En el Congreso, el sindicalista del gremio de judiciales criticó la gestión de la procuradora general y cargó contra la “falta de transparencia” en los concursos de fiscales.
El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, afirmó que la procuradora general Alejandra Gils Carbó “transformó al Ministerio Público Fiscal, por mandato del gobierno anterior, en una agencia del Poder Ejecutivo nacional”.
El sindicalista se presentó ante la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, en el marco de la cuarta ronda de consultas realizada con invitados a exponer sobre la gestión de la cuestionada jefa de los fiscales.
Piumato dijo que la funcionaria judicial “distorsionó en forma absoluta el funcionamiento” del Ministerio Público y eso “es tremendo”. También señaló la “falta de transparencia” en la realización de concursos de fiscales.
Subrayó que al ser “la Procuración un órgano unipersonal”, el “éxito” de los concursos “depende del decoro, la ética y el apego a la transparencia” de quien conduzca el organismo.
En este sentido, sugirió que “en una nueva ley del Ministerio Público” se puedan “modificar los criterios de selección” a fin de “asimilarlos a una forma más transparente como existe en el Consejo de la Magistratura”.
El secretario de la UEJN acusó a Gils Carbó de nombrar “militantes” y resaltó que durante su gestión “sólo el 10 por ciento” accedió a cargos por ingreso democrático. Además, calificó como “escandaloso” las sospechosas operaciones inmobiliarias que la procuradora realizó.

Por otra parte, en la reunión de este jueves, expuso la fiscal general Cecilia Garzón, quien defendió la implementación de “fiscalías de distrito” y habló del proceso de “federalización” encabezado por el Ministerio Público bajo la gestión de Gils Carbó. También justificó sus designaciones paralelas en Santiago del Estero y Buenos Aires, y dijo que “reunía las características” para ocupar el cargo que posee dentro de la Procuraduría de Narcocriminalidad.
Completaron los testimonios Víctor Abramovich, procurador ante la Corte Suprema de Justicia y Alejandro Cantaro, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.