“Hay que terminar con el uso de los fueros como blindaje penal que hoy tiene Argentina. Los fueros son una herramienta que fue pensada para garantizar la libertad de expresión y evitar la persecución política” expresó la diputada nacional por UCR-Evolución Carla Carrizo respecto a las intenciones de quitar los fueros del exministro Julio De Vido por las denuncias de desvíos de fondos en Río Turbio.

“Usarlos como escudo para la impunidad en casos de comisión de delitos es un contrasentido y desvirtúa absolutamente la naturaleza de los fueros. El ex ministro De Vido no debe esconderse en los fueros y debe ponerse a disposición de la justicia como corresponde. El Congreso no nació para amparar casos de corrupción”, continuó la diputada.

Además, aseguró que “poco favor” la hacemos a la democracia y al Congreso “si lo usamos para proteger a exfuncionarios en causas de corrupción u otros delitos”.

Por otro lado, Carrizo adelanto que tienen un proyecto presentado para que la ley de fueros deje de incluir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a magistrados, “dado que los únicos que gozan de inmunidades -de opinión, de arresto y de proceso- son los legisladores, es decir, senador/as y diputado/as de la Nación, conforme los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional”.

“Hoy los jueces federales, ministros del Ejecutivo e integrantes del Consejo de la Magistratura tienen fueros, lo que constituye un privilegio insólito que una ley del año 2000 otorgó al Poder Judicial y a los integrantes del Ejecutivo en el momento en que Carrió era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ese debate que dio origen a la Ley de fueros vigentes, lamentablemente derivó y creó un régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados. Buscamos modificar ese régimen para que la función pública no dé inmunidad para la comisión de delitos”.

La diputada sostuvo que quieren modificar la ley 25.320 vigente “también en lo que refiere a exigir la autorización de la Cámara para ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o para interceptar su correspondencia o comunicaciones telefónicas”, y expresó que el Congreso “debe avanzar en un debate en serio sobre los fueros y privilegios que tiene en Argentina toda la dirigencia política y no sólo sobre los allanamientos a los legisladores”.

“Es curioso que en estos 17 años desde que se sancionó la ley de fueros en el año 2000 haya un consenso sobre este artículo en toda la clase política y que ningún juez federal o fiscal haya solicitado la inconstitucionalidad de este exceso que los favorece, porque con esta ley ningún juez que sea condenado por delitos de corrupción u otros podrá ser detenido sin que se los destituya primero con un juicio político”, concluyó Carrizo.