En el encuentro con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, el gobernador Morales sostuvo que la intención de su administración es “que conozcan toda la verdad”.
Finalmente se reunieron las autoridades jujeñas, encabezadas por el gobernador Gerardo Morales, con los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU. En la visita oficial, el Ejecutivo provincial ratificó el compromiso de Jujuy con las normas internacionales de protección de derechos humanos.
“Nuestra expectativa no es que cambien de opinión, si no que conozcan toda la verdad. Hemos cumplido con el objetivo de la visita”, aseguró Morales quien recordó que “desde 2003 el Grupo quiso asistir al país y el gobierno anterior no lo autorizó”.
“Como miembros de un sistema internacional y como formamos parte de todos los convenios relacionados a los derechos de las personas, apenas nos enteramos de la Opinión, instruí al fiscal de Estado que se arbitren los medios necesarios para difundir toda la información”, resaltó el mandatario. “Se llevan mucha documentación de la Provincia sobre todas las transformaciones que hemos realizado para la ampliación de derechos de las personas”, contó.
El Grupo de Trabajo que asesora al Consejo de DDHH de la ONU, se reunió en la Casa de Gobierno jujeña con el gobernador, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, los ministros de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi y de Seguridad, Ekel Meyer y la secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura. Los relatores especiales Elina Steinerte, de Letonia y Sètondji Adjovi, de Benin, concurrieron acompañados de los asesores e intérpretes Cynthia Abad, Yvonne Fischer; Valeria Guerra; Margarita Nechagua; Leigh Tommey y Lucie Viersma.
Tras el encuentro, Miranda expresó que “se puso en conocimiento de los expertos las medidas que se han adoptado en la Provincia a efectos de dar cumplimiento con la Opinión Nº31” de Octubre del año pasado. En ese sentido, explicó las causas en las que el gobierno provincial es querellante y los correspondientes trámites judiciales.
“Lo importante ha sido que el Grupo de Trabajo aseguró que no se trata de un Consejo de Justicia Internacional”, explicó Sarapura a su turno. La secretaria de Pueblos Indígenas agregó que “los expertos manifestaron el espíritu de cooperación de su tarea y que han venido respondiendo a la invitación de la provincia de Jujuy para recibir toda la información”.
El eje de la preocupación de los visitantes pasa obviamente por la situación de Milagro Sala, diputada del Parlasur detenida desde enero de 2016. Las autoridades jujeñas destacaron que las causas que involucran a Sala son por corrupción, y la dirigente social está detenida por “asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública”. Sostienen que la orden de detención “se libró para asegurar medidas probatorias como allanamientos o secuestros”, y que con el avance de la investigación, muchas testimoniales “confirmaron la existencia de una asociación ilícita comandada por Milagro Sala, a la vez que aseguraron haber sido víctimas del delito de extorsión”. Ante esta situación la preventiva dispuesta tuvo por objeto evitar que la detenida pueda entorpecer la investigación amenazando a los testigos para que no declaren o cambien su declaración.
La causa por la que se juzga a Milagro Sala incluye la sustracción de 29 millones de pesos del Banco Nación, los días 7 y 9 de diciembre de 2015, “destinados al mejoramiento de viviendas y asociación ilícita conformada para defraudar al Estado mediante la extorsión a los beneficiarios de los planes de construcción, para lograr la sustracción de fondos destinados a mejoramiento de viviendas”. También se la investiga por desaparición de fondos que alcanzarían a la suma de 1.300 millones de pesos a valores actuales, recibidos del Ministerio de Planificación de la Nación para 2.273 casas, que fueron pagadas completamente y no están hechas, y 2.107 que fueron empezadas y jamás terminadas.
La pregunta del millón es por qué está presa si aún no fue condenada. Explican las autoridades jujeñas que la prisión preventiva solicitada oportunamente por el fiscal de la causa fue determinada por el juez y ratificada en cuatro instancias de alzada, en el marco de la legislación y precedentes jurisprudenciales vigentes en la materia, en base a los estándares internacionales. Su detención se fundamenta en el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación judicial, y remarcan las autoridades jujeñas que en todas las instancias judiciales se confirmó y fundamentó “el peligro procesal que representa la procesada en libertad durante la investigación, ya que existe un claro potencial de que afecte a quienes puedan dar testimonios o pruebas”.
