reducir la inflación únicamente mediante la política monetaria (metas de inflación). Más allá de las dudas en cuanto a su efectividad dadas las condiciones que deben cumplirse para que ese esquema sea exitoso en el mediano plazo, lo que resulta claro es que en el corto plazo el esquema no sólo atenta contra la producción, sino que no está resultando ser eficaz para morigerar la suba de precios. Prueba de esto es que el Banco Central acaba de reconocer que “si bien el comportamiento de los precios regulados era esperado, el resto de los rubros presentó variaciones mayores a las previstas por la autoridad monetaria” (Informe de Política Monetaria, abril 2017).

En este contexto, consideramos oportuno la aplicación de las diversas medidas que propone el presente Proyecto de Ley, que apuntan, vía la reducción de las distorsiones contenidas en los precios de los bienes y servicios de la economía (en especial los de la Canasta Básica), a mitigar los efectos que la falta de eficacia en materia inflacionaria genera sobre el poder adquisitivo de los segmentos más vulnerables de nuestra población.

En este sentido, el proyecto se estructura sobre cuatro ejes centrales.

El primer eje, plasmado en el Título I, consiste en la declaración de emergencia alimentaria. Si bien la grave situación social del país no se equipara con agudas situaciones vividas en años recientes (por caso 2002), no es menos cierto que la situación alimentaria en un cuadro social con un tercio de pobreza por ingresos y más de la mitad de la población con al menos una carencia en materia de derechos sociales al menos debe equipararse a otras áreas donde está declarada la emergencia, como en la estadística, en adicciones, en seguridad, en materia hídrica y sigue vigente la emergencia económica.

Dentro de este primer eje, se propone elevar el gasto en Seguridad Alimentaria a 0,5% del Presupuesto Nacional. Si bien este programa (ahora llamado “Políticas Alimentarias”), destinado a atender a la población en situación de vulnerabilidad nutricional, muestra en el Presupuesto 2017 un importante en relación a 2016 (sube de 0,23% a 0,31% del Presupuesto), ha venido perdiendo participación sistemáticamente en los últimos años. El nivel propuesto (0,5% del Presupuesto) lo asemeja al promedio registrado en 2009-2011 (0,51%).

Pero más allá de reforzar el esfuerzo estatal en la materia, lo que en el fondo busca el proyecto con la emergencia alimentaria es generar el marco mediante el cual el Poder Ejecutivo cuente con herramientas para atacar a fondo la problemática de los precios, con foco en los productos de la Canasta Básica.

Por ello es que el segundo eje del Proyecto, quese incorpora en el Título II,compete a lograr que en el lapso de un año, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, los precios de la Canasta Básica tengan el mismo nivel que tienen hoy. En un marco inflacionario (nuevamente, distinguiendo nivel y variación), este objetivo implica que los precios objetivo deberían reducirse hoy en alrededor de 20%.

Obviamente los precios no van a, ni pueden, bajar sólo porque una Ley lo diga. En este sentido, lo que se propone es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para que pueda, mediante acuerdos de precios con los sectores productivos, garantizar que determinados productos cumplirán la pauta establecida.

En este sentido, se crea un CONSEJO DE MONITOREO DE PRECIOS, integrado por distintos organismos del Poder Ejecutivo (Ministerio de Producción, Defensoría del Consumidor, INDEC, AFIP, Secretaría de Comercio y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia).

El Consejo tiene dos objetivos. El primero es lograr acuerdos de precios con los distintos eslabones de las cadenas productivas (no sólo el eslabón final) de manera tal de que un determinado subconjunto de precios de la Canasta Básica muestre dentro de un año el mismo nivel que hoy, siempre garantizando su normal abastecimiento. Esto es porque, como sabemos, para que sean exitosos los acuerdos de precios deben ser acotados tanto temporalmente (un año) como en cantidad de productos.

A tal efecto, se propone como objetivo el monitoreo y control de 11 productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Si bien la CBA tiene 30 productos, los 11 contemplados representan alrededor de 2/3 de la misma (tanto en gramos como valorizados). No se contemplaron los productos de muy baja incidencia (como legumbres y fiambres), las bebidas alcohólicas ni aquellos con un fuerte componente estacional y oferta atomizada (frutas y verduras).

Para que los acuerdos sean materialmente cumplibles, el Consejo no sólo deberá sentarse a la mesa con todos los actores de las cadenas productivas, sino que podrá sumar también a las Provincias y Municipios, establecer precios máximos temporalmente y apelar a la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas que crea el Título IV.

Pero un elemento importante al que el Consejo puede apelar es, presentando el proyecto pertinente al Congreso, la reducción del componente impositivo que hoy está incorporado en los precios finales, y que en la industria alimenticia alcanzaría a más de un tercio.

Asimismo, el Consejo siempre podrá también solicitar al Congreso otras herramientas que considere necesarias para llevar a la mesa de negociación.

Si, pese a los acuerdos, se verifica que los precios monitoreados continúan en aumento, el proyecto propone que se compense a los sectores más afectados por dicho “fracaso”, con una fracción del ingreso proporcional al desvío incurrido.

Para financiar dichas erogaciones y los gastos en los que el Consejo podría incurrir al celebrar los acuerdos, el proyecto propone la constitución de un Fondo especial, que no debería impactar en la meta fiscal oficial ya que estaría nutrido con parte del crédito de las partidas más subejecutadas y con ingresos no presupuestados. La integración inicial de dicho fondo se calculó para cubrir un desvío de 5% por el lapso de 6 meses, o 10% por el lapso de 3 meses.

En definitiva, lo que se busca es que el Poder Ejecutivo tenga las herramientas necesarias para que estabilice un subconjunto de precios de la CBA en el lapso de un año, como complemento (y no suplemento) a la política macroeconómica de combate a la inflación. En caso de ser exitoso, la reducción de la indigencia que podría verificarse en los próximos meses podría ser muy significativa.

El segundo objetivo del Consejo es estudiar a fondo, en conjunto con el Ministerio de Producción, las cadenas de valor de todos los sectores de la economía, para encontrar y eliminar las distorsiones existentes, pudiendo también solicitar la rápida intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por el mecanismo que crea el Título IV. En este punto, entendiendo la complejidad y profundidad de la materia, el proyecto no establece metas de reducciones de precios. Sin embargo, resulta claro que una intervención exitosa en distintos sectores puede coadyuvar al logro no sólo del primer objetivo, sino también para tener un impacto importante en materia de precios y de funcionamiento de los mercados.

El tercer eje, plasmado en el Título III de este proyecto, compete a la reducción de las distorsiones que existen hoy en las ventas minoristas que se llevan a cabo en supermercados producto de la falta de competencia.

En muchas categorías de productos se verifica una muy elevada concentración de oferta en manos de uno o dos empresas grandes, y esa concentración (posición dominante) otorga a esas empresas la posibilidad de aplicar barreras específicas de entrada que neutralizan la aparición de competencia a menor precio. Casos de esto son el aceite, los lácteos, los enlatados, las mayonesas o los fideos, donde los grandes jugadores concentran más del 70% de la oferta.

La concentración de oferta les permite a estas grandes empresas “inflar” los márgenes de ganancia, ya que no existe la posibilidad de que un competidor que a menor precio desvíe la demanda. El elevado mark-up, a su vez, permite financiar, por ejemplo, los espacios preferenciales en las góndolas, cristalizando la situación.

Lo que propone el presente proyecto es limitar el espacio de góndola que, en cada categoría de producto, puede tener una empresa o grupo económico. Esto no quiere decir que se obligue al consumidor a optar por otras marcas, sino a que el consumidor pueda elegir libremente, derecho que las prácticas de abuso de poder dominante hoy cercenan.

El proyecto específicamente propone limitar al 40% el primer año (y 30% el segundo año) el máximo de espacio de góndola de una categoría de producto que una empresa o grupo económico puede ocupar, de manera de garantizar que por producto haya al menos tres competidores (limitándolo a dos competidores puede dar lugar a colusión). El proyecto se enfoca en las grandes cadenas (más de 50% bocas), que en la Argentina concentran más de tres cuartas partes de la facturación total del sector.

Obviamente, existe la posibilidad de que en varias categorías hoy no exista competencia, y el proyecto prevé flexibilidad para esos casos por el lapso de un año, y no para siempre; parte de la inexistencia de competencia hoy son, en efecto, las barreras de entrada.

Asimismo, el proyecto propone en este Título limitar otras prácticas abusivas (que también se limitaron, por caso, en Ecuador) que inciden en los costos de los proveedores y terminan trasladándose a precios, tales como los débitos unilaterales, los plazos de pago o las condiciones sobre precios y cantidades de productos de terceros proveedores que pueden firmar los supermercados con sus proveedores. También se prevén sanciones por eventuales retaliaciones.

Además, ante la detección de prácticas anticompetitivas, la Secretaría de Comercio (Autoridad de Aplicación de este Título) puede acudir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para la aplicación de la cláusula que prevé el Título IV.

Cabe señalar que los Títulos II y III están intrínsecamente conectados: si la mayor competencia en efecto lleva a una reducción de los precios, el cumplimiento de las metas de precios para los 11 productos de la CBA se facilita enormemente.

El Título IV completa el set de herramientas que el proyecto propone brindar al Poder Ejecutivo para reducir las distorsiones de precios existentes en la economía.

El marco en el cual se propone este último eje parte del claro conocimiento de las debilidades que hoy tiene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para llevar a cabo sus funciones, tan esenciales para una economía con tantos nudos de concentración como la argentina. Resulta claro que ese organismo debe ser reforzado en sus funciones, autonomía y presupuesto.

Sin embargo, a los efectos de que en el marco actual la Comisión cuente con herramientas para actuar rápidamente ante la detección de prácticas anticompetitivas, se crea la Cláusula de Impedimento de Prácticas Abusivas.

Con este mecanismo, una empresa, un grupo de empresas, el Consejo de Monitoreo de Precios (en sus estudios de cadenas de valor o en sus acuerdos sectoriales) o la Secretaría de Comercio (en su aplicación de los topes para ampliar la competencia en supermercados) puede realizar denuncias en la CNDC.

Si se verifica la anomalía (trabajo que en buena medida ya pudo haber realizado el Consejo de Monitoreo de Precios o la Secretaría de Comercio), la CNDC puede imponer sanciones directamente, o solicitar a los organismos del Ejecutivo que correspondan la aplicación de otras medidas de incremento de oferta (fiscales, arancelarias o de frontera).

En definitiva, el presente proyecto propone que el Poder Ejecutivo ataque de fondo las distorsiones de precios en la economía, otorgándole un completo set de herramientas para que tenga respuesta rápida ante las anomalías y denuncias, asignándole metas específicas para estabilizar un subconjunto delimitado de bienes esenciales por un año (donde la reducción del componente impositivo que los infla puede ser una de las llaves) y complementando con medidas que apuntan a reducir los precios finales vía un incremento de la competencia.

Lo que este proyecto en última instancia propone es que, en paralelo al combate del fenómeno macroeconómico de la inflación, el Poder Ejecutivo ataque las distorsiones microeconómicas que afectan el nivel de los precios en la Argentina, de manera de mitigar la erosión del poder adquisitivo que los consumidores, especialmente los más vulnerables, sufrieron en los últimos 16 meses.

Por las razones vertidas, solicito a mis pares me acompañen con su voto al momento de sancionar el presente Proyecto de Ley.

***

“TASA CERO” DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA

TÍTULO I

“Tasa Cero” del Impuesto al Valor Agregado para productos de la Canasta Básica

Artículo 1°.- Impuesto al Valor Agregado. Tasa Cero (0%) para productos de la Canasta Básica.

La alícuota del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, será del CERO POR CIENTO (0%) para las ventas de los productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIAcontenidos en el artículo 2° de la presente cuando el comprador sea un consumidor final, comedores escolares o universitarios, el Estado nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas o gremiales que cuenten con la exención prevista en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

También estarán alcanzadas a la alícuota CERO POR CIENTO (0%) las ventas mayoristas de los productos mencionados cuando el comprador sea un sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes “Monotributo” y en la medida que su actividad principal consista en la venta al por menor de productos alimentarios y bebidas.

Artículo 2°.- Productos incluidos.Están incluidos dentro de lo dispuesto en el artículo precedente todos los productos que integran la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA, según la metodología que aplica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, y que defina la SECRETARÍA DE COMERCIO.

La SECRETARÍA DE COMERCIO deberá en un lapso no mayor a TREINTA (30) días de sancionada la presente, definir el listado detallado de los productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA incluidos en lo dispuesto en el artículo 1°, que no podrá ser más acotado que el establecido en el Anexo I de la presente.

Dicho listado deberá contener el detalle de las variedades y artículos incluidos para cada uno de los subgrupos y productos que define el Anexo I de la presente.

Artículo 3°.- Acumulación de Créditos Fiscales por Operaciones de venta y/o elaboración de productos de la Canasta Básica. El IMPUESTO AL VALOR AGREGADO que por la compra y/o elaboración de productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIAles hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos como mínimo TRES (3) períodos fiscales contados a partir de aquel en el que se hayan realizado las respectivas compras y/o finalizado la elaboración del producto, les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA o, en su defecto, les será devuelto.

Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya sido absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.

No podrá realizarse la acreditación prevista en este artículo contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación como agentes de retención o de percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica.

A efectos de esta acreditación, el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO resultante de la compra y/o elaboración de productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.

Artículo 4°.- No aplicación de Regímenes de Percepción del Impuesto para las compras de productos de la Canasta Básica.

No corresponderá la aplicación de Regímenes de Percepción del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO por las operaciones de venta de los productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIAa los que alude el artículo 2° a los responsables indicados en el artículo 1º de la presente.

Artículo 5°.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Tasas Municipales.

Invitase a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley adoptando medidas tendientes a gravar a tasa cero en relación a los impuestos y tasas locales que recaigan sobre la venta de los productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIAa los que alude el artículo 2° de la presente.

Artículo 6°.- Suspensión de alícuotas vigentes para productos de la Canasta Básica.

Suspéndase cualquier norma que regule el tratamiento en lo referido a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aplicable a los hechos imponibles previstos en el artículo 1º de la presente.

Artículo 7°.- Régimen de devolución por acumulación de saldos técnicos a favor.

Instrúyase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a reglamentar lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la misma siempre en orden a evitar que la misma neutralice los beneficios derivados de la política establecida.

Artículo 8°.- Vigencia.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto para los hechos imponibles que se perfecciones a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia.

Artículo 9°.- Comunicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

ANEXO I

El mínimo de productos de la CANASTA BÁSICA ALIMENTARIAen los términos de la presente se detallan en el cuadro a continuación.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

No hay dudas que la inflación, definida como el aumento generalizado de los precios en la economía, es un fenómeno de carácter macroeconómico. Sin embargo, tampoco quedan dudas que también existen otros factores -de índole fiscal, fallas de mercado, prácticas anticompetitivas, expectativas, etc.- que también inciden en la formación de los precios.

La inflación en la Argentina lógicamente no es un fenómeno novedoso: en los últimos 73 años la Argentina mostró una inflación promedio anual de 61% (53% excluyendo la hiperinflación del ’89). Si bien en el último proceso inflacionario (2007-2016) el promedio ha sido menor (27% anual), cabe señalar que se registró en un proceso donde la inflación mundial (3,8% promedio anual) y en emergentes (5,8% promedio anual) fue históricamente baja. De hecho, Argentina en la última década se ubicó en el top 5° mundial en la materia.

En 2016 la Argentina mostró la tasa de inflación más elevada de los últimos 14 años (+40,3%), y en el primer trimestre de este año, lejos de desacelerarse, la suba de precios acumuló más de 6%.

Más aún, la “desinflación” que produjo la reversión de la suba de tarifas en el tercer trimestre de 2016 no se concentró en el precio de los alimentos, que continuaron creciendo en torno del 2% mensual. Esta dinámica en parte explica como en dicho período, donde la canasta básica de un hogar indigente creció 4 puntos por encima de la de un hogar pobre, la pobreza se redujo en casi 2 p.p. pero la tasa de indigencia permaneció inalterada.

De hecho, en los últimos 16 meses el precio de la Canasta Básica Alimentaria aumentócerca de 50%, acumulando sólo en 2017, cuando ya rige el esquema de metas de inflación, una suba de 6,3%.

En este contexto, consideramos oportuno la aplicación de la “Tasa Cero” para el IVA a los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria, a los fines de mitigar los efectos que la falta de eficacia en materia inflacionaria genera sobre el poder adquisitivo de los segmentos más vulnerables de nuestra población. La eliminación de la incidencia del Impuesto al Valor Agregado sobre los precios finales de estos productos apunta en este sentido.

Entendemos que esto ya se ha intentado en el pasado y las dificultades que presenta para que tenga efecto sobre los precios, dados que por los elevados niveles de informalidad que existe en algunos distintos eslabones de las cadenas que componen el entramado de la producción de alimentos hace que algunos actores puedan “capturar” la baja en desmedro del consumidor final.

Uno de estos elementos es que quien realiza compras para la venta o elaboración de los productos de la Canasta Básica acumula saldos del impuesto que luego no puede descargar, neutralizando la baja de los precios. En este sentido, el Proyecto propone la devolución de los créditos acumulados.

Entendemos también que en 2016 este Congreso aprobó un Régimen de Devolución de IVA a productos de la Canasta Básica, apuntado a los sectores más vulnerables de la población. Si bien este régimen presenta características deseables en cuanto a focalización, en la práctica, debido a los escasos avances en materia de bancarización y al incumplimiento del Poder Ejecutivo en cuanto a las campañas de educación financiera, no ha resultado ser efectivo y hoy es sólo un beneficio teórico, en tanto en los primeros ocho meses de su vigencia menos del 20% de los beneficiarios ha podido acceder a él.

Asimismo, entendiendo que el IVA es sólo una parte de la carga impositiva que hoy tienen los precios finales de los productos, y que el mismo efecto tendría la “Tasa Cero” en tributos provinciales y tasas municipales, se invita a las jurisdicciones a adherir al presente Proyecto.

Por las razones vertidas, solicito a mis pares me acompañen con su voto al momento de sancionar el presente Proyecto de Ley.