Se desarrolló una nueva reunión del Foro contra la adhesión a la Ley de Riesgos de Trabajo en el salón Eva Perón del Senado de la provincia de Buenos Aires.
Desde el bloque de Senadores del FPV PJ ratificaron su rechazo al proyecto de ley y respaldaron lo expresado en el documento conjunto, donde se detalla que dicha iniciativa “lo único que pretende es favorecer al capital financiero, a los bancos, las aseguradoras y las empresas de medicina prepaga”.
“Este proyecto de adhesión a la ley nacional viene a desorganizarle la vida a la gente, como en tantos otros aspectos donde los trabajadores y trabajadoras pierden cada vez derechos. Desde el Senado provincial y junto a profesionales, dirigentes sindicales y trabajadores organizados vamos a ponerle freno a esta ley y al avance de la flexiblización laboral en la provincia que propone el gobierno de Cambiemos”, señalaron desde el Bloque de Senadores del FPV PJ.
El evento contó con la presencia de representantes del arco gremial estatal y privado, de las PYMES, de colegios de abogados de la Provincia, de legisladores y legisladoras bonaerenses y de referentes políticos locales y provinciales que rechazan la iniciativa impulsada por Cambiemos para modificar el régimen de atención de la salud laboral en la Provincia.
El documento final aprobado por el Foro asegura que “la adhesión a la ley Nacional 27.348 de Riesgos de Trabajo es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección integral de los derechos humanos”.
Advierte además que la adhesión a la LRT termina perjudicando a las “PYMEs que pagan un seguro que no cubre la totalidad de los daños y que en definitiva deben ser afrontados por las pequeñas y medianas empresas”. Además, ratificaron que “la adhesión a la Ley nacional 27.348 de Riesgos de Trabajo es jurídicamente inviable e inconstitucional”.
Los participantes del Foro recordaron que las ART fueron creadas con la supuesta finalidad de atender las necesidades de los trabajadores ante enfermedades y accidentes laborales, pero son sociedades anónimas cuyo fin es el lucro y no el cuidado de la salud de los trabajadores. “Si controlan pierden clientes, si dan prestaciones médicas o dinerarias suficientes, disminuyen sus ganancias. El resultado es que ni controlan, ni curan ni indemnizan”, destaca el documento conjunto.
Asimismo, señalaron que el sistema previsto por la ley de Riesgos de Trabajo “prevé la existencia de 16 comisiones médicas en la provincia de Buenos Aires que deberán suplir la tarea de 69 tribunales de Trabajo. Eso determina que resulta de cumplimiento imposible la anunciada la anunciada duración de 60 días del trámite ante dichas comisiones”.
