Por José Angel Di Mauro

No cayó para nada bien en el Instituto Patria -búnker de campaña del cristinismo- el pedido de detención de Julio De Vido con el que arrancó la semana. No porque teman que el actual diputado nacional pueda ir preso, sino porque volvió a agitar el tema de la corrupción, cosa que Cristina Kirchner quiere en un segundo plano para una campaña que pretende centrar en la cuestión económica.

Ya había tenido un mal trago inmediatamente después del cierre de listas, cuando la cabeza de su nómina para Diputados, Fernanda Vallejos, se desbocó con una enfática defensa de Amado Boudou, saliéndose del libreto que como economista le asignaba un rol central en una campaña que CFK quiere que esté dedicada a recordar “todo lo que los sectores populares perdieron con el gobierno de Macri”.

La situación judicial de Julio De Vido puso en aprietos al kirchnerismo, y dio inicio a una intensa polémica en torno a la posibilidad concreta de sacarle los fueros al exministro para proceder a su detención. El voluntarismo hizo crecer las expectativas más allá de las posibilidades concretas de que realmente existiera la necesidad del desafuero. Es que mientras se contaban los votos necesarios para darle un golpe definitivo al exministro, quedaba en un segundo plano la parte fundamental: si el juez Luis Rodríguez iba a dar o no curso al pedido del fiscal Carlos Stornelli.

El magistrado se tomó unos días para expresarse y algunos especularon incluso con la posibilidad de llegar a la feria judicial sin una resolución, cuestión de alargar el misterio. Voz autorizada en la materia, Elisa Carrió bendijo al juez cuando ante la consulta de si creía posible que fuera a darle cabida al pedido del fiscal, respondió afirmativamente. Pero al día siguiente las expectativas comenzaron a desinflarse al conocerse que Rodríguez había concedido la eximición de prisión de tres de los 23 imputados. Y más cuando se supo que su mayor preocupación pasaba por la filtración del expediente hacia la prensa, por la cual señalaba al propio Stornelli.

En los días en que el oficialismo se entusiasmó con el eventual pedido de detención de De Vido, las cuentas le cerraban. Es que si bien Cambiemos no llega a 90 diputados por sí solo, la suma del resto de las bancadas que no tendrían más salida que sumarse al pedido de desafuero llegaba con cierta facilidad a los dos tercios necesarios. Porque no necesariamente hacen falta 172, el número clave en una Cámara completa, pues lo que vale son los dos tercios de los presentes. En ese caso sirve el antecedente que involucra al propio De Vido, cuando hace un año se autorizó tardíamente el allanamiento de su domicilio, con 137 votos a favor, 49 en contra y una abstención -la del exministro de Planificación-. Esa vez se superaron los dos tercios y el bloque kirchnerista no estuvo completo en el recinto. Muchas veces se vota con la ausencia.

Pero tantas prevenciones devenían en abstracto si el magistrado resolvía, como hizo, rechazar el pedido de desafuero, cosa que más allá de cualquier juicio de valor era perfectamente probable. Fue cuando se inició otra carrera para sacar partido del tema en un contexto electoral como el actual. Ya lo estaba haciendo Sergio Massa cuando de campaña en Tandil anticipó su voto a favor del desafuero de De Vido, e insólitamente le tiró la pelota al gobierno alertando que el presidente de la Cámara no había puesto “en tratamiento” el desafuero. “Pareciera que hacen como el tero -dijo-, que pone el grito en un lado y el huevo en otro”. En realidad no había nada que Emilio Monzó pudiera poner en tratamiento, en tanto y en cuanto el juez no pidiera el desafuero.

El massismo dio un paso más al día siguiente, cuando en una elaborada puesta en escena presentó a todos los diputados de 1País que, encabezados por Massa y Margarita Stolbizer, firmaron una renuncia masiva a los fueros. Anoticiado del anuncio que se aprestaban a hacer, el jefe del bloque PRO de la Cámara baja, Nicolás Massot, les quiso ganar de mano y una hora antes proclamó por radio que pediría a la Cámara baja que le retiraran su inmunidad. Uno y otros actuaron para la tribuna, pues formalmente no es necesario renunciar a los fueros: basta con no hacer uso de los mismos llegado el momento.

Un abogado constitucionalista lo explicó con simpleza: es como firmar un documento diciendo que uno renuncia a vender su casa: no tiene sentido… Y llegado el momento, supongamos que alguno de los que suscribió esa declaración en el Colegio de Abogados de CABA termina vulnerándola, ¿cuál sería la sanción? Ninguna. El Cuerpo debería ocuparse de desaforarlo, con los mentados dos tercios.

Todo esto sucedió en el seno de una Cámara de Diputados que tuvo un fuerte protagonismo durante la semana por la continuidad del tratamiento del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, con el que el gobierno buscaba lograr avances en la investigación de los involucrados locales en los sobornos de Odebrecht. Dicho esto en pasado, pues la eliminación del artículo 37° -que durante el debate la oposición denominó precisamente con el nombre de la firma brasileña- hace que ese objetivo se torne difuso. El oficialismo sabía que la oposición era inflexible en ese tema y llegó al recinto sabiendo que no tenía el número para aprobarlo. El mandato desde la Rosada fue, de todos modos, dar la pelea por ese artículo. En tiempos electorales, una derrota segura valía si volvía a exponer juntos al kirchnerismo con el massismo.

Con todo, en ese prolongado debate en particular de la ley el massismo logró imponer un artículo que no estaba en los planes y terminó siendo votado por amplia mayoría: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para las personas físicas, elevando además el mínimo de la pena establecida para esos ilícitos. Algunos de los propios oficialistas que votaron la norma admitían en privado sus reparos hacia un artículo que equipara esos delitos con los de lesa humanidad, brinda a los jueces la posibilidad de congelar las causas “in eternum” y tiene sobrados visos de inconstitucionalidad. “Estoy horrorizado de haber votado eso”, confesó a este medio un importante legislador oficialista, que curiosamente se mostró confiado en que “eso no pasará en el Senado”.

Pero mientras la oposición hace campaña con todo lo que tiene a mano -sobre todo un massismo que busca instalar la idea de que no existe la polarización que anticipan las encuestas-, el oficialismo sigue regulando, recargando toda la responsabilidad en territorio bonaerense en María Eugenia Vidal. Jugada riesgosa, teniendo en cuenta que sus candidatos son poco conocidos y la imagen de la gobernadora no estará en las boletas. Confiesan algunas fuentes de Cambiemos cierta inquietud por el nivel de competitividad que conserva la expresidenta, y a eso habría que atribuir que Mauricio Macri haya bajado a su tropa, durante la reunión de Gabinete ampliado celebrada en el CCK la última semana, la consigna de evitar confrontar con el kirchnerismo. “No salir a contestar ataques” y evitar con ello “subir a CFK en las encuestas”.

El gobierno está armando una “campaña corta”, en la que estarían tomando el resultado de las PASO como una primera etapa de la carrera larga que concluye en octubre. Están convencidos de que si existe un resultado apretado en agosto, estirarán cifras en octubre, a expensas de 1País. Por eso resolvieron también no exagerar la confrontación con el massismo, habida cuenta de que en esos votos está la diferencia que necesitan para ganar, dicen. Porque el peronismo podrá estar dividido en tres, pero ahora le queda claro a Cambiemos que 1País no comparte electorado con el cristinismo. Por eso les preocupa la posibilidad de que prospere un escenario dividido en tercios, con un Sergio Massa tratando de instalar que “es el único que puede vencer a Cristina”. “Esa táctica ya la usó en las presidenciales con Scioli, y no le alcanzó”, deslizó confiado un dirigente macrista.

Mientras tanto Cristina Kirchner dosifica sus apariciones tratando de instalar una imagen de moderación que le permita ahuyentar temores. En su versión “hada buena”, la expresidenta se reunió con los sindicalistas y organizaciones sociales que preparaban “una gran protesta” para el 7 de agosto, seis días antes de las PASO. Una movilización que en el gobierno miraban con inocultable entusiasmo, y a la que con una dosis de cordura Cristina ordenó desactivar.