La Comisión de Asuntos Constitucionales debate la expulsión del diputado Julio De Vido (FpV-PJ). El cuerpo, presidido por el macrista Pablo Tonelli, retoma el cuarto intermedio de la semana pasada, donde tras un debate de cinco horas se acordó firmar el despacho este martes. También fue invitado el exministro de Planificación para ejercer su defensa personalmente, pero no concurrió.

Cuando el presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli, propuso pasar a la firma del dictamen sin debate, argumentando que la semana pasada se trató el tema y que Julio De Vido no había venido para poder escucharlo, el diputado Julio Raffo pidió la palabra.

El aliado del Frente Renovador, que no forma parte de la comisión, dijo que en el recinto acompañará a su bloque “en el acierto o en el error”, pero señaló que “hasta último momento” tratará de “convencer a mi bloque de que por el artículo 66 vamos mal”. “Es imposible que no siente precedente, y es un precedente tremendo”, advirtió Raffo.

Por su parte, la massista Mónica Litza aseguró que el procedimiento contra De Vido “de ninguna manera es de carácter penal”. “Estamos tratando de establecer si hay mérito para tomar una decisión política que es la que establece el artículo 66”, expresó y consideró que “no se puede soslayar la situación procesal del diputado porque daña de alguna manera la honorabilidad de la Cámara” y “provoca un escándalo en el pueblo”.

Además, Litza subrayó que “solamente teniendo en cuenta la suma de los cinco procesamientos” que pesan sobre el exministro, “la pena de expectativa va de 3 a 45 años”, y “cualquier ciudadano” ya “estaría sufriendo una prisión preventiva”. “Es cierto que no hay un pedido de prisión preventiva”, expresó y aclaró si triunfará la exclusión eso no garantiza que “va a ir detenido”, pero consideró que en la Justicia “no se ha avanzado por esa muralla protectora que ejercen los fueros”.

La secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvia Lospennato, defendió enfáticamente la facultad de los diputados nacionales para excluir del cuerpo a un legislador como Julio De Vido. “Tenemos que dejar muy claro en esta comisión que esta es una facultad constitucional válida”, remarcó, al salir al cruce de lo que definió como “comentarios desinformados” que consideran la medida impulsada contra el exministro como “inconstitucional”.

Al igual que la semana pasada, el Frente de Izquierda concurrió a la comisión para justificar su posición en contra de la expulsión. “Nuestra postura es que a De Vido hay que sacarle los fueros, queno son para encubrir los actos de corrupción”, expresó Juan Carlos Giordano. Agregó que su postura “nada tiene que ver con la del Frente para la Victoria” pero alertó por el “uso electoral” del tema.

Recordó además el caso de Aníbal Ibarra, el exjefe de Gobierno porteño que fue destituido luego de la tragedia de Cromañón, que “nunca fue preso” y “tuvo protección política”. Por su parte, Pablo López apuntó contra el massismo y el justicialismo. “¿(Sergio) Massa no sabía nada lo que hacía Julio De Vido cuando él era jefe de Gabinete. Diego Bossio no sabía nada. Ellos son quienes van a determinar quiénes son los éticos y los morales?”, se preguntó y afirmó que la izquierda no acompañará “la maniobra del Gobierno”. En tanto, Soledad Sosa dijo que esta exclusión “no” es solo para ir en contra del kirchnerismo sino “es más profundo. Es un ataque a las libertades democráticas y a la libertad de expresión”.

Desde la otra vereda, la radical Karina Banfi se dirigió a la izquierda y confirmó que el oficialismo no aceptará habilitar las abstenciones cuando se vote el dictamen en la sesión. “El voto es por sí o por no; no queremos imponer algo que no existe, queremos usar el reglamento”, resaltó y dijo que “lo que queremos es que no haya cómplices de la impunidad”.

En apoyo a la exclusión, Juan Brügge (UNA) enfatizó que “no estamos tomando ninguna media antidemocrática, reaccionaria ni inconstitucional”. El diputado sostuvo que hay legisladores que “mezclan diferentes conceptos” pero a la Constitución Nacional hay que “interpretarla” desde “la Constitución”. “La Cámara está ejerciendo sus potestades constitucionales”, dijo y aseguró que en el caso de De Vido “estamos frente a una incompatibilidad moral” ya que las causas judiciales en la que está involucrado afectan “los intereses del Estado de la Nación”.

En su alocución, Carla Pitiot recurrió a distintos informes realizados por la Auditoría General de la Nación para exponer las irregularidades cometidas por De Vido durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación Federal. “La AGN advirtió y sistemáticamente notificó acerca del desvió de fondos y de irregularidades, que nunca oyó el Ministerio”, señaló. Remarcó que hubo “tres informes importantísimos respecto a la tragedia de Once” y que el organismo “ya en el 2003 decía que el mantenimiento de las vías no daba más”. “El Estado nacional compró chatarras, las compró con sobreprecios”, apuntó.