Fuerte repudio de legisladores al fallo de la Corte sobre lesa humanidad

Diputados de todo el arco opositor hablaron de “retroceso” e “indulto” por el denominado “2×1” aplicado a condenados por crímenes contra los Derechos Humanos. El Pro se mantiene en silencio.

Legisladores nacionales de todo el arco opositor repudiaron con fuerza este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, por el caso de Luis Muiña.

La decisión del máximo tribunal fue por mayoría: Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se inclinaron por la afirmativa; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron con disidencias.

Diputados del Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y Victoria Donda, de Libres del Sur, cuestionaron el fallo supremo, mientras que el Pro se mantuvo en silencio y hubo pocas reacciones públicas del radicalismo.

La bancada del FpV-PJ en la Cámara de Diputados, presidida por Héctor Recalde, emitió un comunicado donde señaló que el fallo “significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos”.

“A 40 años de conmemorarse las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo, el tribunal judicial lleva a la sociedad a épocas retrógradas, caracterizadas por la supresión de toda garantía constitucional y del debido proceso, por persecuciones ideológicas y torturas, con el lamentable saldo de 30 mil desaparecidos que el gobierno de Macri ignora”, alertaron.

Para los diputados kirchneristas, “la aplicación del 2×1 es lisa y llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas”.

También se expresó al respecto Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, quien expresó que la Corte, con su fallo, “desanda un camino de clara defensa de los DDHH en casos de delitos de lesa humanidad a nivel nacional e internacional, para comenzar a ejecutar un marcado retroceso en esta materia, tan sensible para la mayoría de los argentinos”.

Donda consideró que la aplicación del artículo 2 del Código Penal, en tanto establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, no se verifica en este caso, puesto que no sólo el encarcelamiento fue posterior a la derogación de la Ley 24.390 (que otorgaba el beneficio del 2×1), sino que además el carácter permanente de la ejecución y consumación del delito en el tiempo por el cual fuese condenado el genocida Muiña, “bajo ningún punto de vista puede ser un motivo que habilite la aplicación de una ley anterior, la cual no se encontraba ni vigente al momento del hecho, ni al momento de su detención”. Por lo tanto, opinó, “no existen razones ni válidas ni lógicas para sostener su aplicación en estos casos”.

Desde el oficialismo, donde se oyeron escasas reacciones, el radical Miguel Bazze manifestó que el fallo “es altamente cuestionable debido a que se computa la pena a alguien condenado por delitos de lesa humanidad”.

Para el diputado por Buenos Aires, “queda claro en el fallo del máximo tribunal lo que expresan los jueces que votaron en disidencia”, quienes señalan que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad”, y subrayan que “la ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada”.

“Tenemos el mayor respeto institucional por los fallos de la Corte, pero nos genera un profundo rechazo que un condenado por delitos de lesa humanidad reciba este beneficio”, dijo Bazze, quien reivindicó al radicalismo en su lucha por los Derechos Humanos.

Su correligionario Ricardo Alfonsín dijo no tener dudas de que el fallo “no es el correcto” y coincidió con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Con respecto a algunas críticas al Gobierno nacional que indican que tuvo influencia en la decisión de la Corte, Alfonsín dijo que no le consta que exista una interferencia del Poder Ejecutivo. “Pero si los hechos lo demostraran, sería gravísimo, y me encontrarán entre los primeros en denunciarlo”, aclaró.

El Frente Renovador de Sergio Massa también rechazó el 2×1 en todos los casos, y fundamentalmente en los de lesa humanidad. “Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”, denunciaron los diputados del bloque.

“El desafío de construir una democracia para todos los argentinos necesita que terminemos con la impunidad, defendiendo siempre las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvieron en el massismo.

Particularmente, un diputado de esa bancada, Facundo Moyano, presentó un proyecto de repudio al fallo supremo. “Si la Justicia beneficia genocidas ¿qué garantías puede dar el Estado a víctimas y testigos como Julio López?”, se preguntó a modo de ejemplo, y agregó que la decisión “marca un precedente muy peligroso”, porque “los beneficios y garantías no deben ser para los criminales sino para las víctimas”.

En tanto, el Movimiento Evita, bloque que comanda Leonardo Grosso, coincidió en el repudio a través de otro proyecto, presentado por Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto.

El proyecto explica que la computación doble a partir de los dos años de prisión no es compatible con los delitos de lesa humanidad y en sus argumentos describe que “la interpretación efectuada es una clara muestra de facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más atroces crímenes en la última dictadura cívico militar”.

También emitió un comunicado al respecto el bloque Justicialista, donde expresó su “posicionamiento totalmente contrario a lo dispuesto por el fallo” de la Corte, en lo que consideró que “es un grave retroceso en la política de derechos humanos”.

“Los avances de estos años fueron el resultado de un fuerte compromiso del Estado, los organismos de derechos humanos y la ciudadanía. Esta vez nos encontramos ante un indulto encubierto”, manifestaron.

Asimismo, los diputados nacionales sostuvieron que “el camino de la memoria, la verdad y la justicia, debe ser el único modo de interpretar la ley y encontrar respuestas que conduzcan al fortalecimiento de nuestra democracia”. “Produce escalofrío pensar que podrían volver a caminar entre nosotros apropiadores, secuestradores y asesinos hoy detenidos”, agregaron. Y finalizaron exigiendo que “se continúe con los juicios de la verdad y que los criminales de lesa humanidad no gocen de ningún beneficio, mucho menos aún de la libertad o la conmutación de penas”.

Para el senador Fernando “Pino” Solanas “es un fallo sorprendente que tira abajo todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos”, y sostuvo que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos. No se trata sólo de una cuestión legal sino que también es coherente con los cambios que viene llevando a cabo Macri. Ninguna de sus declaraciones han sido meras provocaciones, sino decisiones planificadas”, dijo Solanas.

Sostuvo que “los arrestos domiciliarios a represores aumentaron significativamente en relación a diciembre de 2015. Ni bien asumió Mauricio Macri los detenidos domiciliarios eran 439 y en un año y cuatro meses de gestión la cifra ascendió a 518”.

A su vez, el salteño Pablo Kosiner advirtió que “se deja un precedente aberrante que abre la puerta a que centenares de condenados por su actuación durante la última dictadura cívico-militar puedan verse ahora beneficiados”.

Para el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano, “con este fallo la corte se alinea con el gobierno de Macri que desconoce el número de desaparecidos y también con la Iglesia Católica que pugna por una reconciliación con los genocidas. No hay reconciliación posible con quienes llevaron adelante un plan sistemático de desapariciones, torturas y robos de bebes para imponer un plan económico al servicio de las multinacionales norteamericanas. Desde la izquierda seguiremos luchando junto al Encuentro Memoria, Verdad y justicia contra este fallo aberrante y por cárcel común y efectiva para todos los genocidas”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password