El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, puso en marcha este martes la ronda de consultas con partidos políticos, jueces de la Cámara Electoral y ONGs en torno a la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para regular los aportes privados a las campañas electorales.

Según informaron fuentes de Interior, Frigerio recibió en el Salón de los Escudos de su ministerio a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los partidos políticos, entre ellas Poder Ciudadano, CIPPEC y Transparencia Internacional.

Junto a Frigerio estuvieron presentes el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y los diputados nacionales Silvia Lospennato (Pro) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

“Para nosotros la transparencia, el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, y por ende de los partidos políticos, son cuestiones fundamentales. Queremos que haya control sobre el dinero que reciben y gastan los partidos político, queremos transparentar el financiamiento de la política”, remarcó el ministro Frigerio en la presentación de la mesa de trabajo.

Por su parte, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales manifestó que “el eje de la propuesta es la transparencia” y recalcó: “A partir de esta demanda de la sociedad civil trabajaremos este año en la redacción de un proyecto de ley que surja del consenso con todos los actores involucrados en el tema”.

También participó de la reunión el subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan.

El proyecto puesto en debate por el Poder Ejecutivo busca evitar el financiamiento en negro de la política y aumentar los controles para que los gastos de campaña estén disponibles para la ciudadanía y la Justicia en tiempo real.

Para ello, se propone la sanción de una nueva Ley de financiamiento y modificaciones al régimen de campañas del Código Nacional Electoral.

Las reformas propuestas abordan las principales deficiencias del régimen vigente a partir del diagnóstico de los especialistas, la Justicia y los partidos políticos.

Los puntos más destacados de esta iniciativa son:

– Todos los aportes a las campañas deberán ser vía transferencias bancarias.

– Implementación de un registro de aportes y gastos en tiempo real disponible online para el control ciudadano.

– Habilitación de aportes de personas jurídicas hasta un 2% del gasto total de la campaña para evitar contribuciones en negro.

– Creación de un registro de proveedores de bienes y servicios para campañas electorales, a fin de llevar un mejor control de los gastos.

– Se involucrará a los organismos encargados del combate contra el lavado de dinero en el control de los aportes.

– Se elevará a 24 el número de auditores de las campañas (actualmente son ocho).

– Se establecerán nuevas restricciones a la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña y un sistema especial de sanciones por el uso de recursos públicos para fines partidarios.