El fiscal José María Campagnoli afirmó este jueves en el Congreso que su suspensión en 2013, cuando investigaba al empresario Lázaro Báez, se trató de una “persecución política” y ratificó que “no” tiene “dudas” de que el juicio político “fue a pedido de la procuradora general de la Nación”, Alejandra Gils Carbó.

Invitado a exponer a la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, el funcionario judicial recordó que todas las denuncias en su contra presentadas por la defensa de Báez habían sido “rechazadas”, y que fue en la Procuración donde “se dio lugar a sumarios administrativos en mi contra”.

Señaló que la suspensión en su cargo se realizó en “un tiempo inusual y casi récord de cuatro días”. “Quedé al margen no sólo del caso Báez, sino también de mi propia fiscalía”, expresó y remarcó que las audiencias del juicio político en su contra “se fijaron de manera tal de tratar que el caso pase desapercibido”, en época del Mundial de Fútbol 2014.

“Creo que fueron totalmente violadas las garantías del debido proceso y se produjo como si fuera un pelotón de fusilamiento”, denunció y agregó: “no fui escuchado, fui suspendido sin ser oído y todas mis garantías fueron vulneradas”.

Consultado por el senador Mario Pais (PJ-FpV) sobre quién dispuso su apartamiento, Campagnoli respondió contundente: “yo no tengo dudas de que mi suspensión fue a pedido de la procuradora de la Nación, aunque formalmente la decisión la toma el tribunal de enjuiciamiento”.

Resaltó que “en el juicio todas las patrañas que habían hecho empezaron a caer por si solas” y, en respuesta a una pregunta del diputado Héctor Recalde sobre el archivo del expediente, el fiscal sostuvo que “entiendo que no se pudieron poner de acuerdo en cómo iba a seguir el juicio”.

Además, el funcionario judicial subrayó que al momento de su suspensión también “tenía un par de casos sensibles” como el que vinculaba “a la barra de River con el hermano de quien era ministra de Seguridad en ese momento (María Cecilia Rodríguez)”.

“La fiscalía fue intervenida por un fiscal que decidió la procuradora. El personal de la fiscalía sufrió persecución ideológica”, manifestó y aseguró que “nunca” pudo “rearmar completamente la unidad de investigación que tenía”.

Sobre la adhesión partidaria de fiscales, Campagnoli consideró que “es muy negativo para una república que jueces o fiscales manifiesten públicamente o militen para un partido”, ya que deben cumplir con “garantía de imparcialidad” y “objetividad en nuestra tarea”. “Muchos de los integrantes de Justicia Legítima han manifestado que en su base están alineados con la gestión anterior”, dijo.