La diputada solicitó que también se indague a Roberto Baratta, uno de los colaboradores más cercanos del exministro de Planificación. Además, requiere que la información sobre las coimas pagadas en la Argentina se remita a jueces y fiscales porque Gils Carbó “no es garantía de búsqueda de la verdad en absoluto”.
La diputada nacional Elisa Carrió pidió que se abra una investigación sobre el exministro de Planificación Federal y actual legislador, Julio De Vido, por presunto cobro de coimas por parte del Grupo Odebrecht.
La líder de la Coalición Cívica se presentó este lunes ante la Fiscalía Federal N°6, a cargo de Federico Delgado, para solicitar que se investigue si De Vido y Roberto Baratta, uno de sus colaboradores más cercanos en la cartera que conducía, recibieron sobornos a fin de favorecer con la asignación de obra pública a la constructora brasileña.
En el escrito, Carrió también le pide a la Justicia que los expedientes que remitirá la justicia brasileña a la Argentina -será el 1ro. de junio-, los cuales revelan la conexión argentina en la causa Lava Jato, sean entregados también a los jueces y fiscales que tienen causas en trámite, y no solamente a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
La aliada de Cambiemos expresa que “se tomen las medidas necesarias para garantizar que la información se remita a los jueces y fiscales a cargo de las causas en trámite y no queden solo en manos de las autoridades de la Procuración General de la Nación, en tanto, como huelga fundar, la procuradora (Alejandra) Gils Carbó no es garantía de búsqueda de la verdad en absoluto y tengo fundados temores en que intente encubrir o desviar las investigaciones abiertas respecto del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht”.
En su presentación, la diputada citó una nota periodística publicada por el diario La Nación, donde se indica que “la información que podría empezar a llegar esta semana desde Brasil incluirá un ingrediente decisivo: los intermediarios, quienes aparecerían identificados por Odebrecht como ‘lobistas’ o como ‘socios locales’ para los negocios de la empresa en el país. Y que sólo a través de ellos podrán identificarse quiénes fueron los destinatarios finales de las coimas”.
“Sugiero se requiera con urgencia a todo aquel que se sepa o pueda tener información sobre los exfuncionarios públicos señalados, como también respecto de los intermediarios que nombra la investigación periodística, y como de cualquier otro involucrado”, señaló la legisladora en el escrito.
Y agregó: “toda esa información que permanece en Brasil debería liberarse para la Argentina y otros países a partir del jueves 1° de junio, pero podría demorarse por decisión de los fiscales brasileños que lideran el caso Lava Jato. Por otro lado, no se conoce el alcance de esa información ni hasta donde podrá ser de utilidad sin contar con algún tipo de colaboración como la lograda por los fiscales brasileños o norteamericanos con Oderbrecht que, según los acuerdos a los que llegaron en Brasil, tienen la obligación de colaborar exhaustivamente con investigaciones en otros países”.
Por último, sostiene que “sin perjuicio de la convicción que tiene la suscripta de que un acuerdo con la empresa Odebrecht puede garantizar lo que la labor de la Justicia no podrá con los métodos de investigación actuales acreditar, comenzar a investigar a los funcionarios que están trascendiendo, como Julio De Vido, Roberto Baratta o Ricardo Jaime, tiene que ser el punto de inicio de la colaboración que deben requerir quienes tienen el deber constitucional de promover la actuación de la justicia”.
