Cambiemos se alzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales con el dictamen de mayoría para expulsar de la Cámara de Diputados a Julio De Vido. El texto, que lleva 17 firmas, propone “excluir” al exministro de Planificación por “indignidad” de acuerdo “con lo dispuesto en el artículo 66” de la Constitución Nacional.

A pesar del acuerdo al que habían llegado la semana pasada con el oficialismo, el massismo -junto al GEN de Margarita Stolbizer- presentó un dictamen propio en el que además del apartamiento de De Vido propone la aceptación de la “renuncia” de los fueros que realizaron los legisladores de su espacio. De modo tal que quienes acompañaron al oficialismo fueron los salteños Pablo Kosiner y Javier David, del bloque Justicialista, y el bonaerense Franco Caviglia.

Además, el Frente para la Victoria-PJ y el Movimiento Evita, a través del diputado Remo Carlotto, presentaron sendas iniciativas en rechazo de la expulsión, que será debatida este miércoles en el recinto desde las 11.

Cuando el presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli, propuso pasar a la firma del dictamen sin debate, argumentando que la semana pasada se trató el tema y que Julio De Vido no había venido para poder escucharlo, el diputado Julio Raffo pidió la palabra.

El aliado del Frente Renovador, que no forma parte de la comisión, dijo que en el recinto acompañará a su bloque “en el acierto o en el error”, pero señaló que “hasta último momento” tratará de “convencer a mi bloque de que por el artículo 66 vamos mal”. “Es imposible que no siente precedente, y es un precedente tremendo”, advirtió Raffo.

Por su parte, la massista Mónica Litza aseguró que el procedimiento contra De Vido “de ninguna manera es de carácter penal”. “Estamos tratando de establecer si hay mérito para tomar una decisión política que es la que establece el artículo 66”, expresó y consideró que “no se puede soslayar la situación procesal del diputado porque daña de alguna manera la honorabilidad de la Cámara” y “provoca un escándalo en el pueblo”.

Además, Litza subrayó que “solamente teniendo en cuenta la suma de los cinco procesamientos” que pesan sobre el exministro, “la pena de expectativa va de 3 a 45 años”, y “cualquier ciudadano” ya “estaría sufriendo una prisión preventiva”. “Es cierto que no hay un pedido de prisión preventiva”, expresó y aclaró si triunfará la exclusión eso no garantiza que “va a ir detenido”, pero consideró que en la Justicia “no se ha avanzado por esa muralla protectora que ejercen los fueros”.

La secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvia Lospennato, defendió enfáticamente la facultad de los diputados nacionales para excluir del cuerpo a un legislador como Julio De Vido. “Tenemos que dejar muy claro en esta comisión que esta es una facultad constitucional válida”, remarcó, al salir al cruce de lo que definió como “comentarios desinformados” que consideran la medida impulsada contra el exministro como “inconstitucional”.

Al igual que la semana pasada, el Frente de Izquierda concurrió a la comisión para justificar su posición en contra de la expulsión. “Nuestra postura es que a De Vido hay que sacarle los fueros, queno son para encubrir los actos de corrupción”, expresó Juan Carlos Giordano. Agregó que su postura “nada tiene que ver con la del Frente para la Victoria” pero alertó por el “uso electoral” del tema.

Recordó además el caso de Aníbal Ibarra, el exjefe de Gobierno porteño que fue destituido luego de la tragedia de Cromañón, que “nunca fue preso” y “tuvo protección política”. Por su parte, Pablo López apuntó contra el massismo y el justicialismo. “¿(Sergio) Massa no sabía nada lo que hacía Julio De Vido cuando él era jefe de Gabinete. Diego Bossio no sabía nada. Ellos son quienes van a determinar quiénes son los éticos y los morales?”, se preguntó y afirmó que la izquierda no acompañará “la maniobra del Gobierno”. En tanto, Soledad Sosa dijo que esta exclusión “no” es solo para ir en contra del kirchnerismo sino “es más profundo. Es un ataque a las libertades democráticas y a la libertad de expresión”.

Desde la otra vereda, la radical Karina Banfi se dirigió a la izquierda y confirmó que el oficialismo no aceptará habilitar las abstenciones cuando se vote el dictamen en la sesión. “El voto es por sí o por no; no queremos imponer algo que no existe, queremos usar el reglamento”, resaltó y dijo que “lo que queremos es que no haya cómplices de la impunidad”.

En apoyo a la exclusión, Juan Brügge (UNA) enfatizó que “no estamos tomando ninguna media antidemocrática, reaccionaria ni inconstitucional”. El diputado sostuvo que hay legisladores que “mezclan diferentes conceptos” pero a la Constitución Nacional hay que “interpretarla” desde “la Constitución”. “La Cámara está ejerciendo sus potestades constitucionales”, dijo y aseguró que en el caso de De Vido “estamos frente a una incompatibilidad moral” ya que las causas judiciales en la que está involucrado afectan “los intereses del Estado de la Nación”.

En su alocución, Carla Pitiot recurrió a distintos informes realizados por la Auditoría General de la Nación para exponer las irregularidades cometidas por De Vido durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación Federal. “La AGN advirtió y sistemáticamente notificó acerca del desvió de fondos y de irregularidades, que nunca oyó el Ministerio”, señaló. Remarcó que hubo “tres informes importantísimos respecto a la tragedia de Once” y que el organismo “ya en el 2003 decía que el mantenimiento de las vías no daba más”. “El Estado nacional compró chatarras, las compró con sobreprecios”, apuntó.

El macrista Daniel Lipovetzky explicó que el artículo 66 “es muy antiguo, viene desde 1853” y “fue mantenido por distintos constituyentes”. Leyó artículos que figuraban en la Constitución de 1819 y la de 1826, donde “ya se daba la posibilidad de expeler a uno de sus miembros”. “No hay ninguna duda de que estamos facultados de hacer el procedimiento que estamos realizando”, agregó. Asimismo, aseguró: “Estamos hablando de un caso excepcionalísimo. No todos somos iguales. Incluso entre los exministros del gobierno anterior, no todos terminaron así”. “Ningún miembro del bloque del FpV tiene la cantidad de causas que tiene De Vido, ninguno ni por cerca”, añadió.

A continuación, Eduardo Amadeo (Pro) resaltó el “valor simbólico muy profundo” de la medida impulsada contra De Vido, y advirtió que “lo que cada uno haga en esta ocasión marcará muy fuertemente su relación con la gente”. Y puntualmente le habló a la izquierda, que plantea abstenerse, recordándoles que en el año 1976, el Partido Comunista argentino apoyó el golpe, lo que representó “un freno brutal para la lucha por los derechos humanos”, y finalmente eso les trajo a colación “la desaparición del Partido Comunista”.

A pesar del acuerdo que habían alcanzado la semana pasada con Cambiemos, la jefe de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño, informó que su espacio presentaría un dictamen propio que además de la exclusión de De Vido, propone en segundo lugar que se acepte la “renuncia” a los fueros de los legisladores de 1País.

Firmante de un dictamen de rechazo distinto al del FpV-PJ, el legislador Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria), alertó: “Estamos sentando un precedente que debe ser motivo de preocupación: desde la aplicación de la discrecionalidad sin fundamento y sin elementos”. Argumentó que el Movimiento Evita no estaba defendiendo “la situación personal de De Vido, sino lo que debemos hacer en función de garantizar las expresiones democráticas en este Parlamento”.

El camporista Marcos Cleri aseguró que “nosotros defendemos la Constitución Nacional, no al diputado De Vido”, y tras pedir “comprenderla de manera íntegra”, dedicó un largo espacio de su alocución a leer diversos artículos, al tiempo de hacer durísimas imputaciones contra el actual Gobierno, cuya gestión caracterizó como un “año y medio de indignidad”, y aseguró que durante ese lapso no se aprobó “ni una ley para el progreso”.

Tras sus palabras, la radical Brenda Austin le retrucó: “Nos hubiesen ahorrado mucho si hubiesen leído la Constitución Nacional cuando fueron gobierno”. Mientras que Pedro Pretto (Pro) manifestó que el exministro “no es digno de pertenecer a esta Cámara” porque “no hay antecedentes en la historia argentina de un diputado que tenga más de 100 denuncias, 26 imputaciones y cinco procesamientos”.

La diputada Diana Conti fue quien advirtió por la “violación” de tratados internacionales en el procedimiento contra De Vido, y sostuvo que podría “acarrear responsabilidades” para Argentina.

El presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, cerró el debate hablando de “una confusión que inclusive tienen algunos constitucionalistas, entre el 64 y el 66; uno es la admisión y otro (es cuando el diputado) ya está admitido. En el primero vale simple mayoría para ver si puede ingresar o no; el artículo 66 habla de una mayoría agravada distinta a la mayoría simple”.

Respecto del pedido de principio de inocencia, Negri advirtió que “si empezamos a hacer un análisis tan restrictivo, podríamos caer en un tema muy controvertido, por el cual un violador serial podría seguir siendo diputado hasta que no tenga sentencia definitiva, o alguien con 20 procesamientos… pero alguien que se pusiera a orinar en medio del recinto sería expulsado en 10 minutos”.

Al terminar lamentó que muchos diputados hayan anticipado que tendrán que ir a defender a De Vido “porque le dio mucha plata a mi provincia, o porque hizo muchas obras en mi provincia. ¿Qué tienen que ver melones con sandías?”.