Con un debate picante de más de cinco horas, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, que crea un régimen para condenar a las empresas que hayan cometido cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal.

La norma fue fuertemente reclamada por el Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción encabezada por Laura Alonso, quien estuvo presente en el recinto. El proyecto había sido aprobado la semana pasada en la votación en general, pero se empantanó en la discusión en particular.

Reanudado este miércoles el cuarto intermedio, se votaron uno por uno los artículos, y el único que resultó rechazado fue el número 37, referido a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz con retroactividad. Esa votación registró finalmente 87 votos afirmativos contra 131 negativos, y despertó la más encendida discusión entre la oposición y el interbloque Cambiemos, conducido por primera vez por el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot -en ausencia del radical Mario Negri-, en una sesión marcada por los escalonados cuartos intermedios.

En el arranque del debate punto por punto, el Frente Renovador y el bloque Justicialista presentaron distintas redacciones para el artículo 1, pero tanto Cambiemos como el Frente para la Victoria respaldaron la propuesta del massismo, que se aprobó con 183 votos afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones -del justicialismo-.

A partir de la modificación, en el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas se contemplarán todos los delitos del Código Penal. Anteriormente, en la redacción solo se incluía cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración.

La massista Mónica Litza argumentó que “esto no es un capricho”, sino que “nos da una oportunidad de hacer un tratamiento que vaya a fondo”. “Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden dar por fuera de los delitos contemplados, y hay otros delitos que nunca van a llegar a ser aplicados a las personas jurídicas, pero no está mal que estén previstos igualmente”, explicó, y consideró que así “no dejamos ningún cabo suelto; y para que no haya un régimen diferente para las personas jurídicas que para las personas humanas”.

Con el rechazo del FpV-PJ se votó el artículo 5, referido a la extinción de la pena. La votación nominal resultó 135 votos positivos contra 75 negativos y ninguna abstención. El kirchnerista Rodolfo Tailhade señaló que “este es uno de los artículos Odebrecht” que “en lugar de definir cuáles son las responsabilidades penales, lo estamos llevando al plano de cuáles son los incentivos para la delación”. En tanto, el Frente Renovador garantizó su apoyo a cambio de suprimir dos párrafos del artículo 20, sobre el acuerdo de colaboración eficaz.

Otro de los puntos controvertidos fue el establecimiento de sanciones. El dictamen indicaba en el artículo 8 que las multas a las empresas irían del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales “que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”. Sin embargo, Cambiemos subió el porcentaje mínimo a 1%, pero bajó el máximo al 10%. “Se está atenuando el monto de la pena. Yo iba a proponer que se llevara al 50%”, fustigó Carlos Heller (Solidario SI).

Por otra parte, la miembro informante, Gabriela Burgos (UCR), detalló que en dicho artículo se incorporó que si el beneficio del ilícito se pudiera cuantificar, “la multa no podrá ser inferior al triple” de ese monto. Sobre este punto, Litza aseguró que se trata de “un cambio paradigmático”. Finalmente fue aprobado con 137 votos afirmativos y 74 negativos.

Por amplia mayoría -203 votos positivos, 10 negativos y 2 abstenciones- se aprobó el artículo 20, que establece que “el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual ésta se obligue a cooperar, a través de la revelación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”. Del texto anterior se suprimió que se provea la información “a cambio de la suspensión de la persecución”, y en cambio se incorporó este punto como un inciso del artículo 22.

Además, en el artículo 31 se introdujo la creación de un Registro Nacional de Personas Jurídicas sancionadas, que deberá ser de carácter abierto.