El senador había cuestionado ante la justicia el proceso evaluatorio del impacto ambiental de las represas santacruceñas, y la cartera que encabeza Juan José Aranguren aclaró que la denuncia “tergiversa la realidad y crea una falsa imagen de irregularidad”.
Con relación a recientes publicaciones periodísticas sobre una denuncia del senador Fernando Solanas y Enrique Viale referida al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz” (de la cual no hemos recibido todavía traslado), y a manifestaciones públicas realizadas por el propio Solanas a ese respecto, el Ministerio de Energía y Minería formuló una serie de aclaraciones.
En ese sentido precisó que el estudio de impacto ambiental realizado y la aprobación de la factibilidad de las obras se realizó en el marco de la Ley 23.879, lo cual implicó “un proceso que cumplió rigurosamente con las condiciones previstas en la ley y altos estándares científicos y técnicos”.
El estudio fue llevado adelante por el Estado Nacional a través de una entidad propia (EBISA), especializada en el estudio y desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica, que para este propósito reunió a expertos de reconocida idoneidad y experiencia, señaló la cartera que conduce Juan José Aranguren, que por otra parte advirtió que las afirmaciones que surgen de la información periodística sobre la denuncia, que señalan que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minería elaboraron el estudio y ellos mismos lo aprobaron, “tergiversa la realidad y crea una falsa imagen de irregularidad”.
En ese sentido precisaron que “nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. La propia Ley 23.879 exige en su artículo 3° la intervención en el proceso de ‘los funcionarios que participaron en la elaboración de los estudios’”.
“Eso no significa que el Estado ‘apruebe’ su propio estudio, como erróneamente señalaría la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia”, puntualizó la cartera de Energía. Asimismo agregó que “eso no significa que el Estado apruebe su propio estudio. El estudio brinda elementos de juicio para que la autoridad competente adopte la decisión que le compete, en este caso, la factibilidad de la obra”.
En este sentido, una vez recibido y analizado el estudio realizado por EBISA, la aprobación de la factibilidad de las obras no fue dictada por EBISA ni por los funcionarios que la integran, sino por las autoridades superiores del Minisetrio de Energía y Minería y de otros tres órganos estatales, que no están vinculados a EBISA ni fueron parte de la elaboración del estudio: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y la Secretaría de Estado de Ambiente del Ministerio de Salud y Ambiente, ambos de la provincia de Santa Cruz, agrega el informe.
En cuanto a las supuestas incompatibilidades personales atribuidas en la denuncia al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, el ministerio informó en primer lugar que “no existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Las tareas profesionales que realizó el Ing. Marcolini, como empleado de la firma IATASA, referidas a los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (como proyectista junior aunque en proyectos que diferían completamente de los actuales), fueron realizadas entre los años 1976 y 1978, por lo que el plazo transcurrido es muy superior a los 3 años previstos en las normas sobre incompatibilidades de la Ley 25.188”.
La firma IATASA no tiene actualmente ninguna vinculación con el proyecto, se aclaró, como también que “el ingeniero Marcolini dejó de prestar servicios para IATASA antes de su ingreso a la función pública”.
Sin perjuicio de eso, Energía informó que “Marcolini no intervino en la elaboración del estudio ambiental ni en el trámite de aprobación de la factibilidad de las obras en cuestión”.
“En síntesis, tanto el proceso de evaluación ambiental, desarrollado en el marco de la Ley 23.879, como la actuación personal del subsecretario de Energía Hidroeléctrica cumplen con las normas y procedimientos establecidos en las leyes aplicables”, aclaró el Ministerio de Energía de la Nación.
En un informe al que accedió parlamentario.com, se indica que “cada uno de los pasos dados en este proceso por el Ministerio de Energía y Minería fue dado a conocer públicamente mediante su página de internet, cumpliendo con el principio de publicidad y transparencia que rige el ejercicio de la función pública”.
Asimismo se informa que el próximo paso en este proceso es la audiencia pública ante el Congreso de la Nación, que ya ha sido convocada para el próximo día 20 de julio de 2017. “Dicho acto no es ‘una ficción’, como habría señalado el senador denunciante”, se agrega, sino que es “la oportunidad prevista en la ley para que puedan expresarse y escucharse todas las opiniones con relación al impacto ambiental de estos proyectos, a través de un debate objetivo y serio que, esperamos, deje de lado especulaciones y argumentos altisonantes basados en falsas imputaciones personales”.
