El Senado volverá a sesionar el 31 de mayo, y ese mismo día Marcos Peña asistirá a Diputados. El límite a las excarcelaciones, la ley de protección de víctimas y la de Responsabilidad Penal Empresaria, entre los temas pendientes.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado entraron en un virtual receso en los recintos y volverán a sesionar recién a fin de mes, tras haber aprobado a una velocidad fugaz la ley para ponerle un freno al 2×1 a represores habilitado por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, continúan las negociaciones informales entre oficialismo y oposición por importantes proyectos de ley trabados.
El miércoles pasado, tras votar la ley referida a los delitos de lesa humanidad, senadores del oficialismo y la oposición acordaron volver a reunirse en sesión ordinaria el próximo miércoles 31. El temario todavía no fue acordado, pero la Cámara alta tiene pendiente el régimen de protección de víctimas de delitos, que les garantiza, entre otras cosas, patrocinio jurídico gratuito.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales recibió a enorme cantidad funcionarios, especialistas, académicos y familiares, pero se demora la firma del dictamen. El presidente del cuerpo parlamentario, Pedro Guastavino (FpV-PJ) garantiza que el proyecto original, ya aprobado en Diputados, tendrá cambios. Pero se desconoce cuáles serán esas modificaciones.
El Senado también deberá superar un nuevo embrollo en torno a la Ley de Tarjetas de Crédito. El dictamen firmado fue devuelto a la Comisión de Industria y Comercio por una impugnación de la jefa del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, quien puso en duda la legitimidad del despacho, y la reforma encuentra cada vez más obstáculos.
El corazón del proyecto consiste en reducir las comisiones que pagan los comercios por las ventas con tarjetas de crédito y débito, si bien la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades representantes de las tarjetas ya acordaron con el Gobierno una disminución gradual, a 2021.
En tanto, la Cámara de Diputados también volverá a sesionar el miércoles 31, con una nueva visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El ministro coordinador entregará el informe número 101, con respuestas a las 775 preguntas formuladas por los diputados acerca de la situación socio-laboral del país, la política previsional, la política energética y el fallo de la Corte sobre el 2×1, entre otros temas.
Entre las deudas más urgentes de la Cámara baja se encuentra el proyecto que establece un límite a las excarcelaciones, y que fue aprobado con modificaciones en el Senado. Si bien hay acuerdo para ratificar esos cambios, la iniciativa todavía no fue tratada en comisiones y se demora su sanción.
De acuerdo al texto aprobado en el Senado, los autores de delitos graves -homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo- no podrán gozar de salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional. Sí contarán con este beneficio los responsables de los delitos de homicidio simple y contrabando.
Otra iniciativa relativa a la seguridad que está pendiente de tratamiento –pero encaminada- en Diputados es la creación de un Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (RENADESE), donde se pueda brindar información pública sobre los condenados por este tipo de delitos. El proyecto obtuvo dictamen en plenario de comisiones la semana pasada y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.
También se dilata la aprobación de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, por la que milita la titular de la Oficina Anticorrrupción (OA), Laura Alonso. La propuesta del Poder Ejecutivo, que apunta a castigar a las personas jurídicas por los delitos contra la administración pública y soborno trasnacional, sufriría cambios.
Por último, diputados negocian la reforma a la Ley de Fueros, que todavía no reúne el consenso suficiente dentro del propio interbloque Cambiemos. Tal como adelantó parlamentario.com, la letra chica es objetada desde el radicalismo y el punto incómodo del debate es ahora la posibilidad de interceptar las comunicaciones del legislador investigado.
